Montero abordará la financiación autonómica coincidiendo con la negociación de los PGE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, iniciará los trabajos en noviembre sobre la reforma de financiación autonómica para tranquilizar a los barones

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. EFE/J.J. Guillén

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. EFE/J.J. Guillén

El Gobierno tratará de tranquilizar a los barones autonómicos y a los grupos parlamentarios respecto al retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica con la promesa de ir avanzando en los trabajos iniciales desde noviembre, como guiño también de cara a los Presupuestos de 2022, en plena negociación de los mismos.

Esta es la intención que se ha marcado el Ejecutivo, según señalan a Economía Digital fuentes gubernamentales, y por ello la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, acudirá este miércoles al Pleno del Congreso de los Diputados a comparecer para explicar el retraso de la reforma del modelo de financiación autonómica.

La ministra explicará los recursos que ya se han transferido a las CCAA en una situación de pandemia y la posición del Gobierno respecto a la reforma del sistema de financiación, según señalan desde el Ministerio de Hacienda, en donde se mantiene el objetivo de lograr “avances” este año y tratar de consensuar y tratar de cerrar o avanzar en su mayor parte en la reforma a lo largo de la legislatura.

Negociaciones presupuestarias

Además, fuentes de las dos facciones del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) confirman a este medio que la comparecencia de Montero se interpreta como un mensaje para calmar a los barones autonómicos, que presionan y exigen abordar ya la reforma con distintos criterios, como desde Castilla-La Mancha, Andalucía o especialmente la Comunidad Valenciana, y también como ‘guiño’ a las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

Y es que la financiación autonómica puede ser uno de los puntos que logre mantener o incluso recabar el apoyo de algunos de los grupos del Congreso a las nuevas cuentas públicas, como es el caso de Compromís.

Fuentes gubernamentales señalan a Economía Digital que PSOE y Unidas Podemos trabajan ya en el “toma y daca” de los números de los Presupuestos, habiendo puesto la formación ‘morada’ como líneas rojas las medida de la luz ya anunciadas, la prolongación del escudo social, la limitación de los precios del alquiler en la nueva Ley de Vivienda o la reforma fiscal, con la fijación de un tipo mínimo de al menos el 15% en Sociedades.

Precisamente el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, comienza este martes las reuniones que tenía previstas con los diferentes grupos parlamentarios. Los encuentros se producirán en orden de mayor a menor representatividad en la Cámara Baja, por lo que el primer encuentro es será con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra.

Avance en noviembre: criterio de población ajustada

Por ahora el Gobierno está dando los primeros pasos de cara a la futura reforma del modelo de financiación autonómica al haber iniciado ya los trabajos técnicos para cuantificar la infrafinanciación sufrida por algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, de cara a la reforma del modelo que se avanzará desde noviembre abordando el criterio de población ajustada.

No obstante, las mismas fuentes precisan que se trata de trabajos técnicos pero no se ha constituido un grupo técnico ‘ad hoc’, por lo que aún no se ha dado inicio formalmente a la reforma del sistema. 

Montero ya avanzó y así se lo trasladará a los grupos su intención de presentar en noviembre las conclusiones sobre la primera variable sobre la que pivota el modelo, en referencia a la distribución en base a la población, para ponderar el peso de la dispersión, la insularidad, los cohortes de edad (mayores de 45 años y población infantil), los mayores y los jóvenes en la presión de los servicios públicos, así como en el medio rural abandonado.

Calviño alejó la reforma y Díaz la reivindicó

En los últimos días tanto la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han acudido de viaje a la Comunidad Valenciana y se han reunido con su presidente, Ximo Puig, uno de los barones autonómicos que más presionan con la reforma, si bien sus pronunciamientos han sido distintos.

Calviño alejó las expectativas al limitarse a indicar que la reforma de financiación autonómica es uno de los asuntos pendientes en la agenda y se abordará “en el momento adecuado y de la forma adecuada”, con la esperanza de que se solucione “en los próximos años”, ya que ahora el Gobierno está “muy centrado” en impulsarla recuperación y en los Presupuestos de 2022.

De su lado, Díaz, en un acto en Alicante con la vicepresidenta d la Generalitat, Mónica Oltra, de Compromís, urgió a resolver el problema de la financiación autonómica.

Las dos posturas

Lo cierto es que los distintos territorios están haciendo un”frente común” para presionar al Gobierno y, en especial, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque hay una división en dos grupos en función de los criterios para acometer la reforma del sistema, que varían en función de los distintos intereses y características de las regiones.

De un lado se configura el eje del noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla León), que defienden que la financiación autonómica se atienda conforme al coste de la prestación de servicios por habitantes y tenga en cuenta el coste real de los servicios y que sea sensible a factores como el envejecimiento de la población, la dispersión o el gasto sanitario a la hora de llevar a cabo el reparto del dinero entre las autonomías.

En el otro ‘bando’ se sitúan Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, que buscan que prime el criterio poblacional, sin tener en cuenta condicionantes demográficos o geográficas de las diferentes comunidades autónomas, y que se garantice que quien más recauda sea también quien más recursos tiene.

Andalucía y la Comunidad Valenciana han tomado posicones juntos pese a estar gobernadas por distintos partidos y Puig (Comunida Valenciana) ha acordado con el presidente de la Generalita de Cataluña, aliarse para captar fondos europeos. Ante esto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page iniciará una ronda de contactos y a él podrían sumarse Aragón, Asturias, Castilla y león, Galicia y La Rioja.

En la cumbre de 2018 estas regiones pactaron los criterios para el modelo, citando algunos como costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad, o el envejecimiento de la población. En la actualidad la financiación de estas CCAA responde a criterios de estrategias de asentamiento de población, de dispersión poblacional o de coste de servicios públicos.

Financiación récord: 105.589 millones de entregas a cuenta este año y 112.100 en 2022

Montero dará cuenta en el Congreso del fondo extraordinario Covid de 13.500 millones aprobado para este año, a lo que se suma a unas entregas a cuenta récord del sistema ordinario de financiación, que ascienden este año a 105.589 millones de euros y que en 2022 crecerán más de un 6%, hasta marcar un nuevo hito histórico al rebasar los 112.100 millones de euros. El año pasado obtuvieron unos recurso récord de 162.000 millones.

También apuntará que las CCAA han recibido 7.000 millones para ayudar a reforzar la solvencia de pymes y autónomos afectados por la crisis sanitaria, aunque con críticas por los retrasos y las trabas para acceder a las ayudas; a lo que se suma que también han percibido transferencias a cargo de los recursos comunitarios: 8.000 millones de euros del fondo REACT. Se añade a ello que ya se han distribuido más de 7.500 millones de fondo europeos del Plan de Recuperación en las distintas conferencias sectoriales.

Con vistas a 2022, los territorios también contarán con recursos extraordinarios al margen del sistema de financiación. Así, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, transmitió a los consejeros autonómicos en el último Consejo de Política Fiscal celebrado a finales de julio, las CCAA recibirán una transferencia adicional de unos 3.900 millones de euros para cubrir las liquidaciones negativas de 2020.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incorporarán a su vez una partida de unos 3.100 millones de euros con los que el Estado compensará el perjuicio económico que supuso el cambio normativo en el IVA aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Retraso acumulado

La comparecencia de Montero se produce, no obstante, a petición de los grupos parlamentarios Plural y Mixto que le exigen que explique el “cambio repentino” del Ejecutivo sobre la reforma del sistema de financiación anunciada con motivo de la reunión del pasado 15 de junio entre la propia ministra y los miembros de la plataforma valenciana ‘Per un Finançament Just’.

Según estos grupos, la titular de Hacienda aseguró que incumpliría el acuerdo de investidura y la moción aprobada en el Congreso de proponer una propuesta de nuevo sistema de financiación antes de que concluya el presente año 2021.

Varias comunidades aprovecharon la Conferencia de Presidentes convocada el pasado 30 de julio en Salamanca para exigir a Pedro Sánchez una reforma del modelo de financiación, un asunto que se ha ido postergando desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 con motivo de las convocatorias electorales y en en el último año y medio debido a la pandemia, ya que estaba previsto que se iniciase el pasado mes de febrero pero se postergó de nuevo.

La reforma de la financiación autonómica es un asunto enquistado durante casi 12 años desde que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) diese en julio del año 2009 el visto bueno a la propuesta del Gobierno de entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero sobre el el modelo de financiación autonómica y a finales de ese mismo año el Gobierno aprobó la ley de financiación autonómica.

Dado que la previsión de vigencia de dicho modelo era de cinco años, se considera que el sistema implantado está caducado desde el año 2014, sin embargo los distintos vericuetos políticos vividos a lo largo de la década han imposibilitado finalmente la reformulación de un modelo pese al clamor generalizado de todas las comunidades autónomas de distinto signo político.

El Congreso urgió a la reforma

Entre tanto, el pasado mes de febrero la mayoría del Congreso aprobó un punto de una moción consecuencia de interpelación del PP que pedía reformar cuanto antes el modelo de financiación autonómica y reunir para ello a la Conferencia de Presidentes, con el fin de retomar “con la mayor urgencia posible” los trabajos que quedaron pendientes en 2018 para resolver las insuficiencias, así como garantizar los principios de “igualdad, equidad, transparencia, solidaridad y corresponsabilidad fiscal”.

 En mayo también se aprobó en la Cámara Baja otra moción de Compromís que pedía de nuevo al Gobierno presentar este año una propuesta de reforma del modelo de financiación de las autonomías y que mientras se negocie garantizar los recursos a las comunidades autónomas priorizando el criterio poblacional.

En todas sus intervenciones, y desde la experiencia de los debates sobre la financiación autonómica durante su etapa como consejera en Andalucía en los gobiernos de Susana Díaz, Montero ha apelado a los grupos a encontrar un “clima de consenso” para lograr que la reforma salga adelante. 

En un claro llamamiento al entendimiento, especialmente a las regiones con formaciones nacionalistas en sus gobiernos, Montero ha dejado claro en varias ocasiones que el modelo de financiación “nunca puede ser óptimo para nadie”, sino que hay que buscar un “equilibrio” en la estructura territorial y “ser generosas y entender España como un todo”. 

Ante las peticiones de Compromís de un fondo de nivelación, Montero ha rechazado la creación de dicho fondo al considerar que “implosionaría” y reivindica la aportación del Ejecutivo a las CCAA a través del fondo Covid-19 de 16.000 millones, el FLA, la suspensión de reglas fiscales y el fondo de 13.000 millones de este año.

Los expertos y la armonización fiscal

Cabe recordar que a raíz de la Conferencia de presidentes de 2017 el Consejo de Ministros sí constituyó una Comisión de Expertos formada por profesionales propuestos por el Estado y las distintas autonomías, en el que proponía, entre otras cuestiones, dar capacidad a las autonomías para fijar copagos, que las CCAA pudiesen subir el IVA de forma conjunta o la armonización de lmpuesto de Sucesiones y Patrimonio.

“Sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente, restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota, así como estudiar la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales”, señalaron los expertos en su informe.

Este asunto, el de la armonización fiscal, ha sido motivo de disputas y reproches entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las regiones del PP, especialmente en un cruce de declaraciones cuasi constantes entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta de la Comunidad de Madrid del PP, Isabel Díaz Ayuso.

La titular de Hacienda ha defendido en los últimos meses la necesidad de armonizar lo que denomina impuestos a la riqueza (Sucesiones, Donaciones y Patrimonio) para hacer frente al ‘dumping fiscal’ que considera que acometen algunas regiones, como la comunidad madrileña, ante su política de bajos impuestos y la bonificación al 99% o 100% de esos tributos. De hecho, Díaz Ayuso ya avanzó antes de su victoria electoral que aprobaría la “mayor bajada de impuestos de la historia” y hace poco eliminó los tres últimos tributos propios de la region.

De su lado, el Gobierno constituyó el pasado mes de abril un grupo de expertos para que evalúen todo el sistema tributario y publiquen sus recomendaciones a más tardar en febrero de 2022, si bien la ministra ya ha adelantado que entre sus intenciones estaría la de proceder a la armonización fiscal.