Sindicatos y patronal involucran a Hacienda en la negociación para subir el SMI

La patronal y los sindicatos han involucrado a un cuarto actor en la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI) que mantienen con el Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz. En concreto, un asunto que toca de lleno al Ministerio de Hacienda y Función Pública que lidera la ahora también vicepresidenta María Jesús Montero.

CEOE, Cepyme, UGT y CCOO han puesto encima de la mesa de negociación del SMI la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. En concreto, lo que reclaman es una modificación que permita que estos incrementos de las retribuciones mínimas puedan aplicarse a los contratos en ejecución, una propuesta que partió de la patronal -condición «sine qua non», la definieron- y a la que los sindicatos se han adherido, tras firmar una cláusula similar dentro del V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva que rubricaron en mayo.

Sin embargo, fuentes presentes en la negociación señalan que, si bien el tema se puso encima de la mesa, los responsables del Ministerio de Trabajo adujeron que no era de su competencia. La llave de la caja la tiene el Ministerio de Hacienda, ya que esto implicaría autorizar un mayor gasto público, y aquí el departamento de Trabajo poco puede hacer.

Una carpeta en manos de María Jesús Montero

Las voces sindicales consultadas apuntan que este asunto se puso encima de la mesa durante la primera reunión para abordar la subida del SMI del pasado jueves, aunque el Gobierno no mostró actitudes de «acercamiento» o apoyo a esta postura. «Nos dijeron que hay varios Ministerios implicados, pero en otros asuntos que no han dependido de ellos sí han mostrado su determinación a hacerlo», detalla una de las negociadoras de UGT, la secretaria confederal Patricia Ruiz, en conversación con ECONOMÍA DIGITAL. Otras fuentes corroboran este extremo, apuntando que en el Ministerio ni mostraron ni negaron su apoyo a la propuesta, insistiendo en que no es competencia de su departamento.

¿Se ha producido esa conversación en el seno del Gobierno? Fuentes de Hacienda consultadas señalan que esa carpeta «no consta» y que se trata de una materia distinta al SMI, que es la materia que se aborda en esa mesa con el Gobierno.

El Ejecutivo tiene la prerrogativa, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, de fijar el SMI para el año siguiente tras realizar consultas con los agentes sociales. Esto no implica que sea necesario un acuerdo con sindicatos y patronal para sacarlo adelante, pero, desde su llegada al Ministerio, Yolanda Díaz ha elevado esta materia a susceptible de pacto social. De hecho, el primer gran acuerdo entre el Gobierno, sindicatos y patronal de la legislatura fue la subida del SMI de 900 a 950 euros en 2020. En adelante, las subidas de estas rentas suelo se han hecho únicamente con el concurso de los sindicatos.

El SMI subirá en torno a un 4%

Entre los negociadores cunde la sensación de que se puede llegar al primer gran acuerdo de diálogo social de la investidura con el SMI. Fuentes del Ministerio de Trabajo dan por hecho que la propuesta de la patronal de subir un 3% el SMI, junto con una cláusula de revisión del 1%, validan todas las subidas anteriores, ya que se consolidan. Los sindicatos también lo aprecian, dando por hecho que será posible cerrar una propuesta. Ruiz, de UGT, confiesa ser optimista con respecto al incremento, pero menos en relación con los cambios en la Ley de Contratos del Sector Público.

Con este movimiento, tanto sindicatos como patronal han conseguido poner de nuevo sobre el tablero un asunto que pasó desapercibido en la firma del AENC, donde las retribuciones coparon los titulares. ¿Qué pasa con los aumentos en las contratas del sector público? ¿Han de repercutirlo asumiendo los costes o debería el Estado pagar más, si los aumentos son por cambios en el SMI -responsabilidad del Gobierno- o acuerdos colectivos? «Las Confederaciones firmantes instamos al Gobierno a modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para eliminar la imposibilidad de realizar una revisión de precios o al menos permitir la revisión de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación que impliquen incrementos de costes laborales», indica el pacto entre sindicatos y patronal.

El lunes está prevista una nueva reunión de la Mesa del Diálogo Social para abordar la subida del SMI, donde ya se espera que se pongan encima de la mesa cifras concretas para poder llevar el real decreto a la mesa del Consejo de Ministros y aprobarlo antes de que termine el año. Solo la patronal ha propuesto una cifra encima de la mesa, que los sindicatos y el Gobierno considera insuficiente. El Ministerio de Trabajo apuesta por un incremento mínimo del 3,5% (la subida, hasta ahora, de los convenios colectivos), que a su vez recupere poder adquisitivo (un 3,8%, según la inflación media) y que esté dentro de la horquilla pactada en el AENC (3% más un punto adicional, un 4% en total).