Vivienda es el Ministerio más lento en ejecutar su Presupuesto: solo gasta el 6,6% en lo que va de año

El Ministerio de Vivienda apenas ha ejecutado el 6,6% de los 6.358 millones de euros que tiene asignados este año a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados para 2025, lo que le convierte en la cartera con un despliegue más lento de sus fondos justo cuando impulsa el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que pretende destinar 7.000 millones hasta 2030 para incentivar el alojamiento accesible.

Los últimos datos de Ejecución presupuestaria de Hacienda muestran que el departamento que lidera la socialista Isabel Rodríguez solo ha ejecutado 421 millones hasta julio, medido por las obligaciones reconocidas netas, que son los deudas exigibles para su pago a terceros por parte de la Administración.

Esta cifra, la de las obligaciones reconocidas netas, es la que se utiliza para medir la ejecución de las Cuentas públicas, frente a los gastos comprometidos, una métrica en la que Vivienda está mucho más avanzado (67,3%), pero se trata de vinculaciones con terceros (como las comunidades autónomas o el Instituto de Crédito Oficial) y no garantiza que se ejecute en el ejercicio en curso.

A principios de este año la ministra de Rodríguez ya fue reprobada en el Congreso por la baja ejecución de su presupuesto, en tanto que su cartera es la responsable de gestionar la mayor preocupación de los españoles. El año pasado su cartera solo gastó el 32,7% de los créditos que tenía disponibles, unos 1.300 millones de los más de 4.000 millones que tenía asignados. De nuevo, había una divergencia entre la relación con las obligaciones netas y los gastos comprometidos, ya que con esta última variable utilizó el 96% de sus recursos.

Con Vivienda como farolillo rojo, solo Igualdad (7,6%) llega al segundo semestre con una ejecución inferior al 10%. Industria y Turismo (12,3%) y Juventud e Infancia (13,1%) son las carteras que les siguen a la cola de la ejecución.

Los datos de la Intervención General del Estado se divulgaron este miércoles, coincidiendo con la publicación en Audiencia Pública del Texto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la gran apuesta de Rodríguez al frente de su cartera, después de que se aprobase la Ley de Vivienda en la pasada legislatura y que se reconvierta Sepes en una empresa de promoción estatal.

El Gobierno plantea movilizar más de 7.000 millones de euros hasta 2030, cofinanciados en un 60-40 con las comunidades autónomas, en políticas para favorecer la asequibilidad y acceso al mercado, con ayudas al alquiler, promoción de vivienda pública para alquiler y compra y blindando toda la vivienda protegida que impulsen las Administraciones.

«El enorme esfuerzo financiero realizado durante décadas se ha visto seriamente debilitado por la práctica generalizada de descalificar viviendas una vez transcurrido un plazo determinado«, critica el texto del Real Decreto.

Lo cierto es que el reto inversor de 7.000 millones nace ya debilitado de partida. El Gobierno exigirá, para dar salida a la financiación, que se blinde la vivienda pública, que los ejecutivos regionales sean partícipes de la inversión, así como la creación de una base de datos única que permita el seguimiento del mercado en todo el territorio. Fueron los compromisos que se plantearon por parte de Pedro Sánchez en la última Conferencia de Presidentes, en Barcelona, pero la mayoría de autonomías (con gobiernos del PP) se plantaron.

Mientras, el Banco de España ya ha advertido de que la inversión en vivienda (fundamental para hacer frente al déficit de 400.000 casas en el mercado español) se va a ralentizar en los últimos meses. Así lo señala en su último Informe trimestral, publicado esta semana: «Tras su elevado dinamismo de la primera mitad del año, se desaceleraría en el tercer trimestre, a tenor de la evolución más reciente del indicador de ejecución de obra y las compraventas escrituradas de vivienda». Un dato que coincide con la aceleración de los precios hasta el 12,7%.