FeSMC-UGT prepara su estrategia para la negociación del nuevo convenio de seguridad privada
La exigencia de una reforma profunda del Reglamento de Seguridad Privada y de la Ley de Contratos Públicos aparece como elemento decisivo para que el convenio tenga impacto real
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El sector de la seguridad privada en España se enfrenta a una encrucijada clave con la constitución de la nueva mesa negociadora del Convenio Colectivo Estatal, que regirá las condiciones de más de 80.000 trabajadores a partir de 2027.
Las patronales empresariales (APROSER, ASECOPS, FES) y los sindicatos más representativos (FeSMC-UGT, CCOO, USO, CIG, ELA) abordan un proceso marcado por el reto de mejorar salarios, regular la jornada y anticipar los cambios tecnológicos que transforman el sector.
Durante el último convenio (2023-2026), los vigilantes lograron un incremento salarial acumulado del 16%, con subidas del 6% en 2023, 4% en 2024 y un 3% previsto para 2025 y 2026, junto a una cláusula de revisión adicional del 2% por inflación.
Sin embargo, tanto FeSMC-UGT como otros sindicatos denuncian que la remuneración sigue siendo insuficiente, con salarios base que apenas superan los 1.100 euros mensuales y pluses por peligrosidad o nocturnidad aún por debajo de las necesidades reales.
Las tablas salariales para 2025 sitúan el sueldo de un vigilante estándar entre 1.393,64 euros (sin arma) y 1.544,92 euros (con arma), lejos de la media nacional de otros sectores de servicios, pese a que la actividad exige especialización, dedicación extraordinaria y turnos en festivos y nocturnos.
Los sindicatos exigen que el nuevo convenio suba los salarios por encima del IPC, incluya una revisión automática vinculada a la inflación y actualice pluses de penosidad y residencia, especialmente en Ceuta y Melilla.
La patronal reconoce el periodo de mejora retributiva, pero insiste en la presión competitiva por licitaciones públicas a la baja, donde la oferta más barata suele prevalecer sobre la calidad del servicio y las condiciones laborales.
Este modelo precariza el colectivo, advierte UGT, y limita cualquier avance en las negociaciones si no se abordan cambios estructurales tanto en las adjudicaciones como en la legislación de contratos públicos.
Seguridad privada: relevo generacional y jornada
La reducción de la jornada laboral es otro eje de la negociación: FeSMC-UGT apuesta por las 37,5 horas semanales frente a las 40 actualmente en vigor, alineando el sector con los estándares europeos y facilitando la conciliación familiar.
Su propuesta choca con la negativa reciente del Congreso y la cautela empresarial, aunque el sindicato subraya la necesidad de avanzar en permisos retribuidos, descansos, y pluses actualizados.
La media de edad de los vigilantes se sitúa ya en los 54 años; UGT reclama impulsar el contrato de relevo y la jubilación anticipada a los 63 años, permitiendo rotación y nuevas oportunidades laborales para jóvenes.
Solo el 5% de los contratos es temporal, aunque la rotación y el abandono de la profesión, por falta de atractivo social y condiciones dignas, sigue afectando al sector.
Se propone actualizar coeficientes reductores que reconozcan la exposición a riesgos y la dureza de la profesión, incidiendo en la protección jurídica y el avance normativo de la seguridad privada.
La exigencia de una reforma profunda del Reglamento de Seguridad Privada y de la Ley de Contratos Públicos aparece como elemento decisivo para que el convenio tenga impacto real en la calidad y permanencia de los empleos.
Los sindicatos abogan por una vigencia mínima de tres a cuatro años para el próximo convenio, evitando renegociaciones anuales e incertidumbre para las plantillas. Los actores sociales coinciden en que el proceso requiere un cambio de rumbo, con diálogo permanente y compromisos firmes. Si la patronal no mejora condiciones, alertan, el camino será la movilización del colectivo hasta lograr avances reales.
