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La Justicia abre una investigación por malversación en el rescate de Plus Ultra

El Juzgado de Instrucción de Madrid abre diligencias contra el vicepresidente del SEPI, Bartolomé Lora, por inyectar 53 millones en la aerolínea

Fachada del edificio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)

El polémico rescate público de la aerolínea Plus Ultra ya ha llegado a los tribunales. El Juzgado de Instrucción de Madrid ha abierto diligencias por los presuntos delitos de malversación y prevaricación en la operación realizada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que permitió inyectar 53 millones a la compañía para mantenerla a flote tras el impacto del coronavirus.

La jueza instructora Esperanza Collazos ha iniciado la investigación como consecuencia de una denuncia presentada por Manos Limpias. La organización presentó ante la Justicia varios informes económicos para señalar las supuestas irregularidades en el rescate puesto en marcha para paliar la crisis de la Covid-19, según ha publicado El Español.

La investigación del Juzgado de Instrucción apunta directamente contra Bartolomé Lora, el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, así como contra el resto de miembros del consejo de administración que han tomado parte en la decisión.

El rescate se fraguó con un desembolso de 53 millones de euros, de los cuales 34 se invirtieron en un préstamo participativo y los otros 19 en un crédito ordinario para que la aerolínea pudiera garantizar su liquidez tras el impacto de la pandemia, que ha provocado una crisis económica sin precedentes en el sector de la aviación.

La oposición ha cargado contra el rescate de Plus Ultra

El rescate de Plus Ultra ha servido como arma arrojadiza de los partidos de la oposición que han denunciado la inyección económica por parte del Estado sobre una aerolínea, que tiene relaciones con Venezuela y que opera un número muy reducido de vuelos.

Plus Ultra entró a formar parte de las empresas estratégicas que han recibido un impulso con las arcas públicas como consecuencia de la pandemia, de la misma manera que Air Europa logró una ayuda de 475 millones de euros para evitar su bancarrota antes de ser comprada por IAG, de los cuales 240 eran un préstamo participativo y el resto otro ordinario.

Sin embargo, la delicada situación económica que Plus Ultra ya arrastraba antes del inicio de la crisis del coronavirus ha despertado las críticas de la bancada de la derecha. Vox ya interpuso una querella ante el Tribunal Supremo para denunciar la operación.

La formación de Santiago Abascal denunció al Gobierno de Pedro Sánchez y a todo el consejo de administración del SEPI, al considerar que no se trata de una compañía de carácter estratégico para la economía española con una relevancia en el sector de la aviación.