Los dueños de Oasiz tratan de evitar el concurso sin presentar las cuentas del ejercicio 2024
Acreedores de Carlotta Iberia, la sociedad dueña del centro comercial Oasiz, requieren la presentación de sus cuentas de 2024
Exterior del centro comercial Oasiz, en Torrejón de Ardoz (Madrid). Compaigne de Phalsbourg
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Carlotta Iberia, la sociedad dueña de Oasiz, el mayor centro comercial de la Comunidad de Madrid, situado en Torrejón de Ardoz, trata de evitar la declaración de concurso de acreedores sin presentar sus cuentas de 2024.
Acreedores de la empresa han requerido al Juzgado Mercantil número 14 de Madrid, al frente del proceso preconcursal en el que se encuentra en la actualidad Carlotta Iberia, que se le exija la presentación de las últimas cuentas anuales.
El pasado 17 de julio el despacho Kepler-Karst Law Firm solicitó al Juzgado la aportación de las cuentas de 2024, pretensión que fue inadmitada. La pasada semana otro acreedor, el abogado Francisco Suárez, que trabajó en el desarrollo de Oasiz, presentó recurso de reposición contra la decisión del Juzgado que denegó la solicitud de requerir a Carlotta Iberia las cuentas del pasado año.
En su recurso, el letrado advierte que la normativa española establece «claramente que los administradores de una sociedad deben formular las cuentas anuales dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio y someterlas a aprobación de la junta general ordinaria de los seis primeros meses del año».
Dichas obligaciones legales, advierte, son «deberes esenciales cuyo incumplimiento supone una infracción grave de los deberes de diligencia de los administradores».
«En el presente caso·, dice el recurso, «la deudora Carlotta Iberia, S.L. ha incumplido manifiestamente tales deberes societarios al no haber formulado y aprobado (ni, por ende, depositado) sus cuentas anuales de 2024 en plazo».
Exterior del centro comercial Oasiz.
Carlotta Iberia se declaró en preconcurso de acreedores el pasado mes de junio, con el objetivo de aprobar un nuevo plan de reestructuración, disponiendo de ello de un plazo de tres meses; el Juzgado concedió el pasado 10 de septiembre una prórroga a Carlotta de otros tres meses para seguir negociando.
«Incluso en situaciones concursales, nuestro ordenamiento enfatiza que no se extingue la obligación de formular y depositar las cuentas, precisamente porque esa transparencia financiera es de orden público», subraya Francisco Suárez en su reciente escrito al Juzgado. «Por tanto, en sede preconcursal con mayor motivo subsiste dicha exigencia», añade.
Los acreedores de Carlotta Iberia «tienen derecho a contar con información financiera veraz, completa y actualizada del deudor para poder tomar decisiones informadas y defender adecuadamente sus intereses«, destaca el letrado acreedor de la sociedad propietaria de Oasiz.
La decisión de abrir una segunda fase de negociaciones preconcursales «sin que la deudora haya rendido cuentas del ejercicio anterior contraviene el principio de buena fe objetiva«, asegura.
Oasiz, deuda disparada
La postura de Carlotta Iberia de pretender una nueva reestructuración sin antes haber presentado sus cuentas anuales supone «iniciar negociaciones a ciegas para los acreedores, creando un desequilibrio informativo inadmisible», insiste Francisco Suárez en su recurso de reposición.
El abogado sostiene que existen «indicios claros» de que la situación de Carlotta Iberia ha empeorado «con un incremento sustancial de su endeudamiento».
La deuda del dueño de Oasiz podría alcanzar los 175 millones el próximo mes de noviembre
Francisco Suárez ya ha comunicado al Juzgado que, de acuerdo a la documentación presentada por Carlotta Iberia, la deuda de la sociedad, excluyendo la subordinada, asciende a 165 millones de euros, cuando en febrero de 2024 era de 125 millones.
De ese importe de 165 millones de deuda, el fondo Cale Street -que prestó 105 millones a Carlotta- ostenta el 84% del pasivo, 139 millones de euros.
De mantenerse esta progresión de incremento del endeudamiento durante la prórroga concedida «la deuda de Carlotta Iberia continuaría aumentando aproximadamente en 2,7 millones de euros por mes«, sostiene el abogado acreedor.
De esta forma, el próximo mes de noviembre, cuando finalice la prórroga otorgada, «el pasivo afectado podría situarse en el entorno de 173-175 millones de euros».
