El Gobierno ya tiene excusa para justificar un déficit disparado

El gabinete de Pedro Sánchez atribuirá el descontrol del gasto público a la prórroga de los presupuestos

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El Congreso de los Diputados, con los votos de PP, Ciudadanos, ERC y Pdecat, ha tumbado los presupuestos de Pedro Sánchez. Esto, además de provocar el previsible adelanto electoral, tiene otra consecuencia: se prorrogarán los presupuestos de Mariano Rajoy de 2018. Una solución que, como varios economistas coinciden, no es el fin del mundo.

Con el rechazo a los presupuestos, no cristalizarán aquellas medidas con las que el Gobierno prometía aumentar los ingresos en 5.678 millones de euros. Así, no llegarán a entrar en vigor la tasa Google -o impuesto sobre los servicios digitales-, la tasa Tobin, -que gravaba las transacciones financieras-, ni las subidas de IRPF a las rentas más altas, entre otros.

Fuentes del ministerio de Hacienda recuerdan que los únicos mecanismos que siguen vivos «si no se bloquean en el Parlamento» son precisamente la tasa Google y la tasa Tobin.

No obstante, el Banco de España, la Airef e incluso Bruselas tampoco confiaban en los ingresos calculados por el Ejecutivo si se aprobaban los presupuestos. El principal problema con esto es que, al contrario que con de las medidas de ingresos, Pedro Sánchez sí que ha aprobado ya mediante decreto ley medidas de gasto.

Así, quedan comprometidas partidas que suponen altos desembolsos como la subida del SMI a 900 euros, las pensiones (con el aumento del 1,6%) y el sueldo de los funcionarios (del 2,5%). Así las pensiones se comen la mitad del gasto de las cuentas públicas, más de 153.000 millones al año, 9.000 millones más que en 2018, y el sueldo de los funcionarios aumenta 1.000 millones, hasta los 23.000 millones.

Incumplimiento del déficit

Como anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el principal problema sin unas nuevas cuentas es el déficit. «Sin unos nuevos presupuestos, el déficit oscilará entre el 2,2% y el 2,4%, cifras que están fuera de los parámetros de Bruselas. Ahora tendremos que ver cómo podemos hacer para evitar que el déficit público suba hasta ese nivel», comentó en el debate.

El objetivo de España para este año se situaba en el 1,3%, algo que ya parecía difícil de conseguir y que ahora prácticamente se presenta imposible. Sin embargo, organismos económicos ya preveían este incumplimiento incluso aprobando los presupuestos. En el caso del IEE, este era del 2,2%.

«Tenemos unas medidas comprometidas que ya se han aprobado y que justo son las partidas que benefician a los colectivos menos castigados en la crisis: pensionistas y empleados públicos», explica Almudena Semur, secretaria general del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

El IEE cree que los presupuestos de Sánchez eran «incumplibles y dañinos para la economía»

Semur defiende que las previsiones de recaudación del Ejecutivo de Sánchez «están totalmente infladas», por lo que no considera vaya a ser un grave problema que no se hayan aprobado las cuentas. «Eran unos presupuestos que eran incumplibles y dañinos para la economía».

Además, sostiene que las subidas impositivas que quería aprobar el Gobierno restan competitividad a las empresas y «hacen de España un destino menos atractivo para invertir». «Quizá al no penalizar con estas subidas puede que esas empresas no pierdan tanta competitividad ni se penalice el ahorro», afirma.

Así, con la previsión del crecimiento de la economía del 2,1% para 2019 cree que «si no se tuerce el crecimiento no habrá problemas» para la economía española.

Unos 7.000 millones menos para las CCAA

Otro de los problemas que detecta el Ministerio de Hacienda es que las comunidades autónomas van a recibir menos dinero por el sistema de financiación. «No se van a actualizar las entregas a cuenta y recibirán casi 7.000 millones menos», explican fuentes del ministerio

Así, entre las medidas que no se cumplirán está el aumento de la inversión presupuestaria en Cataluña. Con los recién rechazados presupuestos del Gobierno socialista Cataluña iba a recibir el 52% más en inversión territorial real respecto a las cuentas de 2018.

Esto se traducía en 2.051,38 millones de euros, el 16,8% del total presupuestado y era una manera del Ejecutivo de ganar el apoyo de los independentistas que finalmente no ha tenido.

Tampoco se llevarán a cabo las medidas contra la violencia de género que suponían 220 millones de euros adicionales, el incremento de la partida de i+D+i en 357 millones de euros o la subida en inversión de infraestructuras, que crecía el 40% hasta los 7.572 millones, entre otros.

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