La receta de los concellos gallegos para frenar la despoblación

El rural gallego busca alternativas para fijar población y conseguir, no solo que las personas no se marchen, sino que los que vienen de forma temporal, opten por asentarse. Para ello, los ayuntamientos impulsan distintas iniciativas con el objetivo de garantizar servicios que corren el riesgo de desaparecer cuando, mayoritariamente por falta de relevo generacional, cierran ante la jubilación de sus propietarios.

Este es el caso de Piñor, en Ourense, promoviendo un bar para asegurar servicios próximos a un albergue y un centro cultural, o de municipios como los de Pol o Ribeira de Piquín, en Lugo, con iniciativas para prestar asistencia a un supermercado o una gasolinera. En otras zonas como Moimenta, un pequeño núcleo en la carretera que une Boiro y Noia, se buscan personas interesadas para una taberna que se alquila.

Lino Rodríguez, alcalde de Pol, explica en declaraciones a Europa Press que optaron por comprar 862 metros cuadrados en el lugar donde estaba ubicado el supermercado y una pequeña fábrica que hacía embutido, al retirarse su propietario y para que vecinos de la zona no tuvieran que irse a otras localidades próximas como Castroverde.

«Quiero que haya un sitio donde puedan ir a comprar», explica al ser preguntado por qué se optó por esta medida, que vincula con la falta de relevo generacional. En este sentido, apunta a un descenso progresivo de la población debido a que los fallecimientos que se producen no son compensados con los nacimientos. Y eso pese a que, según especifica, llegan extranjeros para trabajar en las ganaderías. «Pero bajamos todos los años entre 30 y 40», indica sobre el número de fallecidos.

Crear puestos de trabajo y fijar población

En este contexto, se muestra crítico tanto con el Gobierno central como con la Xunta. «Hay que crear puestos de trabajo y fijar población, necesitamos viviendas pero a qué puerta voy a pedir», se pregunta al asegurar que el consistorio «no tiene medios» para abordar estas cuestiones.

«No hay interés ninguno en mover el rural, llevo 17 años y siempre es la misma canción, tenemos un problema de mano de obra, hay que formar a gente», asevera también para asegurar que en el municipio tienen personas disponibles pero «sin la documentación necesaria».

En el caso de Ribeira de Piquín, su regidor, Roberto Fernández, explica que alquilaron una gasolinera que llevaba más de diez años cerrada y que optaron por crear una fundación municipal para impulsar proyectos «ante la falta de iniciativa privada». «La filosofía es la puesta en funcionamiento de proyectos abandonados e infravalorados». Ahora, añade, gestionan «una plantación de kiwi y una instalación de producción de cerdo celta».

Crear servicios y desarrollar iniciativas abandonadas

«Somos un ayuntamiento de 500 habitantes con una línea demográfica descendiente», apunta para sostener que hay que actuar en dos frentes. «Crear servicios y sacar adelante iniciativas abandonadas con un criterio sostenible y un manejo tradicional para poner en valor recursos y crear empleo».

En su caso, lo hacen a través de la fundación y buscando ayudas de otras administraciones. «Queremos hacer un centro de asesoramiento agroecológico y seguir divulgando proyectos que hacemos», afirma para citar, como ejemplo, dar a conocer a quienes tengan un terreno abandonado las posibilidades existentes para darle salida o también iniciativas que permitan un «nexo» de unión entre la producción y la comercialización.

Demandas de la FEGAMP

«Somos 313 ayuntamientos en Galicia compuestos por 30.000 entidades singulares de población, lo que ofrece una idea de la peculiaridad territorial gallega, con unos núcleos de población muy diseminados y con una orografía muy compleja, lo que supone una dificultad extrema para la prestación de servicios de competencia municipal», apuntan desde la Federación Gallega de Municipios e Provincias (Fegamp) consultados al respecto.

«Todo ello en un contexto de pérdida de peso del sector primario y no reconversión plena hacia otros sectores, de falta de financiación para los ayuntamientos, con más repercusión negativa en los más pequeños del ámbito rural y de carencias en la vertebración de gran parte del territorio».

«Ante eso, hay que apostar por la inversión productiva, que ahorra costes improductivos motivados por la despoblación, apostando por el desarrollo económico y social del mundo rural». «Desde una buena planificación administrativa y un adecuado reparto de responsabilidades entre las administraciones, a una financiación estructural estable que permita poder prestar servicios y dar respuesta a las necesidades de más población en el ámbito rural», añaden.

En la misma línea, desde la Fegamp inciden en que esto «exige tomar medidas estructurales inmediatas para fijar y atraer nueva población explorando nuevos nichos de empleo y actividad económica, reduciendo la brecha entre el medio rural y el urbano con el desarrollo de infraestructuras y de infoestructuras y reforzando los servicios básicos en todo el territorio adaptados a la tipología singular de cada área».

Junto a políticas públicas de impulso demográfico que consideren criterios de dispersión y envejecimiento de la población en las inversiones públicas y en la financiación local, la Fegamp demanda a Xunta y Gobierno central «una adecuada» aportación pública «para que los ayuntamientos puedan hacer frente a las competencias y servicios que tienen que prestar, así como la delimitación de competencias que evite que tengan que seguir haciéndose cargo de servicios de otras administraciones y de los costes que suponen«, señalan citando como ejemplo el Servicio de Ayuda en el Hogar.

En cuanto a las demandas de los municipios, recuerdan que se ha pedido a la Xunta «que cumpla lo dispuesto en la Ley de Impulso Demográfico de Galicia y proceda a la creación inmediata de un fondo específico anual con destino a los ayuntamientos y dirigido al equilibrio demográfico territorial, que tres años después aún sigue sin dotarse».