Un año después del apagón

El pasado 28 de abril se cumplió un año del apagón de energía eléctrica en la península Ibérica y proximidades de Francia, en total más de cincuenta millones de afectados. Por tanto, creo que es el momento oportuno para analizar las consecuencias del mismo, algunas ya establecidas durante este período de tiempo y otras aún pendientes de establecer.

Comencemos por las primeras: ¿Qué se ha hecho?

Las medidas adoptadas se han centrado en evitar un nuevo apagón y se han establecido en tres ámbitos: operativo, reglamentario y técnico.

En el ámbito operativo, Red Eléctrica, como operador del sistema, ha adoptado un mix de generación eléctrica más prudente denominada Operación Reforzada, es decir, más incorporación de generación síncrona, ya está demostrado que el apagón tuvo como causa un fallo generalizado del control de tensión. Aunque el origen aún está en discusión o, al menos no especificado y, en la mayor parte de los casos, explicado como multifactorial.

El día 5 de mayo de este año, el propio Europarlamento lamentó la falta de plena transparencia y divulgación oportuna por parte de las autoridades españolas sobre las causas y factores contribuyentes de dichos incidentes.

Esta operación reforzada ha tenido como contrapartida un incremento del precio diario de la energía producida, estimándose entre 600 y 1.500 millones de euros en el año transcurrido, que hemos pagado todos los consumidores en la factura de la luz.

Además, ha tenido otra consecuencia y es que las energías renovables, fotovoltaica y eólica no hayan podido incorporar su energía a la red y, por tanto, “tirar energía”, más del 20% de la renovable producida.

En cuanto a las medidas adoptadas en la reglamentación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha realizado una labor ardua en materia de nueva normativa de operación, especialmente más rigurosa que la actual. En el mes del apagón, aprobó el procedimiento de operación 7.4, amplió los rangos de tensión admisibles y, en materia de supervisión, impulsó un proceso de reuniones coordinadas con los agentes operadores del sistema

Además, ha establecido recabar informes sobre variaciones de tensión en nudos señalados y seguimiento con el operador del sistema de las medidas técnicas e impacto económico de las mismas.

Por último, en los últimos meses ha abierto un gran número de expedientes sancionadores a las empresas eléctricas y a Red Eléctrica por incumplimientos reglamentarios, muchos de ellos en días anteriores y posteriores al apagón, pero del cual hace hincapié en que no fueron la causa del apagón.

El impacto económico del apagón se está evaluando en el orden de cuatro mil millones de euros

Y en cuanto a las medidas técnicas implantadas, hay unas que permiten y en otros casos obligan a plantas renovables a instalar controles dinámicos de tensión.

Por otra parte, la propia REE efectuará la instalación en nudos determinados de compensadores síncronos estáticos. En concreto, ya hay proyectados ocho en la Península y cuatro de ellos ya lanzados. Ello conllevará una inversión de unos ochocientos millones de euros que se pagarán en los peajes, por lo tanto, todos los consumidores, aunque en contrapartida reducirá el importe de las restricciones técnicas.

¿Y las consecuencias pendientes?

Entiendo que la más significativa es fijar la responsabilidad y como consecuencia de esta, las indemnizaciones.

En cuanto a la responsabilidad por parte de los implicados, lo que se ha vivido durante el pasado año ha sido: “yo no he sido”, todos han lanzado “balones fuera” y la adjudican a los demás. Así, en síntesis:

• El Gobierno indicó que eran Red Eléctrica y las eléctricas.
• Red Eléctrica dijo que habían sido las eléctricas y el gobierno y la CNMC por no reglamentar bien.
• Las empresas eléctricas (AELEC) establecen que el único responsable es Red Eléctrica.
• La CNMC hace responsable fundamental a Red Eléctrica y le abre expediente sancionador, aunque también abre expedientes sancionadores a varias eléctricas y a plantas renovables.
• La Comisión del Senado determinó que la responsabilidad era compartida.

¿Y en resumen de todo?

Que hubo un error del operador al incorporar al mix demasiada generación asíncrona, como se demuestra en la gestión posterior, y que hubo alguna planta que se desconectó y que fue el origen del problema. Además, la reglamentación tenía que haber sido más estricta.

Parece que la implicación de Red Eléctrica es la que mayoritariamente se está determinando. Iberdrola ya ha presentado una demanda contra ella e incluso en Portugal se han realizado manifestaciones que imputan directamente a Red Eléctrica como causante del apagón.

¿Y en cuanto al aspecto económico?

El impacto económico se está evaluando en el orden de cuatro mil millones de euros, de ahí la transcendencia que conlleva determinar él o los culpables.

Y qué han hecho los principales implicados:

• Red Eléctrica no ha provisionado en sus cuentas del año 2025 algún valor económico para esta contingencia, lógicamente, pues de hacerlo, hubiera sido una forma de considerarse “culpable”.
• Iberdrola ya ha valorado el impacto en sus ingresos en ciento ochenta millones de euros que pretende recuperar.
• Repsol ya ha reclamado ciento veinticinco millones de euros y Moeve cincuenta millones de euros.

Además, la OCU ya ha pedido que las distribuidoras abonen a los clientes eléctricos las indemnizaciones reglamentarias que corresponde por incumplimiento de la calidad. Se debería haber hecho, una vez efectuado el cierre del año 2025 y, abonados en los primeros meses de este año.

Incluso, Portugal, a través de su Gobierno, está analizando la posibilidad de pedir indemnizaciones

¿Y cómo acabará?

Después del apagón, las grandes eléctricas contrataron gabinetes jurídicos para ir preparando los posibles litigios jurídicos, tanto como demandados como demandantes.

Y antes del 28 de abril de 2026 fueron emitidos a Red Eléctrica muchísimos burofaxes para paralizar el cierre, establecido en un año para ciertos litigios correspondientes a responsabilidad extracontractual.

Además, industrias y aseguradoras, que ya han hecho frente a importes de indemnizaciones de sus asegurados, preparan demandas contra Red Eléctrica por los daños ocasionados por el apagón.

Por todo lo anterior, se puede deducir fácilmente que los responsables del apagón y, consecuentemente obligados a hacer frente a las indemnizaciones, solo se determinarán jurídicamente y ello puede ser dentro de unos 5 a 7 años.