Falta de personal, material deficiente… La Valedora retrata el caos de las residencias durante el Covid

La crisis de las residencias que causó gran polémica durante la pandemia se muestra en cifras en el informe anual de actividad del Alto Comisionado del Parlamento gallego relativo al pasado año, firmado por la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño. El documento recoge las 15 quejas tramitadas y la investigación de oficio abierta en 2020 acerca de los problemas de material, personal, medidas de protección y estado de los internos en los centros de mayores de Galicia.

La situación crítica en la que se encontraron muchas residencias de ancianos en Galicia durante los primeros meses del Covid tuvo graves consecuencias para los internos y los trabajadores de los centros. Las numerosas quejas recogidas por la Valedora do Pobo muestran, según se lee en el informe, que «las residencias y los servicios de carácter social no podían ni debían hacer frente por si solas a las exigencias de una pandemia«.

En la comunidad gallega fueron precisas varias actuaciones de oficio sobre la situación de las personas mayores en este tipo de centros, atendiendo a las múltiples quejas destinadas a denunciar la ausencia de medios en los primeros momentos de la crisis. Las investigaciones que se llevaron a cabo tuvieron como objetivo tanto situaciones concretas como residencias en general.

Medidas deficientes y mal estado de los internos

Más de la mitad de las quejas registradas en 2020 sobre residencias de mayores y con relación al Covid acusaban deficiencias en las medidas de precaución para evitar contagios, y las malas circunstancias en las que se encontraban los internos. En el primer caso, se denunció la falta de EPIs y otro material sanitario, así como de pruebas diagnósticas para controlar los casos positivos y los posibles brotes.

Las quejas respecto al mal estado de los residentes estaban relacionados en algunos casos con la falta de personal. Un caso que fue sometido a investigación fue el de una residencia de Salvaterra de Miño (Pontevedra), donde un colectivo de trabajadoras reclamó una inspección por deficiencias en timbres de emergencia, irregularidades en las dietas de los pacientes, falta de registro de cambios de pañales y cambios posturales de los internos, úlceras por presión y falta de movilidad, y casos de usuarios que eran encerrados bajo llave por las noches.

Otras quejas transmitidas a la Valedora do Pobo contemplaban asuntos como la falta de información de los familiares sobre el estado de los residentes, la imposibilidad o limitación de las visitas, la falta generalizada de personal, la gran cantidad de ancianos contagiados de Covid-19, incumplimiento de las ratios, y el mal estado de las instalaciones y el material.

Cuatro quejas contra Domus Vi

Los centros Domus Vi, foco de diversas polémicas durante la pandemia en varios puntos del territorio español, fueron objeto de cuatro quejas ante la Valedora en 2020. El 26 de marzo se denunció la «falta de un protocolo de actuación para los trabajadores/as auxiliares de enfermería» del centro que la firma tiene en A Coruña, que lleva el nombre de Concepción Arenal.

El 20 de mayo se denunció un desacuerdo en la realización de los test Covid a residentes y trabajadores en la Residencia DomusVi de Montrove (Oleiros), y dos días después se registró una queja acerca de la solicitud de traslado a otro centro de una paciente. La última queja registrada fue una intervención por parte de la Xunta en la Residencia DomusVi de Aldán, en Cangas, por el estado de alarma y la imposibilidad de obtener los informes médicos de una persona residente.