“Insultos”, “insinuaciones” y “mentiras” para recibir al futuro fiscal general del Estado

Aterrizaje con turbulencias para el futuro fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el que era número dos de Dolores Delgado y un viejo conocido de Galicia, donde ejerció como fiscal de Medio Ambiente durante 18 años con casos tan relevantes como el hundimiento del Prestige.

García Ortiz defendió este jueves su trayectoria en el Congreso entre críticas de las fuerzas de la derecha, especialmente por su proximidad a Dolores Delgado, la fiscal que dejó el cargo por problemas de salud. El que fue su mano derecho denunció ser objeto de «mentiras» e «insultos», pero no en la Comisión de Justicia, o al menos, no únicamente. El futuro fiscal general señaló tanto a los conservadores que controlan el Consejo General del Poder Judicial debido a la negativa del PP a renovarlo e incluso a algunos medios de comunicación, contra los que anunció acciones legales.

La comparecencia en la Comisión de Justicia fue el último trámite que debía superar para ser nombrado formalmente fiscal general en sustitución de Delgado.

Una foto en Galicia

El portavoz del PP, Luis Santamaría, ha vaticinado que será el «encargado de rebajar la presión del fiscal en los procesos que afectan al independentismo para que la mayoría del Gobierno no se tambalee» y ha esgrimido la foto en la que García Ortiz aparece en un acto en Galicia organizado por la fundación del PSOE.

El futuro fiscal general ha asegurado que entiende que «moleste» al PP una foto «con el logotipo del PSOE», pero ha afirmado que acudió al acto con autorización de la inspección fiscal, a la que pidió permiso, y ha defendido su derecho a la libertad de expresión.

Ha hecho hincapié en que no cometió ninguna irregularidad y ha precisado que no era una acto del PSOE, sino de la Fundación Ideas.

Contra el sector conservador del CGPJ

Muchas de las críticas de la oposición se han basado en el voto particular firmado por siete vocales del sector conservador del CGPJ que se desmarcaron del dictamen favorable de ese organismo a su candidatura.

García Ortiz, que ha apuntado que ha dejado la Unión Progresista de Fiscales (UPF) tras ser propuesto para el puesto, ha cargado contra ellos recordando que su mandato está caducado y acusándolos de excederse en sus competencias con «expresiones difíciles de aceptar».

Unas personas que solo conocen su hoja de servicios «se han lanzado a buscar recortes de prensa para decir por qué no es idóneo» y le han sometido a un «tribunal de honor», prohibido por la Constitución, sin darle audiencia o posibilidad de réplica, ha reprochado.

Insinuaciones, mentiras y falsedades

García Ortiz ha agradecido el tono de los portavoces, pero no sin denunciar «insinuaciones, mentiras y falsedades». Tras asegurar que ha cumplido ya más que sobradamente cualquier ambición profesional, ha asegurado que siempre procurará lo mejor para una profesión en la que entró en 1999 y que volverá a ejercer cuando deje el cargo.

Y ha dejado claro que va a defenderse de imputaciones «falsas». A través de la Abogacía del Estado, va a ejercer acciones legales contra el diario ABC por decir que se reunió con el exbanquero que inició una investigación contra Mariano Rajoy en Andorra.

De Villarejo a ETA

También ha salido al paso de las críticas que deslizaban que desde la Secretaría Técnica, órgano que ha dirigido dos años y medio, se habían dado indicaciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la posible prescripción del crimen del edil del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, hace 25 años, perpetrado por ETA. Una polémica que nació de las discrepancias entre el antiguo fiscal del caso y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, cuyos correos internos han sido difundidos de forma «interesada», según García Ortiz.

Tras pedir respeto a las víctimas y negar tajantemente que se hayan dado «directrices de ningún tipo, ni mucho menos de carácter político», ha anunciado que consultará el asunto con la Junta de Fiscales de Sala y resolverá «cuál es el criterio de la prescripción».

Ante insinuaciones de los grupos independentistas y de Unidas Podemos, ha negado cualquier trato de favor al excomisario José Manuel Villarejo. EFE