Rueda celebra el espaldarazo europeo a la eólica en Galicia: "Abre un nuevo horizonte"

El presidente gallego celebra el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que da la razón a la Xunta en la tramitación de los proyectos eólicos. En su intervención en la junta directiva del Partido Popular, que este viernes se ha reunido en Santiago de Compostela, Alfonso Rueda ha asegurado que se «abre un nuevo horizonte de proyectos industriales en Galicia» con una decisión que espera que sea «respetada» y que sirva para «aprovechar todas las oportunidades» que Galicia «tiene por delante».

El líder del Ejecutivo gallego ha afirmado que «los técnicos de la Xunta son unos excelentes profesionales que trabajan con rigor, profesionalidad y sin otra presión que el cumplimiento de la ley». «Así lo dijo la asesoría jurídica», ha afirmado para recordar que así lo trasladó en el Tribunal Supremo cuando «algunos lo pusieron en duda». «Como siguió siendo puesto en duda, ahora los que dicen que los técnicos de la Xunta tramitan con rigor, con objetividad y sin otra presión que la ley es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea«, ha celebrado.

A juicio de Rueda, ahora «se abre un nuevo horizonte de proyectos industriales en Galicia» que espera que sea «respetado» y apelado a «quien tenga que tomar nota» a que lo haga «de una vez». «Ya está bien», ha afirmado.

Tras ello, ha agradecido el trabajo de todos los miembros de su Gobierno que «lucharon» por este asunto, citando a las conselleiras de Medio Ambiente, de Economía y al director de la Asesoría Jurídica de la Xunta. Además, ha pedido un «reconocimiento» para los funcionarios de la Xunta, «injustamente difamados» y «nunca suficientemente reconocidos por su valía». «Hacían su trabajo exactamente como lo tenían que hacer», ha destacado.

3.000 millones en inversiones

En paralelo, la Consellería de Medio Ambiente ha emitido un comunicado en el que valora que la justicia europea le dé la razón a la Xunta en la tramitación ambiental de los proyectos eólicos realizada en los últimos años.

Tras asistir a la lectura pública en Luxemburgo de la resolución judicial, la secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Carmen Bouso, ha expuesto que esta sentencia aporta la «seguridad jurídica que llevan exigiendo desde hace más de tres años tanto el Gobierno gallego como el propio sector para que se pueda desbloquear la parálisis eólica sin precedentes que sufre la comunidad».

La Xunta sostiene que «existe un bloqueo judicial sistemático a este tipo de proyectos, algo inédito también en el resto de Europa donde, de hecho, la implantación de las renovables está declarada de interés público superior».

Subraya que la más de 11 años de vigencia de la Ley de evaluación ambiental estatal «ningún tribunal español albergó dudas sobre si el procedimiento fijado en esta norma se ajustaba al derecho comunitario». «Fue el TSXG el primero en cuestionarlo a través de sucesivos pronunciamientos sobre las autorizaciones eólicas otorgadas en Galicia en los últimos años, haciendo una interpretación propia de la directiva de evaluación de impacto ambiental del Parlamento y del Consejo Europeo que contraviene el procedimiento de información y consulta pública simultáneo que lleva a cabo la Xunta en aplicación de la referida norma estatal», agrega la Administración gallega.

Acusa al alto tribunal gallego de «obviar por completo» la opinión del Tribunal Supremo «que entre diciembre de 2023 y marzo de este mismo año avaló la tesis de la Xunta con cuatro sentencias relativas a la repotenciación del parque eólico en Corme y al parque de Campelo«.

Tras el fallo comunitario, Carmen Bouso apela al TSXG a que no tiene ahora ningún «obstáculo» para retomar todos los pleitos que mantenía paralizados a la espera de obtener este pronunciamiento sobre la tramitación realizada por parte de la Xunta.

Actualmente, en Galicia hay 92 parques eólicos afectados por algún recurso judicial en curso, de los cuales 86 ya están suspendidos -70 de ellos paralizados por la prejudicialidad casacional y 16 por otras causas-, según los datos aportados por el Gobierno gallego. Todos estos parques, con una inversión estimada en 3.000 millones de euros, suman una potencia de casi 2.500 megavatios.