La patronal eólica aplaude el fallo del Tribunal Europeo pero teme que no hay “solución inmediata” para los parques

Distintas interpretaciones del fallo del tribunal europeo sobre la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a la pregunta de si la Xunta debió poner a disposición del público informes sectoriales sobre parques eólicos para que pudiesen, en su caso, formular alegaciones y participar en los procesos de toma de decisión sobre las autorizaciones de los proyectos antes de que los mismos fuesen aprobados.

El tribunal comunitario indica que la normativa “no se opone” a que las administraciones y los departamentos sectoriales implicados sean consultados, “al mismo tiempo que el público interesado, sin que este tenga derecha a formular posteriormente” más alegaciones. La Xunta y la patronal eólica entiende que este fallo avala su fórmula de tramitación y servirá para desbloquear cerca de 92 parques eólicos parados en los juzgados. No obstante, los colectivos ambientalistas de los que, en muchos casos, partió la ofensiva judicial no lo ven así. Unos y otros, en todo caso, parecen tener claro que la solución no va a ser inmediata.

«Un hito judicial»

EGA, la patronal eólica, indicó, tras conocerse el pronunciamiento de Luxemburgo, que “celebraba el pronunciamiento contundente y taxativo”. “Da la razón a la Xunta en cuanto a su forma de tramitar los proyectos eólicos y permite poner fin a cinco años convertidos en un desierto industrial en materia de energías renovables”, expresó, a la vez que manifestó su voluntad de que el fallo “sea un hito judicial que suponga un antes y un después en la reactivación y desarrollo del sector en Galicia”.

“La claridad del fallo debe llevar a despejar cualquier duda en la interpretación y aplicación de la normativa. Recordemos que hay alrededor de 250 contenciosos, que se corresponden con otros tantos recursos, interpuestos por diversas asociaciones antieólicas, donde se ponen en cuestión facetas de carácter ambiental y no de procedimiento”, apunta.

Más de 2.500 megavatios en juego

Según datos de la Consellería de Medio Ambiente, en la actualidad hay 92 parques que suman unos 2.500 megavatios con recursos judiciales en curso, de los 86 tienen su autorización administrativa suspendida por medidas cautelares. “Esta parálisis obedece a la posición adoptada por el TSXG, que hizo una interpretación de las medidas cautelares que determinan la práctica desaparición de las energías renovables en Galicia. Porque buena parte de estos proyectos están pendientes de resolución por parte del Tribunal Supremo como consecuencia de la posición del tribunal gallego. Esto se deriva de una interpretación judicial que no se compadece con la legislación vigente ni con la interpretación del Supremo, y ahora confirmada por el TJUE”, afirma EGA.

En todo caso, la patronal eólica gallega teme que el pronunciamiento “no resuelve” la situación “de forma inmediata”. Así, Para acelerar la solución a una parálisis, que teme no se lleve a cabo de forma «inmediata», opina que a «los centenares de expedientes que acumula el Superior (TSXG) debería dársele solución en distintos planos». «Conviene que las administraciones públicas realicen la trasposición pendiente de las directivas europeas del sector sobre el despliegue y aceleración de las energías renovables», expone, ya que «España acaba de ser advertida por segunda vez al respecto».

Continúan las paralizaciones

Exige que se adapte la legislación correspondiente, «asumiendo la jurisprudencia de las comunidades autónomas, del propio Estado y de la UE, en aras de integrar definitivamente el interés público superior de la energía como prevalente y como una manifestación más del interés ambiental».

Por su parte, la asociación ecologista Adega ha manifestado su “decepción” ante la decisión del TJUE. No obstante, ha indicado que, pese a ello, cree que el panorama no cambiará en gran medida. “Pese a sentirse decepcionada con esta interpretación de la norma que, claramente, va en contra del derecho a una participación pública real y efectiva, esta no va a repercutir en la mayoría de las paralizaciones cautelares hoy vigentes” por lo que quiere lanzar un “mensaje de tranquilidad a aquellas personas, entidades y plataformas vecinales que, legítimamente alcanzaron en el TSXG la paralización cautelar de los proyectos en base a otros motivos jurídicos, además del de las deficiencias en las tramitaciones de exposición pública, como los relativos a deficiencias en la evaluación ambiental o a los posibles casos de fragmentación fraudulenta de proyectos”.