Del Gobierno más progresista al más protestado: el frío invierno que le espera a Sánchez

Policías y guardias civiles, agricultores, funcionarios de Prisiones, camioneros, pensionistas saldrán a la calle en las próximas semanas para protestar contra el Gobierno de coalición

PP, Cs y Vox apoyan a Policía y Guardia Civil contra la 'Ley Mordaza' del Gobierno. Foto: Nuria Val/ED

PP, Cs y Vox apoyan a Policía y Guardia Civil contra la ‘Ley Mordaza’ del Gobierno. Foto: Nuria Val/ED

Las calles se llenan contra las políticas del Gobierno de coalición. Policías y guardias civiles, agricultores, funcionarios de Prisiones, de la Administración de Justicia, camioneros y pensionistas piden ya la vez para manifestarse en las próximas semanas contra las políticas aplicadas por Pedro Sánchez en estos sectores. Unas protestan que pondrán a prueba al Gobierno de coalición.

La manifestación de policías y guardias civiles que tuvo lugar el pasado miércoles en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana, mal llamada ‘Ley Mordaza’, dio el pistoletazo de salida a las protestas de hasta tres colectivos diferentes que protestarán la semana que viene.

Un calendario que se prolongará durante los próximos meses y que pondrá a prueba la fortaleza del proyecto de Sánchez para la segunda parte de la legislatura. Todo ello sin derrotar aún a la pandemia, sin haber recibido los fondos europeos, palanca para la recuperación económica que promueve el Ejecutivo, y con las elecciones a la vuelta de la esquina.

Los funcionarios de prisiones se adelantan a la Policía

Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) -una asociación constituida por trabajadores de prisiones y sin representación en la mesa sectorial- se concentró este viernes a las puertas de la sede central de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para protestar por la «criminalización» -dicen- que ha sufrido el colectivo por el episodio de la cárcel de Villena (Alicante).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa en octubre en la Moncloa. /EFE/Zipi
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa en octubre en la Moncloa. Foto: EFE/Zipi

La subdirectora de seguridad de este centro penitenciario fue detenida la pasada semana por la Guardia Civil por denuncia falsa y simulación de delito. La mujer aseguró en septiembre que fue amenazada y atacada por unos encapuchados en vísperas de prestar declaración en el marco de la investigación interna abierta por Interior por la actuación de tres trabajadores en la reducción de un recluso -enfermo mental- el pasado 16 de agosto en el módulo de aislamiento. Dos de los funcionarios fueron suspendidos de empleo y sueldo sin esperar a que terminaran las pesquisas de los investigadores del Instituto Armado.

Según los funcionarios de prisiones, esta «ha sido la gota que ha colmado el vaso» a sus habituales protestas por las demandas laborales vinculadas con la mejora de las condiciones.

Asimismo, los funcionarios de prisiones de Cataluña también se manifestaron este viernes asegurando que «no pueden más». Desde el sindicato CSIF señalan en un comunicado que «está claro que algo está pasando y que algo no está funcionando en el modelo penitenciario catalán». Explican que «en los últimos meses están viviendo episodios muy graves de violencia y se sienten olvidados por los responsables de los Servicios Penitenciarios de Cataluña que, ante estos preocupantes brotes de violencia, miran hacia otro lado y no mueven ficha.

Policías y guardias civiles volverán a la calle este sábado

Las concentraciones de este miércoles tan solo fueron el inicio de las protestas, que vivirán su momento culmen el sábado en Madrid. Desde Jupol, uno de los sindicatos policiales más importantes, espera que acudan 100.000 personas a la marcha convocada en tres días por las calles de Madrid y que terminará en la Puerta del Sol. «Será la mayor manifestación de policías nunca vista«, añaden desde la asociación.

Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) repasan los principales cambios que el Ejecutivo quiere introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana: las identificaciones en comisaría no podrán durar más de dos horas, algo que si en condiciones normales es posible, cuando hay que hacer traslados largos -véase en el medio rural- o hay muchos retenidos -por ejemplo, en algaradas-, o el sistema informático falla, por poner solo tres ejemplos, no hay forma de conseguirlo.

Manifestación de policías y guardias civiles en Madrid el pasado miércoles. Foto: ED

«Además que nos tienen como taxistas”, apuntan tras obligarles a devolverles al punto donde se practicó la detención. Asimismo, la reforma del Gobierno permitirá celebrar manifestaciones no planificadas de antemano y los sindicatos denuncian que «afectará a la presunción de veracidad de los agentes, siendo cuestionados solo por ser policías».

Pero el verdadero malestar para los agentes se centra en la «desprotección» que ellos sienten al leer la limitación del uso de material antidisturbios en la reforma de PSOE y Unidas Podemos. En especial de las pelotas de goma, que ya tachan como “un error garrafal” por parte del Gobierno y «de Interior por permitirlo», añaden.

«Esta lucha no va de siglas; es una reivindicación justa en la que tenemos que estar todos unidos contra una reforma que dilapida nuestros derechos», recuerda, por su parte, Pablo Pérez, portavoz nacional de Jupol.

Los agricultores adelantan sus protestas

Estaban previstas para el primer trimestre del próximo año, pero los acontecimientos de las últimas semanas -sobre todo por la brutal subida de los costes de producción- han adelantado las hojas en el calendario. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA lanzarán un «gran proceso de movilizaciones» en diciembre a nivel nacional que podría culminar con una gran manifestación en Madrid coincidiendo con la de los transportistas. 

Los agricultores y ganaderos denuncian que los costes de producción se han disparado a niveles «nunca vistos». En concreto, avisan de que los piensos se han encarecido un 30%, las semillas un 20 %, los abonos casi un 50 %, el agua un 33 % y los plásticos de los invernaderos un 46%. A eso se suman las subidas en el precio de la electricidad, el gasoil y el salario mínimo, lamentan las organizaciones agrarias.

El ministro de Agricultura, Luis Planas. Foto: EFE

Lejos de solucionarse, los problemas que vienen denunciando desde hace años se han agravado al dispararse el coste de los combustibles y de otras materias primas, lo que agrava la situación en la que se encuentran muchos agricultores y ganaderos por falta de rentabilidad. También el SMI ha subido un 29,7% en los últimos tres años. El sector agrario denuncia que los alimentos están encareciéndose a los consumidores mientras que ellos siguen sin cubrir sus costes. «Es necesario un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria», se quejan.

La patronal agraria reclama un apoyo «firme por parte de las Administraciones, a todos los niveles» y piden reunirse «de urgencia» con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y que se articulen «medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España». Desde el Ministerio de Agricultura aseguran que se les ha citado a estos colectivos, semanas después de que se articulen estas protestas, desvelan a Economía Digital. Ahora, lanzan un «SOS rural» para poner en marcha «un plan que salve al sector primario y, con él, a la principal actividad económica de los pueblos», detallan.

Los camioneros cortarán las vías

El Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC) ha declarado dos jornadas de cierre patronal entre el 20 y el 22 de diciembre, lamentando el «abandono» del Gobierno. El colectivo insiste en que solo se desconvocará si aprecian «un cambio radical y urgente por parte del Gobierno y de los clientes».

El transporte de mercancías por carretera reclama que se tomen medidas para que se haga efectiva la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones que, según denuncian, las empresas a las que prestan sus servicios les obligan a realizar. También piden al Gobierno que adopte medidas para mejorar las condiciones de los conductores y para contener el incremento de gastos al que se enfrentan por la subida del precio de los carburantes.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Foto: EFE

Desde el Ministerio confían en poder reconducir la situación y evitar la paralización del transporte de mercancías por carretera con la que amenazan las organizaciones empresariales y los sindicatos.

En el Ejecutivo no terminan de ver factible la posibilidad de imponer el carácter obligatorio de las cláusulas de revisión de precios del gasóleo ni la prohibición de que los conductores suban y bajen las mercancías de los vehículos. Pero las empresas del sector aseguran que o se prohíbe de manera tajante, o están vendidas.

Desde CCOO denuncian que «las empresas cargadoras y transportistas, con la finalidad de ahorrar costes y puestos de trabajo, (carretilleros, mozos de almacén), sobrecargan a las y los conductores tareas que no les pagan».

Los funcionarios de Justicia vuelven a las calles

Los funcionarios de Justicia ya pidieron el cumplimiento de los acuerdos y la dimisión de la ministra de Justicia, Pilar Llop, si no es capaz de «imponer a la de Hacienda lo pactado». Los sindicatos reclaman que se había alcanzado un acuerdo con Justicia para subir entre 80 y 195 euros el complemento específico del personal dependiente de este departamento de ciertas comunidades autónomas con el del resto de regiones, pero critican que Hacienda y Justicia se niegan a cumplir lo pactado en las mesas de negociación.

Como consecuencia, CCOO y el resto de sindicatos mayoritarios del sector de la Administración de Justicia han convocado una jornada de huelga general, el próximo 15 de diciembre, en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia. La huelga también afectará al resto de territorios, ya que ha sido convocado el colectivo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, responsables funcionales de las oficinas judiciales de todo el Estado, estén radicadas o no en comunidades autónomas con competencias transferidas. 

La ministra de Justicia, Pilar Llop, en rueda de prensa en La Moncloa. Foto: EFE/MONCLOA/Borja Puig de la Bellacasa
La ministra de Justicia, Pilar Llop en una rueda de prensa en Moncloa. Foto: EFE

CCOO y los sindicatos CSIF, STAJ y UGT han reclamado la intermediación del presidente Pedro Sánchez y de la vicepresidenta Yolanda Díaz para que se cumpla con el compromiso del Gobierno de coalición con la negociación colectiva que «no puede entenderse de otra forma que cumpliendo los acuerdos que se adoptan en las mesas de negociación», afirman desde CCOO. 

«No será la última protesta si el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno en su conjunto no rectifican en este ataque frontal a los derechos del colectivo de empleados y empleadas públicas de la Administración de Justicia», advierten desde el sindicato.

La crispación social va en aumento durante los últimos días después que los trabajadores del metal de Cádiz comenzaran una serie de protestas y huelgas para demandar mejoras en sus condiciones laborales.

A punto de alcanzarse el ecuador del mandato, el malestar se ha instalado en la calle como no se veía desde la crisis financiera, al inicio de la etapa de Mariano Rajoy. Unas protestas que pronostican un invierno de gran crispación social en España.