Escrivá une a sindicatos y patronales en contra de su reforma de las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. EFE

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha logrado unir tanto a sindicatos como a patronales en contra de su propuesta para reformar las pensiones. Durante la mesa de diálogo social, que ha tenido lugar este jueves, los colectivos de trabajadores y de empresarios han mostrado su rechazo hacia la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años que pretende poner en marcha el titular de Seguridad Social.

Si bien, a ojos del Ministerio, una extensión del periodo de cómputo de la pensión permitiría «proteger mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales», los sindicatos no han visto la necesidad de aplicar una medida de este tipo y han remarcado que no cuenta con el respaldo político suficiente. En esta línea, la CEOE ha dejado bien claro que ve difícil llegar a un acuerdo con el Gobierno para la segunda fase de la reforma de las pensiones.

A lo largo de la reunión, según han detallado fuentes del ministerio de Seguridad Social a Europa Press, Escrivá ha concretado a los agentes sociales en cifras el impacto que conllevaría la puesta en marcha de la propuesta. Tras informar a sindicatos y empresarios que se recogerán las propuestas formuladas en el encuentro, el Gobierno les ha convocado nuevamente para el 12 de diciembre.

Sindicatos y empresarios rechazan la propuesta

Los colectivos de trabajadores no consideran apropiada la propuesta, puesto que, a su juicio, la ampliación del periodo de cálculo no es una recomendación del Pacto de Toledo. Asimismo, entre las distintas razones que han esgrimido para no dar su respaldo a la medida, destaca la falta del apoyo político necesario. No obstante, sí que han mostrado su conformidad respecto la subida de las bases máximas de cotización así como de la cuantía de la pensión máxima.

Tampoco ha dado su visto bueno la CEOE. «Los partidos políticos tienen que decirnos lo que tenemos que hacer», ha destacado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, a la vez que ha emplazado a la convocatoria de la Comisión del Pacto de Toledo para «ver qué sucede con las pensiones en los próximos 20 años».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EFE/ Luis Millán.

La vicesecretaria ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, también ha subrayado que la propuesta no forma parte del Pacto de Toledo. En esta línea, ha insistido en que debe contar con el respaldo suficiente dentro del propio Ejecutivo y del Congreso de los Diputados. Con todo, ha manifestado que desde ATA consideran que el periodo de cómputo de la pensión habría de extenderse a toda la carrera laboral.

Ampliación progresiva del periodo de cálculo hasta los 30 años

A comienzos de esta semana, el Ministerio trasladó la propuesta a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Como punto de partida para la negociación, incluyó la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038. De esta manera, a lo largo de esos años, el periodo de cómputo de la prestación iría aumentando cinco meses por año, pero el trabajador tendría la posibilidad de elegir los tres meses que más favorezcan para jubilarse y descartar dos.

Además, el Gobierno también sugirió la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones. En concreto, al Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, sumándole un aumento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Por tanto, durante este periodo, se fijaría en las leyes de Presupuestos de cada año la subida de las bases máximas de cotización, en función del IPC y del la subida adicional mencionada anteriormente. Cabe destacar que, en el caso que la inflación que se tomase como referencia registrase un valor negativo, únicamente se aplicaría el incremento extra de 1,154 puntos.

A la subida de las bases máximas de cotización, le acompañaría un incremento de la pensión máxima, si bien no sería en la misma proporción. Por tanto, la propuesta del Gobierno es que la pensión máxima se eleve también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima, más un porcentaje adicional de 0,115 puntos.

A partir del 2050, se fijaría el incremento adicional a aplicar en la pensión máxima en el marco del diálogo social, según la propuesta del Ministerio, «hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%». De la misma manera que con las bases de cotización máxima, en este caso también se elevará en el incremento adicional de 0,115 puntos, si la inflación marca una cifra negativa.

El objetivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es llegar a un acuerdo con los agentes sociales antes de acabar el año para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.