Sánchez propone reforzar Protección Civil para coordinarse con las CCAA ante incendios y Danas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado arranque al curso político desgranando las líneas principales de lo que pretende que sea un gran Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, una propuesta a la que intenta atraer al resto de fuerzas parlamentarias, ante la urgencia de unos fenómenos meteorológicos cada vez más adversos y que en los últimos años han costado 32.000 millones de euros de recursos públicos, superior al gasto en Educación.

En un acto en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, y ante la plana mayor del Gobierno, Sánchez ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la hoja de ruta y las líneas fundamentales de ese futuro acuerdo, unas negociaciones que liderará la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en su condición de titular de Medio Ambiente.

La principal novedad en el discurso de Sánchez ha sido la propuesta de reforzar Protección Civil, ahora mismo una dirección general en el seno del Ministerio de Interior, para convertirla en una Agencia Estatal, lo que daría mayor margen de maniobra y permitiría mejorar la coordinación con comunidades autónomas y Ayuntamientos en las labores de extinción de incendios o frente a inundaciones, con el recuerdo de la Dana en Valencia del pasado 29 de octubre aún muy presente.

La propuesta del Ejecutivo pasa por crear fondos permanentes, con presupuesto nacional y autonómico, para acelerar la reconstrucción de los municipios afectados por los desastres climáticos. Además, las Administraciones tendrán que comprometerse a mantener todo el año los medios técnicos y humanos necesarios para la prevención de estos eventos extremos.

«De nada sirve ahorrarse un euro en prevención si luego hay que gastarse cien en la respuesta y mil en la recuperación«, ha dicho el presidente, subrayando la cifra de los 32.000 millones gastados en el último lustro.

Las propuestas del Ejecutivo también pasan por cambios en la gestión forestal y una Respuesta Nacional de Resiliencia Hídrica, así como cambios legislativos frente a las olas de calor cada vez más intensas, adaptando la normativa laboral y también fomentando una red de refugios climáticos en todo el país.

El presidente ha insistido en que el papel del mundo rural es necesario para la conservación del medio ambiente, para lo que ha propuesto ayudas económicos o incentivos fiscales que promuevan la repoblación.

Otros principios en su propuesta incluyen promover desde las instituciones una cultura cívica de la prevención y el compromiso a acelerar la transición ecológica de todas las administraciones, incluida la Unión Europea, donde en la última legislatura se ha producido un retroceso en la ambición de los compromisos climáticos.