Estos son los cambios clave de la nueva factura electrónica para 7 millones de pymes y autónomos

La obligatoriedad de la factura electrónica para pymes y autónomos en España se ha convertido en 2025 en un auténtico desafío para cerca de siete millones de negocios.

La nueva implementación a irrumpido transformando la gestión administrativa diaria y generando notables tensiones por la complejidad técnica, la falta de información y los costes de adaptación a la nueva normativa.

La aprobación de la Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas (Ley Crea y Crece) supone la implantación obligatoria y progresiva de la factura electrónica para todas las operaciones B2B (empresa-empresa/profesional).

El objetivo de la norma es combatir la morosidad, reducir el fraude fiscal, mejorar la trazabilidad y digitalizar el tejido empresarial español, donde el 90% son microempresas o pequeñas firmas.

La ley establece varios hitos:

Empresas con facturación superior a 8 millones de euros: obligación de adaptación en 2025 (un año tras publicación del reglamento específico).
Aquellas con facturación igual o inferior: plazo de dos años para adaptarse.
Para el colectivo de autónomos, la factura electrónica será obligatoria a partir del 1 de julio de 2025, sin excepciones.

El incumplimiento acarreará sanciones económicas (de 150 hasta 50.000 euros), imposibilidad de deducción de gastos e incluso nulidad de las facturas emitidas por canales no homologados.

Además, los sistemas deberán garantizar la interconexión entre plataformas y la conservación de facturas durante cuatro años, facilitando la trazabilidad ante la Agencia Tributaria y los propios clientes.

Retos y resistencia en pymes y autónomos

La transición está siendo todo menos sencilla. Datos recientes muestran que el 79% de las pymes aún no está preparada para cumplir plenamente con la regulación, y más de la mitad cita dificultades de integración tecnológica y costes como principales obstáculos. Los retos destacados por las propias pymes y expertos en transformación digital son:

Resistencia al cambio y falta de formación digital: Muchas pequeñas empresas siguen trabajando con procesos manuales o en papel, y denuncian una baja capacitación en software de gestión.
Costes de implantación: Aunque existen plataformas gratuitas y subvenciones, la integración real con programas contables y de gestión puede superar los 1.000 euros de inversión inicial para una pyme, a lo que se suma el coste de formación y mantenimiento.
Obstáculos legales y operativos: Dudas sobre los formatos (ya no vale el simple PDF), la validez legal de las facturas, el uso de “hash” y la integración con la agencia tributaria (sistemas como Verifactu serán obligatorios a medio plazo).
Falta de información clara: Entre los encuestados, un 44% confirma que el mayor problema ha sido la carencia de orientación y el desconocimiento sobre proveedores homologados y estándares técnicos.

Por todo ello, muchas organizaciones han empezado a recurrir a gestorías especializadas para digitalizar flujos de trabajo y asegurarse de evitar sanciones, errores o facturas anuladas por la administración.