La licencia para construir viviendas pasará de tardar dos años a seis semanas en la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat Valenciana se instala en el concepto de "compensación" de la deuda para no enfrentarse a Ayuso mientras busca armarse de aliados para generar una vía valenciana de financiación a la que se sumen otras autonomías

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El presidente de la Generalitat, Carlos Mazon, se ha reunido con la alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá para diseñar una hoja de ruta en la que se incrementen los ingresos de la Generalitat mientras se afronta la situación de deuda insostenible que lastra a la Comunidad Valenciana. Por la parte los ingresos, la propuesta Mazon consiste en una modificación de la Lotup, es decir, la Ley de Ordenación del Territorio, Paisaje y Urbanismo, mediante la cual se incorpora la declaración responsable para las licencias de los proyectos base.

«Hay 1.600 viviendas afectadas en la ciudad de Valencia», ha explicado Mazón, que ha incidido en que las trabas burocráticas «afectan a la necesidad habitacional» mientras ha asegurado que su propuesta «va a suponer menos burocracia y se va a abaratar la vivienda porque los costes de tiempo se van a reducir». La propuesta consiste en pasar de los hasta dos años que se tarda actualmente en conseguir la licencia para construir a una espera de «cuatro, cinco o seis semanas».

Desde el sector promotor se ha revindicado la agilización de esta licencia porque, según explican fuentes del sectot, hasta que el empresario no la tiene no puede empezar la comercialización de la vivienda y, según las condiciones de cada banco, hasta que no consigue un alto nivel de preventas no obtiene la financiación completa para realizar la vivienda.

Esta modificación se incluirá en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2024 e irá junto a otras medidas respecto a la vivienda, entre las que destacará la bajada progresiva de impuestos. En concreto, bajará del 10% al 6% el impuesto de transmisiones patrimoniales en las viviendas de menos de 250.000 euros.

Compensación: más que condonación al incluir interés de demora

Mientras por un lado se trabaja por la reactivación económica, Mazón mostró su lado reivindicativo explotando el término «compensación» como palabra de referencia al hablar de la deuda. No entró en detalle ni lo comparó con «condonación», que es lo que pide Cataluña (pero sólo para esta comunidad autonóma) y a lo que se opone Ayuso (ya que la compensación del FLA no le afectaría a Madrid ya que no acudió a este mecanismo de financiación).

La explicación de Mazón es que la Comunidad Valenciana pide una respuesta a una «situación excepcional porque sólo la Comunidad Valenciana lleva interminablemente siendo la última en financiación». De ahí viene la petición de una «compensación» mientras se advierte de que está calentando motores para una progresiva y creciente reivindicación de financiación e inversión y censura «los rumores de volver a pactar en el cuarto oscuro del separatismo, de prebendas y privilegios», que le causan «pavor e indignación» sean algo más que una «serpiente de verano».

La petición de Mazón, por tanto, va más a allá de que la Comunidad Valenciana deje de tener la losa de 55.000 millones de deuda, que es lo que entraría dentro del concepto más limitado de «condonación» sino que plantea un nuevo sistema de finanaciación que no vuelva a generar el exceso de deuda que se ha acumulado en los últimos años por la falta de finanaciación corriente. Incluso introdujo un tercer factor: «En el registro mercantil se piden intereses de demora. No puede haber una financiación sin una compensación sobre lo perdido».

Esta definición de «compensación» es con la que Mazón quiere desligarse de las peticiones de otras regiones. Está lejos de la postura de Ayuso pero tampoco se quiere enganchar a la postura que capitenée Andalucía u otra región. «Lo que creo es que hay que luchar para ver quién se alinea con la Comunidad Valenciana», apuntó el presidente de la Generalitat.

El soterramiento de Serrería está parado desde 2021

El tercer bloque de la reunión entre Mazón y Catalá versó sobre la el soterramiento de las vías de Serrería, para lo cual ambos acordaron pedir de manera inminente por carta al Ministerio de Transportes una reunión para abordar dichas obras. Maria José Catalá ha informado: «Hemos conocido vía Transparencia de que el estudio informativo de las vías de Serrería, cuyo proyecto tiene un montante de 150 millones de euros, se había suspendido por parte del Ministerio de Transportes de forma indefinida en diciembre de 2021».

Catalá ha recordadado que «hemos escuchado al PSPV decir que ese proyecto seguía en vías de estudio informativo. Lo ha dicho en 2022 y en 2023». Los 150 millones que necesita el soterramiento de las vías de Serrería, cuyas obras forman parte del corredor mediterráneo, fueron comparadas por Catalá con «1.600 millones de euros que ha puesto Pedro Sánchez para soterrar vías en Moncada i Reixach».

Mazón, que formará tandem con Catalá en la reivindicación de estas obras para la ciudad de Valencia, ha contestado que aprovechará la reunión con el Ministerio para pedir que se aprueben las obras que permiten terminar la ampliación norte del Puerto de Valencia. La petición de dicha reunión se formulará en breve aunque se calcula que hasta que no se forme nuevo gobierno hay escasas posibilidades de que se produzca el encuentro. En lo que depende de Mazón y Catalá, que es proponer al sustituto de Joan Calabuig como presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia el calendario previsto para el cambio es «las primeras semanas de septiembre».

Entre las cuestiones que no contestaron ni Mazón ni Catalá estuvo la hoja de ruta de Feria Valencia. La atención a los medios de comunicación se produjo dos horas después de la hora oficial de inicio de la reunión y tras atender a la prensa durante algo más de media hora, la reunión continuó porque «hay muchos aspectos que tenemos que tratar».

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