Canarias, Murcia, Extremadura y Andalucía: las CCAA a las que más golpea cada subida del SMI

A pocos días de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reúna a la Comisión de Expertos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para comenzar con los preparativos de la subida para 2026, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha publicado una serie de estudios sobre los efectos de las alzas anteriores en el mercado laboral. Y cada vez que se ha elevado este mínimo sueldo posible, los efectos han sido más fuertes en Canarias, Murcia, Extremadura y Andalucía.

En concreto, la subida correspondiente de 2023, la última analizada por la Autoridad Fiscal de cara al examen de sostenibilidad de las pensiones, que fue del 8% (de 1.000 euros por paga a 1.080 euros), tuvo una intensidad del 4,6% sobre el empleo, según un índice creado por la institución que mide de manera simultánea el aumento salarial y el número de trabajadores afectados en el mercado.

Pero este impacto fue muy desigual en el territorio, en función de la especialización por sectores y también de los salarios medios en cada una de las comunidades autónomas. Así, y excluyendo a Melilla (14,1%) y Ceuta (10,5%) por la especificidad y tamaño de sus mercados laborales, la subida del SMI tuvo una intensidad del 9,6% en Canarias, del 8,1% en Murcia, del 7,5% en Extremadura y del 5,4% en Andalucía. Son, según la Autoridad Fiscal, «regiones con menor nivel salarial estructural».

Al otro lado, el incremento del SMI tuvo efectos mucho más moderados en mercados laborales como el del País Vasco (2,5%), Navarra (2,8%) o las Islas Baleares (3,2%).

Las posiciones prácticamente replican el análisis sobre la subida de 2019, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez llevó a cabo una gran revalorización, pasando de 735,9 euros al mes a 900, un 22,3% más.

Aquí, el ‘golpe’ fue del 8,6% en Melilla, del 7,4% en Ceuta, del 6,7% en Canarias, del 5,7% en Extremadura, del 3,9% en Murcia y del 3,7% en Andalucía. Prácticamente la mitad que la subida del 2023, un fenómeno que en la Airef achacan a que las consiguientes subidas del SMI, aunque sean en menores cuantías, afectan cada vez a un número mayor de trabajadores y, por tanto, a una proporción superior del mercado laboral.

«Este aumento se debe principalmente al crecimiento en la proporción de trabajadores afectados, que explica más del 80% de la variación total. Por tanto, el mayor impacto de la medida en 2023 responde a un mayor alcance entre los perceptores del SMI, más que a un incremento en la magnitud del ajuste individual requerido», señala el documento técnico publicado este lunes.

La subida del SMI de 2023 tuvo más intensidad entre las mujeres (5,2%), entre los jóvenes de 16 a 25 años (12,1%) y entre los trabajadores de nacionalidad extranjera (8,2%), todos ellos colectivos donde hay una mayor proporción de trabajadores que perciben esta mínima retribución posible. Por sectores, impactó más en el campo (8,6%), que en los servicios (5,4%) o en la Industria (2,4%).

Según la Airef, los incrementos del SMI cada vez van a alcanzar a un mayor número de trabajadores, por lo que aumentará la proporción de colectivos afectados, regiones y sectores. «Esta evolución refuerza la necesidad de dar un seguimiento continuo a los efectos de las subidas del SMI sobre el empleo, los márgenes empresariales y la dinámica salarial, especialmente en colectivos vulnerables», alerta la Autoridad Fiscal.

En términos agregados, la Autoridad Fiscal calcula que las subidas del SMI han tenido un efecto limitado sobre el empleo. Así, si bien cifran en 65.000 puestos de trabajo los que se dejaron de crear en 2019 por la revalorización de aquel año y en hasta 85.000 los de 2023, apuntan a que los efectos sobre la demanda (más consumo) compensaron estas externalidades negativas, teniendo un impacto prácticamente nulo. A futuro, una mayor cuota del mercado controlada por el SMI podría tener un mayor impacto en términos de potencial de empleo no creado.

El estudio, que también abarca todas las medidas de reforma laboral adoptadas desde 2020, concluye que el efecto ha sido «limitado, aunque ligeramente positivo» sobre la actividad económica, el empleo y las cotizaciones sociales. Además, habría mejorado la probabilidad de inserción en el mercado laboral (también de manera leve, tanto en la probabilidad de pasar del empleo al paro, como viceversa), reduciendo la temporalidad y con mayor proporción de empleos indefinidos.