El Gobierno prorroga nueve meses después el cese de actividad para los autónomos afectados por la DANA

El Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-Ley que prorroga, de manera retroactiva al 1 de febrero, el 'paro' de los autónomos y aprueba nuevas líneas de créditos y avales del ICO

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Jesús Hellín / Europa Press

El Gobierno ignora las presiones de Junts y ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un Real Decreto-Ley de ayudas por la Dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia hace ahora un año, con medidas como la prórroga de manera retroactiva del cese de actividad para los autónomos afectados que lo percibieran a 31 de enero de 2025, nuevas líneas de crédito o subvenciones para la compra de vehículos.

El Ejecutivo aprovecha la efeméride para aprobar más medidas, que tendrán que ser avaladas en el Congreso de los Diputados, y recupera la promesa de prorrogar el conocido como ‘paro de los autónomos’, nueve meses después de que expirara, de manera retroactiva.

Así, los empleados por cuenta propia que fueran beneficiarios de esta prestación tendrán 21 días a partir de que se publique esta norma en el BOE para pedir la prórroga, con efectos desde el 1 de febrero. En caso contrario, se percibirá el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.

Seguridad Social también da la posibilidad de aplazar el pago de cotizaciones, con un tipo de interés del 0,5%, «mucho menor al habitual», dicen desde el Ejecutivo en una nota de prensa. El aplazamiento puede solicitarse para las cuotas correspondientes entre los meses de noviembre de 2025 a enero de 2026, en el caso de empresas, y entre los meses de diciembre de 2025 a febrero de 2026, en el caso de trabajadores autónomos, siempre que estén al corriente de pago y no tengan otro aplazamiento en vigor.

El Gobierno también ha aprobado una nueva Línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con dotación de los fondos europeos del Plan de Recuperación en respuesta a desastres naturales, por valor de 750 millones de euros en financiación y 180 millones en ayudas para pymes. También se pone en marcha un programa de avales de hasta 5.000 millones de euros, disponible hasta diciembre de 2040, para dar liquidez inmediata a hogares, empresas y autónomos afectados por emergencias de protección civil.

El texto aprobado este martes amplía las ayudas del Plan Reinicia Auto+ hasta el 31 de diciembre y también el FEPYME Dana. El primero está dotado con 465 millones de euros y colaboran 1.300 concesionarios de coches. El segundo, cuenta con un presupuesto de 350 millones y dirigido a pequeñas y medianas empresas del sector industrial, turístico y servicios, se amplía su ámbito de actuación a pymes y startups de toda España que presenten proyectos para reducir el impacto del cambio climático.

En cuanto a la vivienda, la nueva Entidad Estatal de Vivienda podrá destinar recursos para la adquisición de viviendas en la zona afectada a la adecuación de viviendas adquiridas o a promoción de casas nuevas en suelos que determinen los municipios afectados. La norma incluye fondos para facilitar el traslado de personas titulares de viviendas en zonas inundables a otras seguras y se amplían las ayudas a entidades locales para que acometan obras de mejora, ampliación y adaptación de infraestructuras para prevenir futuros riesgos, especialmente los derivados del cambio climático y las inundaciones.

El Real Decreto-Ley amplía las ayudas a las entidades locales afectadas, que podrán destinarlas a la reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, provincial o insular, incluyéndose obras de reparación, restitución o reconstrucción de la red viaria, de hasta el 100% del coste.

En el sector cultural, el Gobierno aprueba ayudas de un millón de euros. También en materia de servicios sociales, ampliando los plazos de ejecución de las ayudas por valor de 40,5 millones de euros entregados a los ayuntamientos para prestaciones básicas de servicios sociales hasta el 31 de diciembre de 2026.

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