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Celsa analiza demandar al expresidente Francesc Rubiralta
Las acciones legales de la nueva dirección de la empresa son por los presuntos créditos que Rubiralta habría otorgado a empresas de su familia
El presidente de Celsa, Rafael Villaseca, y el consejero delegado, Jordi Cazorla. Foto Celsa
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Celsa está contemplando iniciar acciones legales contra su ex presidente, Francesc Rubiralta, debido a supuestos créditos otorgados a empresas patrimoniales de la familia, y que actualmente se encuentran en concurso de acreedores.
Así fue revelado en la orden del día de la junta general de accionistas de Inversiones Pico Espadas, publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), precisa Europa Press con informaciones de La Vanguardia.
El valor de estos créditos alcanza los 539 millones de euros y, hasta la fecha, son considerados incobrables, tal como había precisado el actual presidente de Celsa, Rafael Vilaseca, en la presentación de resultados de la firma.
El 25 de junio se decidirá
El séptimo punto del orden del día contempla el «ejercicio de acciones legales y acuerdo previo antes del inicio de la acción social de responsabilidad contra Francesc Rubiralta Rubió«.
La empresa tiene programada la celebración de la junta de accionistas el martes 25 de junio en su sede en Castellbisbal (Barcelona), ubicada en el Polígono Industrial San Vicente, con opciones de participación presencial y telemática.
Además, dentro del orden del día se incluye la propuesta de fijar en ocho el número de miembros del consejo, así como el nombramiento de Daniel de Escondrillas Labad y Antonius Ron Deelen como consejeros.
El saneamiento financiero de Celsa
Según describió Cazorla en la presentación en resultados en abril, de los 3.794 millones que Celsa tenía de deuda cuando los Rubiralta estaban al frente, se ha logrado reducir hasta los 2.316 millones, en parte gracias a la capitalización de 1.209 millones, y a que se ha prolongado los vencimientos a cinco años.
La reestructuración de la compañía tuvo un agrio enfrentamiento judicial entre la familia fundadora y los acreedores, encabezados por el Deutsche Bank y los fondos SPV Global, Sculptor Investment y Anchorage Capital.
Dado que el gigantesco pasivo era mayor que el valor de la empresa (lo cual motivó otro capítulo del enfrentamiento judicial), los Rubiralta poco pudieron hacer, sobre todo cuando el juzgado mercantil número 2 de Barcelona dio luz verde al plan de reestructuración de los acreedores y cedió el control de la sociedad.
