La CNMV ‘ficha’ a abogados que trabajan en la fusión de Indra y Escribano para revisar el Código de Buenas Prácticas

La CNMV constituirá un grupo de expertos para revisar el Código de Buenas Prácticas en pleno proceso de fusión entre Indra y la empresa de los hermanos Escribano.

Archivo – El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ‘ficha’ a despachos y abogados que trabajan en la polémica fusión de Indra con la empresa de su presidente, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), para revisar el Código de Buenas Prácticas de las empresas cotizadas.

El regulador del mercado español comunicó el martes que constituirá, en las próximas semanas, un grupo de expertos en gobierno corporativo «integrado por representantes de entidades cuya labor será apoyar y asesorar a la institución en los trabajos de revisión del Código».

El organismo presidido por Carlos San Basilio señaló que, desde la última revisión de dicha norma, en 2020, «se han producido desarrollos normativos e iniciativas de importancia, tanto a nivel nacional como internacional, que impactan directamente sobre el gobierno corporativo y que hacen recomendable realizar ciertas adaptaciones del Código».

La fusión planteada de Indra y EM&E está valorada en más de 1.000 millones

Entre los expertos que formarán parte de ese grupo que asesorará en la revisión del Código se encuentran tres de los mayores despachos de abogados en España, Uría, Cuatrecasas y Garrigues, además de otras instituciones como Banco de España, Unespa o CECA.

Según publicó el diario Expansión el pasado mes de julio, Indra ha contratado a Garrigues para redactar un protocolo de actuación ante la integración de EM&E en la multinacional española de Defensa.

La CNMV añadió en su comunicado del martes que entre los expertos que asesorarán en la revisión del Código figurará también, «a título personal», Sebastián Albella, expresidente de la CNMV e impulsor de la última modificación del Código en 2020.

El expresidente de la CNMV, Sebastián Albella. EFE/J.J. Guillén

En la actualidad, Albella es socio del departamento de Derecho Mercantil y Fusiones y Adquisiciones del bufete Linklaters. La empresa de los hermanos Escribano ha contratado a Linklaters como asesor en la posible venta a Indra, valorada en más de 1.000 millones.

La posible integración de EM&E en Indra ha llamado la atención de expertos en derecho mercantil, que han advertido a la CNMV sobre la misma. Hace dos semanas la Fundación Hay Derecho envió una carta al regulador reclamando una investigación sobre la operación.

La Fundación, con una acción de Indra, advirtió en su carta de «posibles infracciones de las normas de gobierno corporativo, conflictos de interés y falta de transparencia«.

También destacó que la compra podría suponer una acción concertada entre accionistas (los hermanos Ángel y Javier Escribano, con el 14%; la Sepi, primer accionista con cerca del 29% de Indra; y el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, con el 7%), que superarían el 30% del grupo español estando obligados en ese caso a lanzar una opa por el 100%.

No es la primera vez que Indra pone a prueba el nivel de exigencia de la CNMV.

En 2022, estando presidida la CNMV por Rodrigo Buenaventura, e Indra por Marc Murtra, el regulador investigó durante meses una posible concertación entre accionistas ante el incremento de la participación de la Sepi en la multinacional española.

En junio de 2022, en Junta de Accionistas, el dueño de Prisa, Joseph Oughourlian, con el 7% de Indra, propuso el cese de consejeros independientes que recelaban del aumento de la participación de la Sepi.

En diciembre de 2022 la CNMV concluyó que no hubo concertación, pero subrayó que la operación se había llevado a cabo fuera de «los estándares de una sociedad cotizada«.

En esta ocasión, la fusión proyectada entre Indra y EM&E cuenta con el apoyo del primer accionista, la Sepi; los hermanos Ángel y Javier Escribano (presidente y consejero de Indra, respectivamente); el consejero delegado, José Vicente de los Mozos; y Oughourlian. Solo el grupo de armamento vasco Sapa, con el 8% de Indra, habría mostrado su rechazo a la operación.

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