Agricultores y ganaderos gallegos reciben con alivio el paso del Parlamento europeo para frenar el acuerdo con Mercosur
Consideran que las noticias que llegan de Bruselas son esperanzadoras a pesar de que, aunque se suspenda el proceso de ratificación del pacto, podría haber una aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea
Hoguera de manifestantes de la tractorada que rodea la Muralla de Lugo desde el pasado lunes, frente a la Delegación de la Xunta de Galicia en Lugo- Carlos Castro – Europa Press
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Satisfacción en el campo gallego ante nueva decisión sobre Mercosur. Ganaderos y agricultores gallegos han recibido «positivamente» la decisión del Parlamento Europeo de denunciar el ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario. En la práctica se suspenderá el proceso de ratificación del pacto, aunque no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.
Los ganaderos concentrados en Lugo tomarán esta noche una decisión sobre la continuidad de la protesta. En el décimo de día de manifestaciones y concentraciones en la ciudad amurallada, la noticia ha sido acogida con mucha alegría por parte de los manifestantes, que ya habían avanzado su intención de buscar otras vías de protesta puntuales sacando a los tractores de las calles, ya que cerca de 150 se mantienen desde el pasado 12 de enero ocupando uno de los carriles de la ronda de la Muralla. El cansancio y la necesidad de continuar atendiendo las explotaciones ha pasado factura a los manifestantes que por lo menos una vez al día se movilizan por las calles, lo que provoca un caos circulatorio.
Así, las entidades convocantes de estas acciones, Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, esperarán a la reunión que mantendrán a partir de las 22.00 horas de este miércoles, como hacen todos los días, para tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de la protesta.
Consideran que las noticias que llegan de Bruselas son esperanzadoras a pesar de que, aunque se suspenda el proceso de ratificación del pacto, podría haber una aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.
La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo promovida por la izquierda europea ha salido adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones; mientras que ha decaído una segunda iniciativa similar, esta vez avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, que ha sido rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.
Para Agromuralla, el paso dado de someter a la justicia europea este tratado es un «paso necesario que ya se tenía que haber dado», explica su presidenta, Noelia Rodríguez.
«La perspectiva jurídica es siempre muy necesaria, para todas las partes, tanto para detractores como para simpatizantes del acuerdo. No hay que olvidar que estamos hablando de un tratado con países que tiene una normativa muy diferente a la nuestra y que un órgano jurídico valore si son compatibles es impreccindible», ha concluido.
Para los manifestantes lucenses, la presión social hecha por todas las organizaciones en diferentes puntos de España, Galicia y Europa ha sido «crucial» para llegar a este punto. También suponen que continuar con las protestas o cesar estará condicionado a la decisión que se tome en el Tribunal.
Protestas en Ourense
Mientras, en Ourense, Miguel Gómez, ganadero de Maceda portavoz de las protestas, advierte de que van «a seguir protestando», si bien analizarán entre los participante el futuro de las movilizaciones.
Advierte de que «esto no está ganado», aunque considera «un gran logro» este paso de la Eurocámara. «Si España no se lanzase a la calle, Francia no podría haberlo conseguido sola; si en Ourense, independientemente de que todo el mundo dijese que no era el momento, si no hubiésemos salido a las calles creo que el resto de España no lo habrían hecho tampoco», opina. «Hemos demostrado que un pueblo unido puede cambiar muchas cosas que de primeras creemos que son incambiables», agrega.
Señala que los ganaderos tienen que seguir manifestándose por problemáticas ocmo la vacunación contra la enfermedad nodular o la futura Política Agrícola Común (PAC). «Queremos una reunión con un cargo del Ministerio de Planas, hasta que no tengamos esa reunión no nos vamos a mover», advierte, y barajan moverse a protestar a otros lugares.
Un control “imprescindible”
Por su parte, Unións Agrarias valora «positivamente» la decisión del Parlamento Europeo. «En un acuerdo tan importante como UE-Mercosur, poner el proceso bajo control jurídico no solo es razonable, es imprescindible», razona.
Llama a aclarar las dudas jurídicas antes de seguir adelante con un acuerdo de este alcance, lo cual considera que «no es poner palos en las ruedas, sino actuar con responsabilidad». «La seguridad jurídica es una garantía para todos, no un obstáculo», apostilla.
El sindicato agrario explica que con esta decisión se abre ahora una fase de espera en el proceso de ratificación. «Esa espera durará hasta que el Tribunal emita su dictamen, un proceso que puede llevar tiempo, pero cuyo resultado será vinculante desde el momento en que se conozca», relata.
Y explica que ese dictamen puede tener distintos efectos: desde frenar el acuerdo tal y como está, hasta permitir que siga adelante pero con cambios y condiciones.
Recuerda que esta decisión de la Eurocámara frena la ratificación definitiva del acuerdo, pero no la aplicación, aunque provisional. «Esa aplicación provisional, que puede decidir el Consejo de la Unión Europea, haría que partes del acuerdo entraran en vigor en la práctica, sin ratificación parlamentaria y sin dictamen jurídico. Y eso supone un riesgo evidente de inseguridad, especialmente para los sectores más expuestos», insiste.
«Por eso ahora el Parlamento Europeo tiene que decidir si da un paso más y adopta medidas para evitar que el acuerdo se aplique provisionalmente mientras no exista una base jurídica clara y definitiva». Unións Agrarias asegura que va «a seguir trabajando durante este periodo de espera, en contacto con los sectores más afectados».
«Nuestro objetivo es claro: si este acuerdo acaba avanzando hacia la ratificación, debe hacerlo con garantías reales, con reglas claras y con mecanismos de control efectivos. Porque no se puede aplicar un acuerdo de estas dimensiones sin seguridad jurídica para el sector agrario. Y eso requiere trabajo, no consignas simples», concluye.
