La rehabilitación de edificios 'se come' cuatro de cada diez euros que la Xunta dedica a vivienda

Un informe detalla cómo se desglosa el gasto que las comunidades autónomas dedican a los denominados «servicios no esenciales». El documento publicado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) desgrana el esfuerzo presupuestario que dedican los diferentes gobiernos regionales a áreas de cultura, promoción económica, transporte, vivienda, medio ambiente o cooperación exterior.

De acuerdo a estos datos, Galicia dedica a estas partidas un gasto equivalente a 944 euros por habitante. Se trata de un 26% del total de gastos no financieros (el 74% restante va a parar a sanidad, educación y protección social) y supone una cifra ligeramente inferior a una media estatal que se sitúa en los 956 euros.

Según el estudio elaborado por Xoaquín Fernández Leiceaga (profesor titular de Economía Aplicada en la USC y director del IDEGA), Santiago Lago Peñas (catedrático de Economía Aplicada en la USC) y María Cadaval Sampedro (profesora contratada doctora y directora de la Cátedra Iberoamericana de la USC), los datos más elevados los registran las comunidades forales.

Se trata de Navarra (2.099 euros) y País Vasco (1.754 euros), que se sitúan al frente «en consonancia con su mayor capacidad fiscal y autonomía tributaria». Estas dos comunidades lideran un top 5 que completan Cataluña (1.332 euros), Cantabria (1.316) y La Rioja (1.295).

Los autores consideran que este gasto en servicios no esenciales cumple una doble función. Por un lado, «canaliza la autonomía programática de los gobiernos regionales y su capacidad para responder a las preferencias diferenciadas de la ciudadanía». «Por otro, actúa como un instrumento de competencia política entre gobiernos regionales y de uso estratégico de los recursos públicos».

Radiografía del gasto en Galicia

En este caso, Galicia dedica 63 euros por habitante a justicia (frente a los 75 de la media estatal) y otros 10 euros a «seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias», lo que supone casi ocho veces menos que una media (76 euros) que se ve influida por los datos de Cataluña, País Vasco y Navarra, que tienen competencia plena en materia policial.

Galicia abona otros 4 euros por habitante en política exterior (casi la mitad que una media estatal que ronda los 7 euros) y 190 euros a infraestructuras, partida esta última en la que sí se sitúa por encima del dato promedio en el resto de autonomías (156 euros).

Por su parte, son 416 euros por habitante los que la Xunta dedica a «promoción económica», situándose así por encima de una media de 361 euros. De ellos, la mayor cantidad (102 euros) van a parar a agricultura, pesca y alimentación mientras que «fomento del empleo» y «comercio, turismo y pymes» sobresalen con 93 y 83 euros, respectivamente.

El gasto en vivienda

Las partidas de I+D+i e «industria y energía» acaparan otros 59 y 25 euros, respectivamente, mientras que el gasto liquidado en un ámbito que se ha convertido en un punto caliente en la actualidad (la vivienda) ha rondado los 35 euros por habitante en el periodo 2022-23.

El dato arrojado por Galicia se queda por debajo de una media estatal (48 euros), que nuevamente se ve influido por los elevados datos de las dos comunidades forales (Navarra, con 126 euros, y País Vasco, con 113).

De acuerdo al informe elaborado por Xoaquín Fernández Leiceaga, Santiago Lago Peñas y María Cadaval, un 41% de las aportaciones de la Xunta al ámbito de la vivienda se han canalizado mediante «ayudas a la rehabilitación, regeneración o renovación urbana». Esta es la principal rúbrica, seguida de la «promoción de vivienda en alquiler social asequible», a la que han ido a parar otro 26%.

De esta forma, estos dos apartados han acaparado dos tercios de las cantidades dedicadas a vivienda, reservando el tercio restante para ayudas con el alquiler para los arrendatarios (un 14%), la «promoción de vivienda sujeta a algún tipo de protección pública» (un 7%) o «ayudas a los jóvenes» (un 5%).

«El gasto autonómico en vivienda sigue sin incluirse entre las competencias esenciales, con una fuerte dependencia de la financiación estatal y una evolución marcadamente procíclica. La falta de correlación entre gasto autonómico y necesidades objetivas, como son la formación de nuevos hogares o la presión del mercado, pone de manifiesto la necesidad de revisar los criterios de asignación de recursos», recalcan los autores.

«En un futuro será necesario revisar el sistema de financiación autonómica para incorporar mecanismos estables y objetivos que permitan a las comunidades autónomas sostener sus políticas en servicios no esenciales, especialmente en vivienda, transporte y promoción económica,
donde las demandas sociales y los retos estructurales son crecientes; pero también pensando en lo que puede ocurrir en el nuevo marco europeo de financiación o en el impacto de los eventos extremos», defienden los autores.