Cártel de las consultoras: Altia se salva de la prohibición para contratar con el sector público

El contrato de Deloitte para la Smart City de Bilbao arrastró a Altia, que ha recibido una multa de 30.000 euros de Competencia, pero esquiva el veto para participar en concursos públicos

Tino Fernández

Tino Fernández, presidente de Altia Consultores

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deja a Altia fuera de la lista que se enfrentarán a un veto en concursos públicos por haber integrado el denominado cártel de las consultoras.

El regulador dio carpetazo a más de dos años de investigación de presuntas prácticas anticompetitivas en el sector con triple castigo a la mayor parte de las empresas involucradas en este caso. En concreto, el organismo capitaneado por Cani Fernández ha impuesto multas de 5,87 millones de euros a un total de 22 consultoras (entre las que se encuentran la oleirense Altia y la viguesa Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo), una sanción a la que se suma la de 439.000 euros que deberán afrontar 13 directivos de estas empresas y el posible veto para que no puedan optar a concursos públicos durante un determinado periodo de tiempo.

“Se ha activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas”, recalca la CNMC en su resolución, en la que deja a Altia y a otras dos empresas (Innovisions y Gestiona XXI) al margen de este posible veto.

Y es que el nuevo texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor en octubre de 2015, justo un mes después de que se produjese el acuerdo entre Altia y Deloitte que le ha valido una sanción a ambas firmas. “La duración acreditada de la infracción no se extiende hasta el momento de entrada en vigor de la prohibición de contratar, siendo éste el caso de Innovisions, Altia y Gestiona XXI, sobre las que no sería de aplicación” este veto, explica la CNMC en su resolución.

El contrato en discordia, para la Smart City de Bilbao

El regulador considera probado que Altia actuó de manera competitiva en septiembre de 2015 para facilitar que Deloitte se hiciese con el contrato para la Smart City de Bilbao. “Deloitte ofreció una serie de compromisos a Altia como compensación a la cobertura proporcionada. Dichos compromisos fueron aceptados por Altia, que envió la oferta de cobertura al órgano de contratación”, continúa la CNMC, que adjunta correos electrónicos de una directiva de Deloitte sancionada a un representante de Altia para pedir su colaboración. Este último contestaría posteriormente para dar cuenta de la presentación de su oferta como cobertura y, además, abría la puerta a que, como presunta recompensa, se diese “la posibilidad de ir juntos Altia-Deloitte-Ilux” en otros contratos.

“La licitación, cuyo presupuesto base era 55.000 euros, fue adjudicada a Deloitte por un importe de 53.000 euros. Se presentaron también Altia (52.500 euros) e Idom de la que no consta el importe de su propuesta”, prosigue la CNMC, que concluye que los “hechos acreditados demuestran que Altia y Deloitte mantenían una relación cercana y de confianza”. “En este sentido, en un documento de Deloitte en formato Excel denominado “empresas cobertura” aparece Altia como una de las empresas a las que se les puede contactar para este tipo de colaboraciones”, explica el regulador.

Altia se revuelve

Frente a estos argumentos se opuso Altia, que, en su defensa, alegó que el hecho de haber presentado una oferta a un precio más competitivo que Deloitte echaba por tierra la posibilidad de una posible cobertura entre ambas empresas. Sin embargo, la CNMC consideró que como el precio era solo uno de los parámetros que conformaban la puntuación total, el hecho de “que Altia presentara una oferta mínimamente inferior en precio a la de Deloitte no significa que la misma no fuera de cobertura”.

El propio organismo que capitanea Cani Fernández da cuenta también en su resolución de las críticas que Altia lanzó en doble dirección como consecuencia de este expediente. Por un lado, la empresa presidida por Tino Fernández alegó que se le estaba vulnerando su derecho de defensa en el proceso. La razón es que la CNMC le negó el acceso a información de carácter confidencial que figuraba en el expediente.

Además, la empresa oleirense también lanzó críticas contra la fórmula escogida para calcular las sanciones. Y es que a Altia, pese a habérsele detectado una práctica anticompetitiva en la década investigada (frente a las 80 de, por ejemplo, Deloitte), ha afrontado la novena mayor sanción por este expediente. Es por ello que la compañía tachó de “error” calcular su volumen de negocios a nivel mundial para imponer esta multa. En su lugar abogaba por tomar el consideración únicamente la cifra de negocio en el mercado español, territorio en el que se habrían producido las presuntas irregularidades.