La Comisión Europea responde al BNG y descarta conflicto de intereses en la evaluación de la mina de Doade

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Bruselas niega un conflicto de intereses en el comité de expertos que evaluó el proyecto de la mina de Doade, en Beariz (Ourense). El pasado septiembre la Comisión respondió a una pregunta de la eurodiputada del BNG Ana Miranda en la que cuestionaba la validez de la evaluación en la que se declaró la iniciativa como “estratégica”. 

Miranda registró una pregunta en la que apuntó que el proyecto impulsado por  la promotora Recursos Minerales de Galicia, una filial del grupo aragonés Samca, “fue inicialmente cancelado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, como consecuencia de las irregularidades del proyecto y su impacto ambiental negativo”. 

“Uno de los expertos de la Comisión que evaluó los 47 proyectos estratégicos fue el director del fallido proyecto del Grupo Samca en Doade antes de convertirse en experto de la Comisión para los 47 proyectos”, en referencia a Carlos Martínez Torres, que desde noviembre de 2024 forma parte del comité de expertos, según la información de su perfil en Linkedin. Actualmente es director de minería de Recursos de Galicia, la sociedad utility de la Xunta de capital público privado “que gestiona las operaciones de la mina”. 

La eurodiputada del Bloque consultó al Ejecutivo comunitario si la presencia de Martínez Torres no representaba un “cuestionable conflicto de intereses” que debería conllevar “la retirada del sello de proyecto estratégico”. 

Sin conflicto de intereses

En su respuesta, la Comisión argumenta que las solicitudes presentadas a la convocatoria de Proyectos Estratégicos en el marco de la Ley de Materias Primas Críticas se realizan con la ayuda de expertos seleccionados de una base de datos “creada tras una convocatoria abierta de manifestaciones de interés”. En este sentido, destaca que la solicitud de la Mina de Doade “ha sido evaluada por expertos sin conflictos de interés”. 

“Ninguno de estos expertos era director del Grupo Samca ni estaba involucrado en empresas que gestionaban las operaciones de la mina, ya que esto claramente habría constituido un conflicto de intereses”, explican.

Tal y como detalla, cada una de las solicitudes es evaluada “por al menos cuatro expertos individuales cuya experiencia colectiva abarca aspectos técnicos, financieros, ambientales, sociales y de gobernanza, así como la Clasificación Marco de las Naciones Unidas para los Recursos”. 

La Comisión argumenta que, al asignar expertos a las solicitudes, presta “especial atención” a la imparcialidad de las personas involucradas para “evitar posibles conflictos de interés”. “Por ejemplo, antes de recibir acceso a la aplicación, los expertos deben confirmar por escrito la ausencia de conflictos de intereses con las aplicaciones que les fueron asignadas”.

Proyecto estratégico

El pasado noviembre, la Comisión respondió a un recurso presentado por Ecologistas en Acción y asociaciones afines en el que impugnaban la designación de seis minas en España como “proyectos estratégicos”. Al proyecto de Doade se sumaban los de Las Cruces (Sevilla), Aguablanca (Extremadura/Andalucía), La Parrilla (Extremadura), Las Navas y El Moto. 

Las entidades demandantes alegaban que la Comisión Europea no había hecho público ningún documento de evaluación motivada sobre la sostenibilidad ambiental, social o legal de los proyectos. En el caso del proyecto gallego también argumentaban aspectos como su posible afectación a varios espacios Natura 2000, dada su proximidad, o que la gestión de residuos propuesta por la compañía es “técnicamente inviable”. 

En su respuesta la Comisión defendía la evaluación de impacto ambiental realizada y señalaba que “las partes solicitantes no demuestran que haya incurrido en un error manifiesto de apreciación al decidir que cumple con los requisitos del artículo 6.1.c de la Ley Europea de Materias Primas Críticas y al otorgarle la categoría de proyecto estratégico”.