El mayor parque industrial de Galicia encaja otras 50 condenas en un mes

La plataforma logística e industrial de Salvaterra-As Neves, alumbrada ya hace 15 años en el sur de Galicia por tres instituciones públicas con vistas a generar sinergias industriales y económicas por la cercanía geográfica con Portugal, ha encajado otro medio centenar de condenas judiciales consecutivas a favor de los antiguos propietarios de los terrenos en los que se prevé su funcionamiento. En síntesis: los expropiantes racanearon en el pago a sus propietarios anteriores, y la Justicia enmienda ahora este error obligando a una mayor compensación por la adscripción forzosa de los bienes privados al proyecto del llamado puerto seco del sur de Galicia.

La cascada de sentencias condenatorias que llegan desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contrasta, sin embargo, con el denonado empeño de las tres administraciones implicadas (Zona Franca, Autoridad Portuaria de Vigo y Xunta de Galicia) para seguir adelante por enésima vez con esta idea, alumbrada políticamente en el año 1999, modificada sustancialmente por los meandros del tiempo y de la que no queda en activo ningún dirigente institucional firmante. El tiempo y el proyecto, aún un terreno yermo desde el punto de vista empresarial pese al ingente gasto público inyectado, los ha devorado a casi todos.

Zona arboladas

El polígono asume, por tanto, más de medio centenar de sentencias condenatorias, una nueva oleada de fallos estimatorios para los exdueños y a cuyo pago tendrá que hacer frente el núcleo duro de organismos y entes públicos que apadrinan el plan desde hace años. Las sentencias, todas ellas, reflejan que el coste de las expropiaciones pagadas a los antiguos propietarios fue sensiblemente menor al que ahora estiman las decisiones judiciales. En su mayoría, se refieren al pago al alza de zonas arboladas, que fueron abonadas por debajo de su precio real, según los tribunales.

No es la primera vez que la sala de la contencioso-administrativo del TSXG admite fallos en cascada motivados por las reclamaciones económicas de las expropiaciones que se sustanciaban en un error de cálculo de los bienes valuados e infraindemnizados a los dueños, pero sí es insólito que se sumen esta vez más de 50 resoluciones consecutivas en un solo mes, en el plazo que se dista entre mediados de mayo y mediados de junio. El récord es abrumador, pero puede aumentar puesto que quedan cientos de demandas en fase de trámite y evaluación.

Seguridad jurídica

El viaje del polígono a ninguna parte desde el punto de vista judicial –que se resume en diferentes y sucesivos varapalos de los tribunales ante la valor de los derechos y bienes expropiados, tanto por la cantidad como por la calidad, e incluso la reducción de la superficie inicial del polígono de 4 a 3 millones de metros cuadrados por decisión del Tribunal Supremo– tiene, por el contrario, su contrapunto en el reiterado intento de las tres administraciones públicas por inyectar dinero una y otra vez, precisamente, en un parque cuya seguridad jurídica ha sido cuestionada y tumbada una y otra vez en los tribunales. 

El último arreón son los cerca de 30 millones de euros destinados por Zona Franca, Puerto y Xunta para alumbrar los primeros 700.000 metros cuadrados de un parque de 3 millones brutos que, después de 15 años, aún no tiene ni una sola empresa en funcionamiento. Además, si efectivamente al final nace este enorme parque empresarial, lo hará cuando las condiciones económicas no son las propicias, también cuando las condiciones del mercado han cambiado (por un abaratamiento del coste de las parcelas, lo que cuestionaría su amortización a bajo precio, sólo a un plazo de décadas para poder ser competitivo), además de la espinosa existencia de nuevos parques empresariales próximos a Portugal, tanto del país vecino como gallegos, lo que debilita, precisamente, su gran baza como localización estratégica entre dos Estados.

Nombres propios

La idea del gran polígono industrial del sur de Galicia tiene nombres propios también, no sólo administraciones públicas, entes y organismos. Pero ninguno está en activo o en su anterior cargo público. El Puerto ha tenido desde 1999 cinco presidentes (Julio Pedrosa, Abel Caballero, Jesús Paz, Corina Porro y el actual, Ignacio López-Chaves; la Xunta, tres (Manuel Fraga, Emilio Pérez Touriño y Alberto Núñez Feijóo), y el Consorcio de la Zona Franca, otros cuatro delegados del Estado distintos (Francisco López Peña –que repitió en el cargo–, Pablo Egerique, Teresa Pisano y la actual, Teresa Pedrosa). 

Desde 1999, las administraciones, que incluso han pasado por relaciones condóminas idílicas, como fue al principio, a emancipaciones temporales y su posterior reconciliación, han enterrado en torno a 150 millones de euros en el pedazo de tierra más caro de Galicia. Si la Ciudad de la Cultura ha sido cara, el coste de la plataforma tecnlógica de Salvaterra-As Neves ha sido colosal. El error de cálculo de las administraciones ha sido cósmico, y ni con toda su maquinaria jurídica han sido capaces de sortear las miles de demandas y condenas por diferentes aspectos fallidos del faraónico proyecto.