ACS (Florentino Pérez) reclamó sobrecostes en obras del AVE a Galicia investigadas por cártel

• ACS (Florentino Pérez) da por hecho que esquivará las sanciones por el cártel que amañó obras de la Xunta
• Copasa, Florentino Pérez y FCC se reparten 110 millones en contratos para suministrar traviesas a Adif

Una obra de más de 100 millones del AVE a Galicia vive una irónica situación judicial, en la que unos magistrados evalúan si las constructoras adjudicatarias deben percibir de Adif una compensación por los sobrecostes derivados de su ejecución; mientras otros valoran si el proceso de contratación estuvo afectado por un cártel que ya fue sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con multas de 200 millones repartidas entre seis compañías. Ese es el escenario en el tramo Prado-Porto, en la provincia de Ourense, que desarrolló Vías y Construcciones, una de las filiales de cabecera de ACS, junto a la valenciana Torrescámara y la andaluza Vimac.

Esa actuación, que conllevaba la ejecución del túnel de Prado, de más de siete kilómetros; del túnel de Corga de Vela y del viaducto de Portela, forma parte de la lista de obras identificadas en el informe sancionador de Competencia, pues, en base a su investigación estuvo afectada, por los intercambios de información del llamado G7, formado por Dragados, Acciona, Ferrovial, FCC, OHLA, Sacyr y la quebrada Isolux-Corsán. Concretamente, el superregulador ubica esta obra entre aquellas en las que las constructoras compartieron trabajos técnicos (OHLA, Sacyr y una empresa no incoada) para la presentación de las ofertas, que es una de las conductas por las que da por acreditado el cártel.

Pues bien, en esa misma obra, la filial del grupo de Florentino Pérez, multado por la participación en el supuesto cártel de Dragados, reclamó en dos ocasiones por la vía judicial sobrecostes, a causa de los múltiples retrasos que hubo de afrontar en la construcción de la plataforma y la variación en el proyecto que introdujo Adif. La peripecia judicial ourensana no debe sorprender tanto si se tiene en cuenta que las supuestas prácticas colusorias se extendieron durante más de 25 años y que las licitaciones del Ministerio de Fomento y Adif estuvieron entre las más afectadas, según detalló Competencia. De hecho, algo similar ocurre con la desaparecida Isolux, que también reclamó sobrecostes junto a Taboada y Ramos (que nada tiene que ver con el cártel) en el túnel de O Corno vía derecha, un contrato en el que también se produjeron trabajos técnicos conjuntos para la preparación de las ofertas, según la investigación.

Tampoco son precisamente infrecuentes las reclamaciones por sobrecostes, sobre todo, en el despliegue de la alta velocidad de Adif, que a cierre de 2024 tenía provisionados 655 millones para atender a este tipo de litigios.

El optimismo de Florentino Pérez y FCC

La resolución de Competencia, de julio de 2022, resultó impactante por la duración del teórico cártel y por los protagonistas, ya que sancionó a seis de las principales constructoras españolas. Desde 1992, este grupo de empresas se reunía semanalmente para analizar las licitaciones de
obra pública, decidir a cuáles se iban a presentar, compartir trabajos para la elaboración de las ofertas técnicas e intercambiar información comercial sensible. «Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por administraciones públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc», decía la entidad que preside Cani Fernández en su comunicado.

De los 200 millones en sanciones, a Dragados le tocó la peor parte, con una multa de 57,1 millones; FCC, de 40,4 millones; Ferrovial, de 38,5 millones; Acciona, de 29,4 millones; OHLA, de 21,5 millones; y Sacyr, de 16,7 millones. La ejecución de las sanciones fue paralizada en la Audiencia Nacional una vez que las compañías recurrieron. Albergan cierto optimismo sobre la resolución del caso. El grupo que preside Florentino Pérez señala en su memoria, por ejemplo, que ve «remota» la posibilidad de que el procedimiento judicial genere un impacto negativo significativo en la compañía. FCC dice que «la conducta objeto de sanción no solo no infringe ningún precepto (incluyendo los contenidos en la ley de competencia) sino que además es una conducta que ha contribuido a una mayor eficiencia y ahorro en los costes de las licitaciones«. Ferrovial afirma, también en su memoria anual, que el resultado del litigo «no será desfavorable», por lo que decidió no provisionar importe alguno.

Pinchazo de ACS en la Audiencia Nacional

Más allá de la suspensión de la ejecución de las multas, la Audiencia Nacional todavía debe pronunciarse sobre la verosimilitud del cártel identificado por Competencia. Lo que sí ha resuelto son varias reclamaciones por sobrecostes. En 2020, la UTE de Vías y Construcciones perdió una reclamación de 6,6 millones, y el pasado 27 de octubre otra sobre la misma obra de la plataforma Prado-Porto de 1,7 millones. Lo cierto es que los de Florentino Pérez pasaron un auténtico vía crucis en el macizo gallego. Hasta el punto que el plazo de ejecución inicial de 34 meses se convirtió en 79 meses, y la finalización prevista en 2015 se fue hasta el 2019. En el desarrollo del contrato se aprobaron cinco ampliaciones de plazo y se produjeron dos suspensiones temporales, una parcial y otra total. Todo para hacer frente al squeezing, una deformación del contorno por desplazamiento de material durante la excavación, problema al que era especialmente sensible la falla de Laza.

Tales adversidades no conmovieron a la Sala de lo Contencioso, que rechazó culpar a Adif de los sobrecostes. Se apoyó en dos argumentos: que el proyecto inicial ya contemplaba potenciales problemas geológicos, como podría ser el squeezing; y que la modificación del proyecto constructivo consistió básicamente en lo acordado en reuniones entre las partes, «por lo que difícilmente puede hablarse de indefinición técnica de los trabajos autorizados», dice la sentencia.