La Fiscalía pide 20 millones de multa para la explotación que ‘inspira’ a los defensores de la mina de Touro
La plataforma Cornado Mina Non denuncia que la asociación que defiende el proyecto de Atalaya Mining pone como ejemplo para Touro la explotación “más contaminante de Asturias”
Imagen aérea de las instalaciones en el yacimiento minero de Touro-O Pino
El pasado 19 de junio, la Plataforma Mineiros de Touro e O Pino, formada por partidarios del proyecto de Atalaya Mining para reabrir la explotación de cobre, visitó la mina de oro del Valle en Boinás (Asturias), dentro de una serie de desplazamientos a minas restauradas para conocer el estado de las zonas donde se realizó la actividad extractiva. “En la mina de oro se ha podido observar como el paisaje verde típico de esta zona queda intacto y a día de hoy está dedicado a la ganadería”, explicaron tras la visita.
La entidad Cornado Mina Non emitió un comunicado este jueves para denunciar que la explotación que toman como ejemplo “acumula sanciones ambientales por la grave contaminación causada en la cuenca del río Narcea”. De hecho, a finales de febrero, la Fiscalía de Medio Ambiente del Principado pidió el cese de la actividad durante 5 años y 20 millones de multa a la empresa que explota la mina como consecuencia de vertidos no autorizados de selenio y arsénico, entre otros, al río Cauxa, afluente del Narcea.
“Lo más sorprende es que este mismo proyecto minero ya fuera sancionado de manera contundente en 2014 con 84.000 euros por la Confederación Hidrográfica del Cantábrica por verter metales pesados y otros elementos peligrosos al río Cauxa, pasando por encima de las autorizaciones ambientales, siendo nuevamente multada la minera ese mismo año con 243.920 euros por nuevos vertidos en niveles peligrosos para la salud humana”, dice Conrado Mina Non en un comunicado.
Selenio y arsénico en el río
La entidad, que considera a la agrupación pro-mina como una organización instrumental de la promotora de la explotación, Cobre de San Rafael, accedió a los expedientes de la Confederación Hidrográfica, de los que extrae varias conclusiones.
“La mayor parte de las sustancias que incumplen las condiciones de autorización son peligrosas”, tales como arsénico, cobre, zinc, níquel, cianuros… Además, exponen, el río Cauxa “no alcanza un buen estado ecológico ya que se detecta habitualmente presencia de selenio en concentraciones que superan la norma de calidad ambiental”.
De las diligencias practicadas por la Fiscalía de Medio Ambiente se desprende que el río está soportando a su paso por las instalaciones mineras la emisión de sustancias consideradas peligrosas y atribuibles a la empresa Kinbauri España, actualmente denominada Orovalle Minerals, y que, en algunos casos, los niveles de elementos tóxicos como el selenio y el arsénico sobrepasan cualquier nivel razonable, según indican.
“Estas son las circunstancias que Cobre de San Rafael y su asociación instrumental intentan vender como minería sostenible”, lamentan en la plataforma. Además, acusan a la minera de condicionar la entrega de curriculums para trabajar en la explotación a que los parados se inscriban en la asociación pro-mina, “simulando un apoyo social basado en la desesperación de alguna gente por conseguir un puesto de trabajo”, concluyen.
