Una auditoría encargada por el Gobierno de Uruguay considera “satisfactoria” la calidad de los buques de Cardama

A finales de octubre el Gobierno de Uruguay anunció el inicio de las acciones para rescindir el contrato con el astillero vigués Cardama al que encargó la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) por 82,5 millones de euros. El Ejecutivo que encabeza Yamandú Orsi inició una serie de acciones para contar con la mayor de pruebas posibles para demostrar los incumplimientos de la compañía del proceso. Una de ellas es una auditoría sobre la calidad de los materiales y de la soldadura de la construcción de los buques. 

Según avanza el diario El País UY, a mediados de diciembre se contrató a la consultora belga y con sede en Francia Bureau Veritas para que hiciese una auditoría en la que no encontró problemas en la calidad de lo hasta este momento ensamblado por el astillero gallego y lo consideró “satisfactorio”. 

“Sobre los registros y calidad de la fabricación, montaje y soldadura de los 16 bloques ya construidos y montados en la grada del astillero, verificamos en nuestra inspección que es satisfactoria, a pesar de haber bloques construidos y soldados por cinco talleres distintos. Estamos con un proyecto estructural de bajo peso en rosca, con acero de alta resistencia y chapas de espesor reducido, y que constituye una solución técnicamente válida para optimizar las capacidades de velocidad y autonomía de los buques”, señalaba uno de los puntos de la auditoría.

Bureau Veritas apuntaba en el documento que el tipo de diseño “exige una mayor precisión en los procesos de ensamble y soldadura, así como un control de calidad más riguroso durante la fabricación de los bloques, dada la mayor susceptibilidad de las chapas delgadas a sufrir deformaciones y a presentar desviaciones dimensionales que pueden exceder las tolerancias admitidas por la normativa de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación” (IACS en su sigla en inglés). 

Retrasos en la construcción

Esta misma semana el diario Búsqueda avanzó que la consultora dio cuenta de retrasos en la construcción además de incumplimientos en el proceso de obtención de los certificados de bandera uruguaya, un requerimiento contemplado en el contrato rubricado a finales de 2023. En dicho documento – Mario Cardama y el exministro uruguayo Javier García– se establecía que en el momento de la entrega de los buques tendrían que ser “matriculados a nombre del comprador”, que asumiría los costos y, en todo caso, debería ser construidos aplicando la normativa vigente para “ser embanderados en la República Oriental del Uruguay”.

Según publica la prensa uruguaya, el astillero gallego no consiguió cumplir con uno de los hitos contractuales, en concreto, el de la entrega en tiempo de los motores Caterpillar, después de que el proveedor estadounidense cancelara el contrato. En febrero del año pasado el Banco de la República Oriental de Uruguay, Álvaro García, realizó un ingreso a Cardama, emitido en forma de carta de crédito, por valor de 8,22 millones de euros. 

El Ejecutivo uruguayo habría enviado a la compañía los resultados de la auditoría de Bureau Veritas, así como los problemas encontrados en la documentación relativa la garantía de reembolso (que en este caso es por el 10% del contrato, 8,2 millones de euros) emitida por la empresa Redbridge Insurance Company.

Por el momento Uruguay ha pagado casi 29 millones de los 82,87 presupuestados para la construcción de los buques. El primer anticipo, por un importe de 8,27 millones, se hizo en diciembre de 2024, al que siguieron un pago por el mismo importe por el cumplimiento del primer hito, que se concretó en marzo, y un último de 12,34 millones en junio del año pasado, una vez fue notificada la colocación de la quilla.