La SEPI casi duplica pérdidas mientras rescata empresas y da calabazas a Alcoa

Muchos frentes abiertos y una multitud de números rojos. Así fue el año que llegó la pandemia para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el grupo empresarial público que controla Correos o Navantia y que se encarga de gestionar el fondo de solvencia de 10.000 millones habilitado por el Gobierno para rescatar empresas ahogadas por la crisis sanitaria.

La entidad dependiente del Ministerio de Hacienda cerró 2020 con pérdidas de 421 millones, que casi duplican los 237 que perdió en el ejercicio anterior. Navantia, Correos, Hunosa y Agencia EFE contribuyeron con números rojos al resultado final, especialmente las dos primeras. Solo Tragsa y la participación en Red Eléctrica (tiene el 20% del capital), mitigaron el golpe. También las participaciones en Airbus e Indra aportaron resultados negativos de 46,7 millones y 24,6 millones, respectivamente.

Especialmente lesivos para el grupo fueron los balances de Correos y Navantia. La primera golpeada por la menor actividad en la pandemia y por el continuado descenso de los envíos postales debido a la digitalización, aportó números rojos por valor de 365 millones. Los astilleros públicos, enquistados desde hace años en las pérdidas y bajo la previsión de enderezar el rumbo con los contratos de Arabia Saudí y de las fragatas F-110 del Ministerio de Defensa, contribuyeron con un resultado negativo de 177 millones.

Entre las dificultades arrastradas por las empresas del grupo y los estragos provocados por la pandemia, casi todas las magnitudes del balance de SEPI decayeron. La cifra de negocio retrocedió un 7%, hasta los 4.659 millones; el resultado de explotación agravó su caída un 30%, situándose en pérdidas de 472 millones; y el patrimonio neto se deterioró en 800 millones, acabando el ejercicio en 2.187 millones. El volumen de activos de la SEPI, eso sí, se incrementó hasta situarse por encima de los 12.000 millones, 400 millones más.

Portazo a Alcoa y nueva presidenta

En esta deriva estaba la SEPI cuando Belén Gualda, nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez presidenta de Navantia y del grupo público de empresas con apenas seis meses de diferencia, se puso al frente de la sociedad, heredando algunas patatas calientes. Por un lado, el judicializado rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones del fondo de solvencia. Por otro, la negociación del secretario de Industria, Raúl Blanco, para que la SEPI adquiriera la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo), la última que fabrica aluminio primario en España, para luego venderla a un tercero.

El Gobierno, que había propuesto esta solución para convencer a la multinacional norteamericana y lograr que continuara la actividad, se echó atrás sin presentar mayor explicación e instó a Alcoa a que vendiera directamente las instalaciones. El último paso en la negociación, que se prolonga desde hace casi un año, es una propuesta de la aluminera para mantener la producción hasta 2022 e iniciar un proceso de venta con el Gobierno supervisando a los candidatos.

A buen seguro, el reguero de pérdidas, el lío judicial por el rescate de Plus Ultra y la tormentosa venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, que han acabado en una investigación de la Audiencia Nacional contra los nuevos propietarios por un presunto desvío de fondos de las factorías, pesaron en el paso atrás de la SEPI con la multinacional norteamericana.

Fuentes de la mesa de negociación en el proceso de compraventa de Alcoa señalaron también que los representantes de Industria albergaban el temor de que la compra de la planta por parte de la SEPI pudiese dar lugar, en un futuro, a reclamaciones por parte de los organismos públicos europeos.