El taxi, la tecnología y el autoengaño regulatorio

¡Ey Tecnófilos! Vamos a intentar aprender algo. El debate sobre el taxi y las VTC no va de coches, ni de matrículas, ni siquiera de plataformas. Va de algo mucho más profundo y, para algunos, mucho más incómodo: la resistencia al cambio cuando el cambio deja al descubierto la falta de competitividad. Todo lo demás —manifestaciones, recursos administrativos, relatos victimistas y llamadas al intervencionismo— es ruido.

Vivimos en una época en la que la tecnología no pide permiso. Llega, demuestra que funciona y obliga a elegir: adaptarse o desaparecer. Y no, no es cruel; es exactamente el mismo mecanismo que ha hecho avanzar a la humanidad desde que dejó las cavernas. Pretender que un sector económico quede al margen de esta dinámica por decreto es, además de inútil, profundamente injusto para el consumidor.

Durante décadas, el taxi ha operado bajo un sistema de licencias rígidas, precios opacos y una organización pensada más para el proveedor que para el usuario. Funcionó. Claro que funcionó. Pero también funcionaron las máquinas de escribir, los videoclubs y las centrales telefónicas manuales. El hecho de que algo haya funcionado en el pasado no lo convierte en intocable en el presente.

La irrupción de las VTC no inventa el transporte urbano. Introduce eficiencia, datos, predicción, transparencia y escalabilidad. Y eso, en un mercado real, es dinamita pura. El usuario ya no acepta esperar sin saber cuánto pagará. No acepta trayectos ineficientes. No acepta que su tiempo valga menos que la comodidad de un modelo obsoleto. Y aquí está la clave: el usuario manda, no el regulador ni el colectivo mejor organizado para presionar.

El error conceptual —y moral— ha sido convertir la licencia de taxi en un activo especulativo protegido por el BOE, en lugar de entenderla como lo que debería haber sido siempre: una habilitación condicionada a prestar el mejor servicio posible en cada momento histórico. Cuando una licencia se percibe como una herencia vitalicia en lugar de como una responsabilidad competitiva, el sistema ya está roto.

Algunos argumentan que la solución pasa por prohibir, limitar o asfixiar a las VTC. Es el reflejo clásico del pensamiento intervencionista nostálgico: si el mercado no me favorece, que lo corrija la Administración. Pero la función del regulador no es garantizar rentas, sino garantizar reglas del juego limpias, seguridad jurídica y protección del usuario. Todo lo demás es ingeniería social al servicio de intereses particulares.

El ejemplo de Madrid es revelador y, para muchos, incómodo. Allí donde se permitió competir, el taxi que se adaptó sobrevivió y mejoró. Integración en plataformas, optimización de flotas, mejora del servicio y, sí, mayor eficiencia económica. No fue una derrota: fue una lección. La tecnología no vino a destruir el taxi; vino a destruir al mal taxi.

Desde nuestras convicciones lo decimos sin rodeos:

La meritocracia no es negociable.

El consumidor es soberano.

La tecnología es una inversión, no una amenaza.

La lealtad al usuario está por encima de la lealtad corporativa.

Y añadimos algo más: cuando un sector necesita que el Estado impida a otros competir para poder sobrevivir, el problema no es la competencia, es el sector. Sin buenismo gratuito. Sin relatos emocionales prefabricados. Sin consignas “woke” disfrazadas de justicia social.

La solución nunca ha sido ni será congelar el progreso. La solución es medir, adaptarse, optimizar y competir. Porque lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede optimizar. Y porque la tecnología, bien usada, no deja a nadie solo… salvo a quien decide quedarse atrás voluntariamente.

El taxi no está en una encrucijada entre tradición y modernidad. Está ante una decisión mucho más simple y mucho más dura: ser empresa en el siglo XXI o vivir permanentemente del privilegio regulado. El mercado, como siempre, ya ha elegido.

¡Se me tecnologizan!