Feijóo estalla contra Sánchez por no tener un plan b cuando acabe el estado de alarma

Feijóo cree que las comunidades autónomas se exponen a que los tribunales veten sus restricciones contra el Covid-19 una vez expire el estado de alarma el día 9 de mayo

Feijóo

Alberto Núñez Feijóo, junto al vicepresidente segundo, Francisco Conde, y la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, durante la visita a las instalaciones de Delta-Vigo

El presidente de la Xunta de Galicia ataca al Gobierno central por no tener una alternativa al estado de alarma. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado este miércoles que las comunidades autónomas están “ante un doble salto mortal” tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el próximo día 9 de mayo se pondrá fin al estado de alarma.

Estamos ante un doble salto mortal; primero, porque no tenemos información de lo que va a ocurrir a partir del 9 de mayo, y en segundo lugar tampoco tenemos una alternativa jurídicamente sólida para poder seguir gestionando la pandemia”, ha dicho Feijóo durante una visita a las instalaciones de Delta Vigo, en Nigrán (Pontevedra).

Feijóo ha explicado que “es urgente” una conferencia de presidentes autonómicos “para saber exactamente cuál es el manual a partir del 9 de mayo, al tiempo que ha recordado que Galicia aprobó una ley de Salud para dar respuesta a la pandemia y que ha obtenido un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno.

Inseguridad para las comunidades autónomas

“Comprenderán que esto no es el modelo de cogobernanza ni es el modelo de la planificación”, ha lamentado. Por este motivo, Feijóo pedirá una reunión en la comisión mixta “para evaluar qué articulo o artículos considera el Gobierno que puedan rozar la Constitución” y tener una “discusión jurídica sólida e institucional entre “un Gobierno central que deja a las comunidades autónomas sin herramientas”, y una comunidad autónoma que sí tiene una herramienta aprobada en su Parlamento para poder gestionar la pandemia tras el 9 de mayo.

Según Feijóo, a partir ese día las comunidades autónomas se exponen a que las decisiones que adopten para luchar contra la pandemia puedan ser anuladas parcial o totalmente por los tribunales de justicia, lo que impide enviar “un mensaje de tranquilidad y de seguridad jurídica” respecto a esas decisiones.