Rajoy se ve forzado por su propio partido a plantear cambios en el Ejecutivo

El Presidente fija ya dos fechas para las elecciones, el 22 y el 29 de noviembre, con tiempo para sacar adelante la legislación pendiente

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El PP es un partido recio, disciplinado. O lo era. Cuando un presidente autonómico como Juan Vicente Herrera, el barón de Castilla-León, toma la palabra y se atreve a afear la actitud del presidente Mariano Rajoy, es que las cosas ya se han desbordado.

Herrera está ya de vuelta, no pretende sustituir a nadie, es un histórico, y lo que busca, al reclamar que Rajoy se mire «en el espejo» para que tome conciencia de la situación, es una reacción que redunde en su propio partido. Rajoy lo sabe. No es un cualquiera. Tampoco lo es Alberto Nuñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, que sí tiene una mayor proyección y podría ser el relevo natural de Rajoy –es destacable el número histórico de gallegos que han acabado haciendo carrera política en Madrid.

Más allá del crecimiento del PIB

Por ello, Rajoy ha acabado reaccionando. O lo hace rápido, o el desplome del PP puede ser total en las elecciones generales. Nada sirve. No es suficiente que crezca de nuevo el PIB, porque los resultados de las elecciones autonómicas y locales del pasado domingo han constatado que el malestar social se arrastra desde el inicio de la crisis, y que existe una demanda política que va mucho más allá de la gestión económica, con el ánimo de que el político sea también un ciudadano que sufre y padece.

Esos son los mensajes que la mayoría de dirigentes del PP le han comunicado a Rajoy. La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, muy tocada tras los resultados del domingo, insiste en que ha habido «un problema de comunicación», y que el «enorme esfuerzo de reorientar la economía española, y el sistema financiero», no ha sido reconocido.

Decisiones «oportunas y convenientes»

Rajoy, tras las primeras 48 horas de auténtico bloqueo, aseguró este miércoles que podría acabar tomando decisiones. «En el partido, iremos tomando las decisiones que sean más oportunas y convenientes para presentarnos de la mejor forma posible a las elecciones generales», aseguró en el Congreso, aunque tras verse forzado por los medios de comunicación. Oficialmente, desde la tribuna del parlamento, no concretó nada, con la idea de que el Ejecutivo ha sido «responsable», y ha ido gobernando según las necesidades del conjunto del país.

Esos cambios podrían ser inminentes, y podrían pasar por la dimisión y el nombramiento de nuevos ministros. Pero el margen es muy estrecho. El PP, según fuentes parlamentarias, «tampoco está ahora para elegir a un nuevo candidato».

Aplazar los congresos regionales

La opción de Rajoy es que los presidentes autonómicos que han anunciado congresos regionales, los convoquen después de las elecciones generales. Y que sea, primero, un gran congreso nacional el que ofrezca un nuevo camino al PP, y, posteriormente, se celebren los congresos en cada comunidad autónoma. Por tanto, Alberto Fabra, en Valencia, o José Ramon Bauzá, en Baleares, deberían posponer sus dimisiones.

Pero eso, según las mismas fuentes parlamentarias, podría llevar a una primera conclusión: la admisión «trágica» de que el resultado en las generales será catastrófico, y que, después, se deberá armar el partido con lo que quede.

Las próximas semanas pueden ser muy duras para Rajoy, cuando se constate que los acuerdos entre las fuerzas de izquierda dejen al PP en la oposición en la mayoría de comunidades autónomas y municipios.

Elecciones, el 29 de noviembre, o el 22

Rajoy, por ahora, busca cómo finalizar el mandato. Y, aunque persiste la idea de que pudiera convocar las elecciones el 27 de septiembre, para que coincidan con las catalanas, y utilizar el discurso de la unidad de España, el jefe del Ejecutivo, según distintas fuentes, se inclina por celebrarlas a finales de noviembre, el 29, o una semana antes, el 22 de noviembre.

Y ello por varias razones. Rajoy quiere finalizar su agenda reformista, que para las elecciones podría ser determinante. En todo caso, el presidente del PP no podría ir a unos comicios sin tener aprobada la ley de la Segunda Oportunidad, sobre los hipotecados. Quiere tener lista esa iniciativa, y otras como la ley de Enjuciamiento Civil y Criminal; la ley que permitiría publicar la lista de morosos con la Administración y la de los defraudadores condenados, además de la reforma de la Formación Profesional, o la Ley de Calidad Alimentaria.

Ese es su horizonte, pero la presión interna comienza a ser enorme. Sabe que debe actuar en las próximas semanas, porque está en juego que el PP se desplome, y ceda el espacio político a una alianza de la izquierda que lidere el PSOE con Podemos.

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