Madrid y País Vasco se declaran en rebeldía contra el plan del ocio nocturno

El Gobierno de Pedro Sánchez advierte de que el nuevo protocolo de la hostelería es de obligado cumplimiento para las comunidades

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Rodrigo Jiménez

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La Comunidad de Madrid y el País Vasco no acatarán el plan que ha preparado el Ministerio de Sanidad para reabrir los establecimientos de ocio nocturno y regular los horarios de la hostelería en toda España. Los dos gobiernos autonómicos se han declarado en rebeldía y han anunciado que mantendrán la hoja de ruta que tenían prevista hasta la fecha para ir liberando las restricciones progresivamente.

Ambas regiones se han negado a ceder ante el protocolo que aprobó este miércoles el Consejo Interterritorial de Salud de forma mayoritaria pero que recibió el voto en contra de hasta cinco comunidades autónomas. El texto establece que las discotecas podrán abrir hasta las dos de la mañana, mientras que bares y restaurantes podrán cerrar a la una. Sin embargo, las medidas están sujetas a unas condiciones epidemiológicas que no cumplen actualmente ninguno de los dos territorios.

El nuevo plan de desescalada de Sanidad establece que solo las regiones que cuenten con un nivel de alerta 1 sobre el coronavirus podrán volver a abrir los establecimientos del ocio nocturno, después de más de un año clausurados por completo. Madrid todavía cuenta con una incidencia acumulada de 165 casos positivos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el País Vasco es de 198.

Ayuso reta a Sánchez a imponer por la fuerza la nueva normativa

La primera en adelantar que no acatará el protocolo ha sido Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha alegado que la medida no es vinculante porque España ya no sigue bajo el estado de alarma, por lo que la competencia radica en las autonomías. «No es una cuestión de rebeldía, porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento, y no se puede imponer», ha afirmado.

La líder popular ha criticado que la decisión del Ministerio de Sanidad se ha producido demasiado tarde, que no está sustentada en ningún informe científico que la avale y que no se ha acordado con una mayoría unánime de todas las regiones. «Tomaremos las decisiones más equitativas y las más productivas», ha advertido.

«Conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

El nuevo protocolo de Sanidad ha llegado como un jarro de agua fría para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, justo cuando estaba inmerso en conversaciones con la patronal del ocio nocturno para facilitar el retorno de la actividad. Su actual situación epidemiológica le impediría abrir si aceptase el plan de Carolina Darias.

El País Vasco denuncia una invasión en las competencias autonómicas

El País Vasco también ha decidido plantarse. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha anunciado que continuará con su hoja de ruta prevista porque consideran que el nuevo plan del Gobierno de Pedro Sánchez invade las competencias que tienen las comunidades autónomas para establecer sus propias restricciones sanitarias sobre la hostelería.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, hace declaraciones a los periodistas a su llegada al Parlamento Vasco en Vitoria. EFE/David Aguilar

El líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha cargado con fuerza contra el Ministerio de Sanidad por haber impuesto la decisión «de manera unilateral» gracias a la mayoría socialista que ostenta en el Consejo Interterritorial de Salud pero sin haberlo consensuado antes con las comunidades. «Esta no es una actitud de cogobernanza, ni de gobernanza compartida, ni de gobernanza colaborativa», ha lamentado.

«Estamos viviendo un desconcierto absoluto»

Íñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco

Aplicar el nuevo protocolo supondría echar por tierra el consenso alcanzado en el País Vasco para poner en marcha el Plan Bizi Berri, que establece todas las pautas para llevar a cabo la desescalada. El documento autonómico plantea cinco escenarios diferentes en función de los indicadores epidemiológicos para tomar medidas preventivas.

«Es curioso que el Gobierno español decida no prorrogar el estado de alarma y nos invite a ir a la Justicia y veinte días después nos venga con este tipo de decisiones sin consenso y con imposición», ha criticado.

El Gobierno presiona a las comunidades para que acaten el nuevo plan

Las comunidades que se han declarado en rebeldía se han encontrado con la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ya ha advertido a los ejecutivos autonómicos que la Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC) acordada en el Consejo Interterritorial es de «obligado cumplimiento en todo el territorio».

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el 23 de marzo de 2021 | EFE/JCH/Archivo
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el 23 de marzo de 2021 | EFE/JCH/Archivo

«Nadie ha de ver lo que se aprobó ayer como una imposición, sino como el establecimiento de criterios lo más ampliamente compartidos para hacer frente a la pandemia», ha justificado el dirigente socialista, que se ha alineado junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Iceta ha insistido en que el acuerdo se tomó con una mayoría de los participantes en la reunión y ha rechazado de lleno las palabras de Urkullu. «La decisión se tomó ayer por votación de las comunidades autónomas, el Gobierno propuso, pero ni siquiera votó», ha zanjado.

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