Las universidades de Cataluña impulsan un plan para una enseñanza monolingüe en catalán

Universitaris per la Convivència advierte que la pretensión de un 80% de clases de catalán en grados y másteres amenaza a la "movilidad internacional"

Imagen de archivo del edificio histórico de la Universitat de Barcelona, durante su ocupación en septiembre y octubre de 2017, en plena efervescencia del procés independentista / Universitats per la República (Twitter)

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La embestida del nacionalismo para imponer el monolingüismo educativo llega a la universidad. Tras años de inmersión lingüística, y ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme e imponga un 25% de asignaturas en castellano en toda Cataluña, el independentismo «calienta motores» con la lengua cooficial en la enseñanza superior.

Una hoja de ruta impuesta por el sobrerrepresentado movimiento estudiantil independentista y que la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) –la entidad que agrupa a los rectores de los centros de educación superior– ha hecho suya, abre la batalla de los planes docentes como primer paso de un proceso de arrinconamiento del castellano en la docencia.

‘Compromís contra la crisi educativa’, el documento rubricado por la ACUP donde se contempla el avance a un modelo monoling¨üe

Así lo ha denunciado la entidad Universitaris per la Convivència, que lucha por la neutralidad de los espacios de educación superior en Cataluña y el respeto a la realidad social bilingüe. «Hay un interés muy grande por hacer, por reavivar el tema lingüístico. Tiene mucho que ver con esta sentencia del Supremo del 25%», expresaba la portavoz, Isabel Fernández.

80% de asignaturas solo en catalán

La profesora ha cuestionado el plan de Plataforma per la Llengua (PxL), que tilda de «entidad externa» a los cámpus, de hacer una web de denuncias donde los alumnos se conviertan en chivatos de sus profesores. «La universidad tiene sus mecanismos para corregirlo, y conocen las circunstancias concretas y pueden ponderar», y no una «web externa que no puedan verificar».

«Esto es un primer paso», lamenta Fernández. El documento rubricado por ACUP como modelo lingüístico a seguir contempla que el 80% de las clases de grado, posgrado y máster acaben impartiéndose en catalán. Algo que a la práctica tiene un difícil encaje legal, y que podría hundir la movilidad internacional.

«El estatuto de autonomía dice en el artículo 35 que profesores y alumnos tienen derecho a usar la lengua que prefieran, y para cambiarlo se necesita una mayoría cualificada», explica la portavoz. Además, recuerda la autonomía del propio docente y de las memorias sobre el plan lingüístico por grados que tiene ANECA.

El acuerdo de la ACUP con el movimiento estudiantil prevé que «todos los estudios de grado (a excepción de los grados interuniversitarios establecidos con universidades de fuera del marco de la ACUP o que, por su naturaleza, sean cursados íntegramente en una lengua extranjera) se puedan cursar íntegramente en catalán independientemente«.

«No sobrevivirían los estudios de posgrado»

«En mi facultad –la de Comunicación de la UAB– no sobrevivirían los estudios de posgrado», denuncia Fernández ante la alta demanda de alumnos del resto de Europa y de América Latina. «La movilidad se puede ver dañada, la lengua es una barrera a la hora de moverse«, advierte la portavoz de la entidad constitucionalista.

Además, critica la «obsesión» de los círculos nacionalistas de la universidad con las guías docentes. Los profesores que imparten sus lenguas de docencia en catalán pueden tener motivos que les lleven a cambiar al castellano o, simplemente, la propia realidad bilingüe que lleve al alternar ambas lenguas.

«Cuando se produjo la sentencia del procés los alumnos exigieron que se cambiaran los sistemas de evaluación por un sistema de evaluación única, y así que se pudieran movilizar, y eso supone alterar la guía docente», denuncia Fernández, que denuncia que «lo que se ve aquí es una instrumentalización ideológica».

El principio del final de la inmersión lingüística

La presión alrededor de la lengua en las universidades se produce en un momento de falta de movilización en el independentismo, y una forma de calentar el ambiente ante una inminente sentencia del Tribunal Supremo que confirmará lo que ya dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en contra de la inmersión lingüística.

El TSJC confirmó, basándose en la Constitución Española y en la sentencia del Estatut –mientras obviaba la reforma educativa de Isabel Celaá– que el modelo de inmersión lingüística era ilegal y que como mínimo el 25% de la enseñanza (la asignatura de castellano y otra materia no-lingüística) debían darse en castellano.

Mientras se sucede la sentencia definitiva, que desde Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) auguran que podría llegar antes del curso próximo, la entidad en defensa del bilingüismo escolar ha conseguido varias victorias judiciales en centros concretos, al anular el proyecto lingüístico del colegio y obligar así a que se introduzca el 25%.

La entidad también ha salido victoriosa de otros frentes. Fue tildada de «fascista» por la consellera de Universidades, Gemma Geis, por conseguir a través de la vía judicial que los alumnos tuvieran libertad para escoger el idioma en que querían hacer el examen de las PAU sin que se identificara al alumno en el aula.

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