Pere Navarro, director de DGT, admite que faltan examinadores a pesar de que la plantilla está cubierta al 98%
La plantilla total ronda los 900 examinadores, un número que ha permanecido casi sin cambios desde hace décadas
El director general de Tráfico, Pere Navarro. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reconocido públicamente que no hay suficientes examinadores para cubrir la demanda de ciudadanos que quieren sacarse el carné de conducir.
Cada mes, unas 8.000 personas más se suman al total de aspirantes, lo que está provocando retrasos generalizados, listas de espera y saturación en muchas jefaturas provinciales.
Actualmente, la plantilla total ronda los 900 examinadores, un número que ha permanecido casi sin cambios desde hace décadas, a pesar de que España ha crecido en población y demanda de movilidad.
El propio director general de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado que “se alcanzó el límite del sistema” y que la estructura actual ya no es capaz de absorber el volumen de exámenes pendientes.
DGT: falta de personal y acumulación de pruebas
A pesar de que la cobertura de personal está en un 98%, la cifra es insuficiente para atender el fuerte repunte de peticiones. Según fuentes oficiales, los examinadores solo pueden realizar 12 pruebas prácticas al día, frente a las 16 que se hacían hace diez años.
Este ajuste busca garantizar la calidad del examen y la seguridad de los profesionales, pero genera cuellos de botella especialmente en grandes núcleos urbanos.
En Madrid, por ejemplo, hay más de 60.000 alumnos esperando ser evaluados. En muchas provincias más pequeñas cualquier baja o jubilación paraliza el servicio, ya que a veces solo hay entre tres y ocho examinadores disponibles.
Cubrir esas plazas vacantes no es rápido: el procedimiento requiere entre año y medio y dos años, lo que agrava el problema estructural.
Impacto directo en autoescuelas y alumnos
El déficit de examinadores está afectando directamente al trabajo de las autoescuelas, que no pueden garantizar fechas concretas de examen a sus alumnos.
Los centros formativos pierden competitividad, ingresos y capacidad de planificación. Muchos alumnos deben esperar entre dos y cuatro meses después de estar listos para presentarse a la prueba práctica.
Esta situación crea tensiones económicas, frustración y desigualdad de oportunidades, especialmente para quienes necesitan el carné como requisito laboral o viven en zonas mal conectadas por transporte público.
También se ha detectado el fenómeno del «turismo del carné»: alumnos que viajan a provincias con menor saturación para intentar examinarse antes, algo que desequilibra el sistema y agrava los retrasos.
Frente a esta situación, la DGT trabaja en varias líneas de actuación para agilizar las pruebas:
- Incorporar nuevos examinadores interinos, cuyo ingreso está previsto para septiembre.
- Autorizar jornadas extraordinarias con retribuciones adicionales para los examinadores actuales.
- Agilizar la gestión administrativa con más personal de oficina, liberando a los examinadores de tareas burocráticas que ralentizan el proceso.
Además, se mantiene el nivel de exigencia en los exámenes. Actualmente, menos del 50% de los aspirantes aprueba a la primera, lo que genera nuevas repeticiones y atasca todavía más el sistema.
Pere Navarro ha insistido en que no se bajará la calidad de las evaluaciones, pese a la presión que genera el colapso.
Desde el Ministerio del Interior, también se contempla actualizar el modelo de evaluación para hacerlo más eficiente, aunque no hay fechas concretas por el momento.
Un sistema que necesita una reforma estructural
Según reconoce la propia DGT, el sistema se diseñó para una España con 40 millones de habitantes. Hoy, con más de 50 millones y una sociedad mucho más dependiente del vehículo propio, la estructura de renovaciones, licencias y exámenes se encuentra desbordada.
La falta de examinadores es solo un síntoma de un modelo que necesita una transformación integral, sobre todo si se quiere avanzar en una movilidad segura y sostenible.
Además, este problema se suma a otros desafíos del sistema de tráfico: el envejecimiento del parque automovilístico (el 70% de los coches en España tiene más de 10 años), los problemas para renovar licencias en personas mayores o la necesidad de introducir tecnologías digitales para simplificar y acelerar los procesos de evaluación.
