El SEPE endurece el control sobre los despidos pactados: así los detecta y qué sanciones aplica
En casos excepcionales, si la conducta es especialmente grave o reiterada, podrían derivarse consecuencias penales por fraude a la Seguridad Social
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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Inspección de Trabajo han intensificado en los últimos años la lucha contra los despidos pactados entre empresa y trabajador, con el único objetivo de acceder fraudulentamente a la prestación por desempleo.
Esta práctica, aunque extendida entre pequeñas empresas y algunas pymes, supone un fraude a la Seguridad Social y está tipificada como infracción muy grave, con consecuencias importantes tanto para el trabajador como para la empresa implicada.
El SEPE cuenta con un protocolo muy estricto para identificar despidos simulados. La vigilancia es especialmente estrecha en empresas pequeñas, donde la connivencia es más fácil, pero también en grandes compañías si detectan patrones sospechosos. Entre los principales métodos empleados destacan:
- Revisión exhaustiva de la documentación: el SEPE analiza cartas de despido, finiquitos, datos de cotización y justificantes. La ausencia de causas justificadas o la existencia de documentación ambigua son señales de alerta para una posible investigación.
- Patrones de empleo y frecuencia: si una empresa repite muchos despidos con las mismas características en poco tiempo, o si hay reincidencia por parte de un mismo trabajador o grupo de trabajadores, el SEPE puede abrir una investigación de oficio. También se analiza el historial de relaciones laborales para detectar simulaciones recurrentes.
- Análisis de la causa real del despido: la Inspección puede entrevistarse con ambas partes y verificar si existen elementos que apunten a un acuerdo encubierto (por ejemplo, simulación de actos de indisciplina, ausencias pactadas o renuncias encubiertas).
En casos sospechosos, la Inspección de Trabajo inicia un procedimiento de comprobación y puede pedir información adicional a la empresa y al trabajador, así como realizar entrevistas o auditorías complementarias antes de emitir un dictamen.
SEPE: consecuencias económicas, administrativas y penales
El SEPE y la Inspección de Trabajo aplican sanciones severas en caso de detectar despidos fraudulentos para cobrar el paro. Entre las consecuencias directas se encuentran:
- Devolución íntegra de la prestación o subsidio: si se concluye que el despido fue simulado, el trabajador tendrá que reintegrar todo lo cobrado de manera indebida. No hay límite mínimo, incluso si el fraude se detecta tras meses o años de prestación.
- Multas administrativas altas: según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), las sanciones a empresas pueden oscilar desde los 7.500 a los 225.000 euros, dependiendo de la gravedad y de si existen antecedentes.
- Pérdida de incentivos fiscales: empresas y trabajadores pueden ser excluidos durante hasta seis años de determinadas bonificaciones y ayudas, afectando a futuras contrataciones y prestaciones.
- Extinción de prestaciones: el trabajador no solo pierde el derecho actual, sino que puede quedar excluido de acceder a otras prestaciones en el futuro. La reincidencia o colaboración activa se considera infracción muy grave, con pérdida de hasta seis meses de prestación por reincidencia, e incluso extinción total tras cuatro sanciones leves.
En casos excepcionales, si la conducta es especialmente grave o reiterada, podrían derivarse consecuencias penales por fraude a la Seguridad Social o falsificación documental.
Recomendaciones y alternativas legales
Para no incurrir en estos fraudes, los expertos y el propio SEPE recomiendan:
- Cumplir escrupulosamente la legalidad: solo se puede acceder a la prestación por desempleo por despido o extinción del contrato involuntario, nunca renunciando voluntariamente ni simulando situaciones que no existen.
- Solicitar el paro tras cambios reales de empleo: si un trabajador deja voluntariamente un empleo, debe trabajar y cotizar en otro al menos 360 días y ser despedido realmente para poder realizar una solicitud legal y justificada al SEPE.
- Negociar condiciones legales de salida: existen alternativas legales, como despidos objetivos debidamente justificados, bajas indemnizadas por causas reales o planes de salidas pactadas, que permiten evitar simulaciones peligrosas.
El endurecimiento de la inspección se debe al notable impacto económico de estos fraudes: la Seguridad Social estima decenas de millones de euros que anualmente se abonan de forma irregular en subsidios y prestaciones.
Además, hay jurisprudencia amplia: juzgados de lo Social y Tribunales Superiores de Justicia han confirmado la obligación de devolución y las multas por pactar despidos, e incluso casos recientes de empleados obligados a devolver hasta 9.500 euros tras 14 meses de paro indebido.
