El Gobierno incluye en el cupo catalán avances en la quita de deuda con la ley aún congelada en Hacienda

El Gobierno ha dado un paso más en la condonación de los 17.104 millones de euros de deuda pública de Cataluña a pesar de que la ley orgánica que facultará la ‘quita’ sigue congelada en los pasillos del Ministerio de Hacienda, casi dos meses después de que se lanzara a consulta pública la norma y cinco desde el convulso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se acordó la medida.

El acuerdo que rubricaron el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, además de recoger las bases de la financiación singular que pactaron el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente catalán, también da seguimiento al compromiso de Pedro Sánchez con los republicanos para su investidura: eliminar de un plumazo el 20% de deuda pública de la región.

Según la nota firmada por ambas partes, la Comisión Bilateral de este lunes pactó que será la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, donde se abordan las relaciones presupuestarias entre las dos administraciones, donde se acuerde cómo se materializará la asunción parcial de la deuda catalana por parte del Estado «una vez entre en vigor la ley que apruebe la medida».

Es decir, será este órgano el que analice uno a uno los compromisos de deuda adquiridos por la Administración regional (la mayor parte en manos del Estado, por mor del antiguo FLA) y pase su titularidad al Estado por valor de 17.104 millones de euros, la cuantía que estableció la metodología pactada entre Hacienda y ERC que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, presentó en febrero de este año.

Sin embargo, casi medio año después, aún no hay novedades. Y fuentes del Ministerio de Hacienda reconocen que esta norma (formalmente, Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común) probablemente no pase por la mesa del Consejo de Ministros antes del receso veraniego. Y, con esto, se multiplican las dudas de que se pueda alcanzar el objetivo de la vicepresidenta Montero de tener aprobada la ley antes de que termine el ejercicio.

El Gobierno ha dado patada hacia delante con los dos compromisos fiscales más relevantes que alcanzó con los independentistas. Las bases de la financiación singular no fijan ningún calendario y el ministro Torres se cuidó mucho de remarcar que todo estaba vinculado a conseguir el apoyo de los socios de investidura. Algunos, como Compromís, ya han dado un toque de atención.

Sí remachó que el objetivo era que los cambios legislativos para dar paso al ‘cupo catalán’ llegarían cuanto antes a la mesa del Consejo de Ministros y que después del verano se citará a las comunidades autónomas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir sobre un modelo de financiación autonómica nuevo, toda vez que el actual lleva más de una década obsoleto.

Sin un calendario fijo, con el objetivo de que el Gobierno regional recaude el 100% del IRPF pero sin los efectivos necesarios para que la Agencia Tributaria Catalana pueda hacerlo de manera efectiva ya en 2026, el acuerdo político (el diablo está en los detalles, y eso aún no ha sido cerrado) no ha agradado demasiado ni a ERC ni a Junts.

Tampoco, obviamente, al resto de las comunidades autónomas, tanto gobernadas por el PSOE (singularmente, Castilla-La Mancha y Asturias), como las lideradas por el PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió en rueda de prensa en la tarde del lunes con un discurso muy duro, en el que llamó a Sánchez «tirano», «enloquecido» y «peligro para España», y de los independentistas dijo que ya no eran ni «socios» ni «cómplices» del Gobierno central, sino sus «chulos».

«Nos negamos rotundamente a este atropello y más cuando los cínicos independentistas han acordado impedir a las demás comunidades autónomas bajar impuestos. Nos impiden a Madrid tener autonomía fiscal, cuando ellos en este acuerdo lo tienen plenamente«, deploró la líder madrileña.

El acuerdo adoptado entre La Moncloa y la Generalitat, más allá de fijar la recaudación exclusiva y progresiva de los impuestos por una Hacienda catalana, que abonará una parte al Estado y otra a sufragar la solidaridad con el resto de regiones; contempla introducir en la ley «mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja entre territorios». Un ataque frontal a la política fiscal de la Comunidad de Madrid, consideran en la Puerta del Sol, que se ha centrado en las bajadas de impuestos.

De hecho, Ayuso anunció que judicializará el acuerdo una vez tenga el texto firmado, tanto ante la Audiencia Nacional como ante el Tribunal Constitucional. La base de reclamación a este último será el artículo 156 de la Carta Magna: «Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.