Sánchez llega a la fecha clave del Presupuesto sin borrador y parchea los de 2023 con 33.000 millones

El Gobierno llega al cierre de septiembre con la previsión de incumplir, de nuevo, el mandato constitucional de presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) tres meses antes de que termine el año, después de gestionar durante 2024 y 2025 con unas Cuentas prorrogadas -las últimas son de 2023- y con la aprobación de un borrador para el ejercicio 2026 en el aire.

El compromiso del presidente Pedro Sánchez en el arranque del curso político fue claro: tras dos años sin presentar un Presupuesto, habría borrador para 2026 y, aunque lo tumbe el Congreso, seguirá gobernando. Sin embargo, los tiempos juegan en contra del Ejecutivo. No hay techo de gasto aprobado ni unos objetivos de déficit actualizados, el primer paso de la tramitación presupuestaria, por lo que difícilmente habrá un borrador en las próximas semanas.

La versión oficial del Ministerio de Hacienda es que se está «trabajando intensamente con los ministerios, y también con el resto de grupos políticos» para arrancar cuanto antes la maquinaria. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dijo este lunes que el acuerdo del Consejo de Ministros con el techo de gasto y la senda de estabilidad llegará «a la mayor brevedad posible» y, sobre las Cuentas, aseguró que ya está «ajustando los últimos números del proyecto de Presupuestos».

Más de 85.000 millones en cambios al Presupuesto de 2023

Ahora bien, el Ejecutivo llega a la fecha clave que fija la Constitución con pocas prisas. Los Presupuestos de 2023 incluyen una previsión, heredada de las Cuentas de 2021 en plena pandemia, que habilita al Ministerio de Hacienda a transferir fondos entre partidas presupuestarias con un Acuerdo del Consejo de Ministros. Es decir, abre la puerta a tantos cambios como el Gobierno crea necesarios sin pasar por el Congreso de los Diputados.

Hasta julio, los últimos datos disponibles, el Gobierno efectuó modificaciones por valor de 33.086 millones de euros, lo que representa un 8,7% de las cuantías disponibles en el Presupuesto original. Los cambios fundamentales han sido para aumentar el gasto en Defensa (6.238 millones) y para engordar los recursos del Ministerio de Seguridad Social (7.497 millones), que ha tenido que hacer frente a una nueva revalorización de las pensiones.

Ya el año pasado, el primero de la prórroga presupuestaria en esta legislatura, Hacienda autorizó cambios por valor de 52.341 millones, fundamentalmente para hacer frente a las nuevas previsiones de deuda pública, una rúbrica a la que se sumaron más de 25.000 millones. En total, se autorizaron modificaciones por valor del 13,7% de las cuentas prorrogadas.

Una práctica habitual

Las modificaciones también afectaron a los ejercicios con Presupuestos en vigor, aunque en cuantías notablemente inferiores. En 2023, los cambios fueron de de 20.994 millones, de nuevo vinculados fundamentalmente a la deuda pública (4.896 millones), aunque afectaron a todas las partidas. En 2023 aún se aprobaron varios Reales Decretos-Ley con medidas contra la inflación o con la creación del Verano Joven, todas ellas sin estar contempladas en las Cuentas originales.

Las primeras Cuentas diseñadas por María Jesús Montero fueron las de 2021, en plena pandemia y en las que se incluyó ese mecanismo que se ha ido ejecutando hasta ahora para mover fondos entre partidas y permitir que la Administración siga funcionando a pesar de no contar con Presupuestos en vigor.

Pero ya en 2020, con una ley heredada del Gobierno de Mariano Rajoy, la coalición presidida por Sánchez efectuó modificaciones por valor de 76.077 millones (el 27,4% de los créditos iniciales), vinculadas a la pandemia de COVID-19 y con el Ministerio de Trabajo, que entonces puso en marcha los ERTE para salvar el tejido productivo, como principal beneficiario con 39.743 millones.

En 2019, el primer año en La Moncloa de Sánchez y sin Cuentas en vigor (su caída provocó el adelanto electoral), también hubo modificaciones presupuestarias, aunque de menor entidad y vinculadas al pago de intereses de deuda pública.

Las dos bazas del Gobierno: el crecimiento y los fondos europeos

El Congreso lleva desde 2022 sin dar su plácet a unos Presupuestos Generales del Estado. En el Gobierno cuentan con dos grandes bazas a su favor. Por un lado, el mayor crecimiento económico del año pasado (3,5%, según la última estimación del INE) y el que se prevé para este ejercicio (lo más probable es que se vaya al 3%) dan mayor margen de gasto al Ejecutivo, fundamental para atraer a los socios más reticentes como Podemos o Junts.

Y, por otro lado, en 2026 aún estarán en vigor los fondos europeos Next Generation EU. En concreto, el Gobierno tiene pendiente de solicitar 27.130 millones de euros de transferencias a fondo perdido (ha recibido 55.000 millones hasta ahora), a lo que hay que sumar algo más de 1.000 millones de euros procedentes de hitos que no han sido cumplimentados, como es el caso de la equiparación de los impuestos del diésel y la gasolina, o por la ‘marcha atrás’ en cuanto a las medidas adoptadas para reducir la temporalidad entre los funcionarios, después de un varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

También quedan pendientes de solicitar 67.000 millones de euros en forma de préstamos, aunque esto urge menos al Ejecutivo, ya que se tendrán que devolver y suman deuda pública.

En este contexto, al Ejecutivo puede beneficiarle tanto la posibilidad de sacar unas Cuentas públicas como aprovechar los ahorros y los fondos europeos para gobernar hasta finales de 2026. En 2027 están previstas las elecciones, como tarde en julio, y para entonces un adelanto podría ser meramente técnico.