UGT denuncia al Gobierno ante Europa por los bajos costes del despido en España

Los sindicatos pelearon durante las negociaciones de la última reforma laboral abordar el coste de los despidos tras la rebaja de indemnizaciones durante la anterior etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, pero finalmente quedó fuera de la norma laboral. Ahora, se han marcado el objetivo de batallar para conseguir elevar el coste del despido y UGT ha denunciado al Gobierno ante Europa por este asunto.

En concreto, UGT ha interpuesto una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el precio ‘asequible y nada disuasivo» del despido en España, según ha detallado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, y el secretario confederal, Fernando Luján, en declaraciones previas a la celebración del 3º Comité Confederal del sindicato.

Los dirigentes sindicales han manifestado que el actual sistema español de despido «incumple de manera manifiesta lo consignado en el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)«. Por ello, han exigido que La norma española se debe adecuar a la legislación internacional porque, de lo contrario, «se dejarán a las empresas vía libre a decisiones caprichosas, arbitrarias e injustificadas contra las personas trabajadoras”.

El abaratamiento del coste de los despidos fue una de las medidas principales y más impopulares de la reforma acometida por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012, afectando tanto a los contratos nuevos como a los ya suscritos, de forma que se redujeron las indemnizaciones por despido improcedente en los contratos fijos pasaron de 45 días por año y 42 mensualidades a 33 días por año y un máximo de 24 mensualidades.

En el caso de despidos procedentes la indemnización bajó hasta los 20 días, hasta un máximo de 12 mensualidades. También se clarificaron las causas por despido procedente, que mantuvo los casos de pérdidas actuales y previstas y añadió la disminución persistente de los ingresos o ventas, entendiéndose un periodo de tres trimestres consecutivos.

Tal y como adelantaron fuentes sindicales a Economía Digital el pasado mes de diciembre, su planteamiento a priori pasa por volver a la indemnización previa a la reforma laboral de 2012, que fijaba una compensación por despido de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, un nivel que, aseguran, es bien visto por el Ministerio de Trabajo.

Carga contra la reforma laboral del 2012

Así las cosas, los dirigentes de UGT han criticado duramente la reforma laboral de 2012 porque «disparó la temporalidad, redujo los salarios y aumentó la brecha de desigualdad», y al reducir la indemnización, eliminar los salarios de tramitación y disminuir la intensidad de las causas del despido «se estaba fomentando acudir a vías extintivas aparcando figuras más protectoras con el empleo y con las personas”.

A juicio de UGT, «las sucesivas reformas laborales han convertido el despido injustificado en libre y escasamente pagado», ya que «la reducida indemnización por una extinción arbitraria no cubre el daño realmente causado». En su opinión, la actual normativa española reguladora del despido no ampara a la persona trabajadora frente a decisiones arbitrarias, sin causa real, donde «la empresa no tiene que hacer el mínimo esfuerzo por probar la causa que dice para justificar la extinción”.

Por ello, han afirmado la necesidad de cumplir con la normativa internacional vigente y “mantener el derecho del trabajo como elemento fundamental de cohesión social. Tras la primera parte de la reforma laboral acordada por los interlocutores sociales y el Gobierno que apuesta por el empleo indefinido, UGT exige abordar de manera «inmediata» en la mesa de diálogo social la segunda parte pendiente en la que se incluyen elementos como el despido.