Los frentes abiertos de Iberdrola y Endesa en la recta final de 2025: cierre nuclear, retribución a las redes y apagón
Las grandes eléctricas afrontan conflictos con el Gobierno, la CNMC y Red Eléctrica con fechas clave en los próximos meses

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el CEO de Endesa, José Bogas
Iberdrola y Endesa tienen varios frentes abiertos con el Gobierno, Competencia y Red Eléctrica que deben cerrarse en los próximos meses. Las grandes eléctricas afrontan fechas clave próximamente en las que se tomarán decisiones transcendentales para el futuro energético del país relativas al cierre nuclear, a la inversión en redes y al apagón eléctrico.
Este mismo martes, las compañías deben publicar la disponibilidad que tienen en sus redes de distribución para dar cabida al consumo de nuevas demandas como los centros de datos o fábricas industriales.
Una información de la que se espera salgan datos negativos en cuanto a la saturación y el cuello de botella al que se enfrentan las redes para satisfacer toda la demanda que está pendiente de conectarse a la red y que desde el sector vienen avisando hace meses.
Este es uno de los puntos clave que Iberdrola y Endesa argumentan en su disputa contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la tasa de retribución a las redes eléctricas para el período 2026-2030.
Se trata de los peajes que Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy pueden cobrar en la factura de la luz todos los consumidores y que luego utilizan para invertir en el despliegue de redes y su modernización.
Desde el organismo que preside Cani Fernández han propuesto una tasa del 6,46%, superior al 5,58% actual, pero inferior al 7,5% que piden las eléctricas.
El Gobierno puede tomar cartas en el asunto en caso de que no vea adecuada la retribución propuesta por Competencia y pedir que aumente el pago, bien por la presión de las eléctricas o porque los datos de acceso a la red contravienen el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) respecto a los objetivos de electrificación y demanda para 2030.
En cualquier caso, el conflicto deberá dirimirse en los próximos meses y la nueva tasa quedar fijada antes de que finalice el año. Pero no es el único frente que debe cerrarse en este ejercicio, antes incluso si cabe por la urgencia de los procesos que implica.
Iberdrola, Endesa: cuenta atrás para el cierre nuclear
Se trata del calendario de cierre nuclear que pactaron las empresas propietarias de las centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) con el Gobierno en 2019 y que podría verse modificado.
La primera instalación en iniciar su proceso de desmantelamiento es la extremeña Almaraz, cuyo primer reactor tiene previsto apagarse el 1 de noviembre de 2027 y el segundo reactor lo hará en octubre del año siguiente.
Aunque todavía quedan poco más de dos años, los grupos propietarios deben tomar decisiones importantes que van desde la compra de uranio a la contratación de personal.
Según la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), esta normativa empieza a contar justo dos años antes del cierre oficial de la instalación, por lo que el próximo 1 de noviembre Iberdrola, Endesa y Naturgy, las propietarias de Almaraz, deberán empezar a tramitar su parada definitiva.
Las eléctricas tienen, por tanto, poco más de 50 días para negociar con el Gobierno la ampliación de la vida útil de las centrales. No obstante, las posturas hasta ahora se encuentran muy distanciadas con la fiscalidad como principal escollo.
En este sentido, Iberdrola y Endesa batallan por el aumento de la denominada ‘tasa Enresa’, una prestación patrimonial de carácter público no tributario a través de la cual las propietarias de las centrales financian la gestión y el desmantelamiento seguro de los residuos radiactivos y las centrales nucleares.
Desde el sector consideran abusivo este pago que ha aumentado un 30%, desde los 7,98 euros por megavatio hora, hasta los 10,36 euros, así como otros impuestos específicos como las famosas ‘ecotasas’ autonómicas.
En este aspecto, el Gobierno valenciano eliminó la suya recientemente, eximiendo del pagó de 14 millones a Iberdrola, pero otras permanecen como la de Extremadura y Cataluña, donde el importe asciende a 82 y 137 millones respectivamente.
Con este escenario, el Gobierno se ha mostrado abierto a negociar la extensión del calendario nuclear, pero ha marcado sus líneas rojas por las que no dará su brazo a torcer, siendo una de ellas la fiscalidad.
El informe del Entso-E sobre el apagón se publicará el 3 de octubre
La rebaja de impuestos que piden las eléctricas se enmarca en un contexto en el que la energía nuclear no es competitiva por el aumento de las energías renovables que conforman el mix de generación, obligando en muchas ocasiones a las centrales nucleares a parar su actividad para no perder dinero.
Asimismo, uno de los argumentos que desde el sector y desde las voces pro-nucleares alegan es el de garantizar la seguridad de suministro y dar estabilidad al sistema eléctrico para que se reduzca la probabilidad de que suceda un nuevo apagón como el del pasado 28 de abril.
El cero energético que dejó a la península ibérica sin luz es otro de los puntos calientes a los que se enfrentan Iberdrola y Endesa en esta segunda mitad de 2025.
Las compañías llevan meses en guerra contra el operador del sistema, Red Eléctrica, a la que acusan de ser la principal culpable del suceso, mientras que la empresa semipública que preside Beatriz Corredor asegura que fueron las empresas las que no cumplieron con la normativa de control de tensión.
Tras el informe del Gobierno en el que repartía culpas, el de la empresa semipública que preside Beatriz Corredor, el encargado por las eléctricas y el de la CNMC, queda por conocerse el de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e).
El organismo europeo ha concluido prácticamente la recopilación de datos sobre el apagón tiene previsto publicar su informe definitivo sobre el incidente el próximo 3 de octubre, adelantándose así al plazo legal.
Recientemente, ratificó su hoja de ruta señalando que su calendario ha sufrido retrasos por las «importantes dificultades para recopilar datos relevantes y de alta calidad por parte de varias compañías distribuidoras y generadoras (de electricidad)».
Por su parte, desde Aelec, patronal que engloba a Iberdrola, Endesa y EDP, han criticado en diferentes ocasiones el trabajo del Entso-E por «omisiones e imprecisiones» en aspectos técnicos críticos como el análisis de varios episodios de inestabilidad de la red los días previos al apagón, entre otros.
Con este escenario, los próximos meses se prevén agitados para las grandes eléctricas españolas que tendrán que afrontar diferentes conflictos regulatorios, fiscales y judiciales.