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Auge y caída de Fernando Romero, el fundador de EiDF: de nuevo rico en Forbes a la multa millonaria de la CNMV
Fernando Romero, que en octubre cedió la presidencia de EiDF a Eduard Romeu, llegó a ser la trigésimo cuarta mayor fortuna española en 2022, antes del estallido de la crisis de la compañía

Fernando Romero, CEO de la compañía EiDF, especializada en instalaciones de energía solar fotovoltaica, durante el estreno de la compañía en el BME Growth /EFE / Esther Egea
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vuelve a la carga contra Fernando Romero casi dos años después de levantar (con peros) la suspensión de cotización de EiDF. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía en su edición de este viernes la imposición de una multa de 6,4 millones de euros al fundador de EiDF, así como a su hermano, Óscar Romero, otras dos personas, Arkaitz Lorenzo Hurtado y Enrique Noya Santos, además de las sociedades Liquidaciones Vizcaya y Albujón Solar 81 (constituidas por Óscar Romero) por sanciones muy graves relacionadas con presuntas operaciones de manipulación de mercado a través de las acciones de la compañía.
Estas prácticas ilícitas por las que la CNMV castiga ahora a Fernando Romero y su círculo más cercano tuvieron lugar a finales de 2022. Por aquel entonces, el grupo especializado en proyectos de energía solar fotovoltaica vivía un particular idilio con el BME Growth. Tras debutar en el índice con un precio de 4,2 euros por acción en julio de 2021, los títulos de la compañía de origen gallego se embarcaron en una espiral alcista que los llevó hasta los 28 euros con los que dio carpetazo al año 2022.
La irrupción de Fernando Romero en Forbes
EiDF logró instalarse como la mayor empresa del índice en términos de capitalización bursátil después de que esta se elevase hasta los 1.619 millones de euros al cierre de 2022. La revalorización del 2.171% que protagonizaron sus acciones desde el debut en el parqué provocó que el por aquel entonces fundador, presidente y máximo accionista de la compañía, Fernando Romero, llegase a irrumpir en la lista Forbes de mayores fortunas españolas.
En concreto, la publicación cifraba en su edición de 2022, en 850 millones de euros la riqueza de un Fernando Romero que se instalaba en el puesto número 34 de este ranking, justo entre Carlos March, presidente de la Corporación Financiera Alba, y Javier y Mercedes Entrecanales, de la familia fundadora de Acciona.
Sin embargo, el día 14 de abril de 2023 dio un giro a la situación. Fue entonces cuando la CNMV decretó la suspensión de cotización ante la imposibilidad de presentar sus cuentas anuales en forma y plazo ante la negativa de su nuevo auditor (PwC) a firmarlas. Las acciones de EiDF permanecieron instaladas durante más de cuatro meses en los 29,76 euros hasta que el 28 de agosto de ese mismo año volvieron a cotizar en medio de un desplome del 70%.
La CNMV decretó el levantamiento de la suspensión de cotización después de que EiDF presentase, esta vez sí, sus cuentas anuales con un informe de salvedades por parte de PwC, así como parte del forensic encargado a Deloitte para investigar posibles irregularidades en sus cuentas.
Fernando Romero se echa a un lado en EiDF
Desde entonces, la compañía ha aplicado un plan de choque basado en la revisión y fortalecimiento del gobierno corporativo y el control interno y en el saneamiento de sus cuentas a través de sucesivas ampliaciones de capital y recapitalizaciones. En medio de este proceso, la compañía ha trasladado su sede a Madrid en dos ocasiones y Fernando Romero se ha echado a un lado para dar paso a un nuevo equipo gestor que encabeza el que fuera mano derecha de José Elías en Audax Renovables y vicepresidente económico del Barcelona en el segundo mandato de Joan Laporta: Eduard Romeu.
El ejecutivo catalán desembarcó como consejero de EiDF en enero de 2024 y, además, asumió la presidencia de la comisión de auditoría. Tan solo nueve meses después, Romeu accedería a la presidencia de EiDF para relevar a un Fernando Romero que presentó su dimisión para ejercer como senior advisor de la compañía, un cargo que abandonaría en marzo de este mismo año.
El último hilo conductor que une a Fernando Romero con EiDF es Prosol Energía. El empresario de origen vasco figura desde el año 2018 como administrador único de esta sociedad en la que, sin embargo, es Rebeca Alonso la que ejerce como máxima accionista. Prosol Energía controla el 36,4% de los derechos económicos de EiDF y el 17,5% de los derechos políticos mientras que el family office luxemburgués Laurion Financial Enterprises ostenta el 11,56% de los derechos económicos y el 30,47% de los políticos.
De esta manera, Fernando Romero se ha desvinculado de la gestión de EiDF y ha perdido el control accionarial de una compañía que ya se desploma un 36,4% en bolsa en lo que va de 2025. Su capitalización bursátil ronda ahora los 123,8 millones de euros.
Romero, que a comienzos del mes de marzo constituyó la sociedad de capital riesgo Prosol Nenya SCR, encaja ahora la multa de la CNMV apenas mes y medio después de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra le condenase a dos años y medio de cárcel al considerarlo autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y por la comisión de otros cinco delitos contables.
Golpe judicial en Pontevedra
Romero deberá hacer frente a una multa de 10 euros diarios durante nueve meses en el marco de esta causa por la cual la Fiscalía le solicitaba seis años de cárcel al atribuirle un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otros seis ilícitos penales contables. La acusación del Ministerio Fiscal se formuló contra Fernando Romero, su madre, María del Carmen Martínez, y el antiguo responsable jurídico de EiDF, Víctor Manuel Fontán, al considerar que la empresa cotizada y las sociedades Romar Gestión 2013 y Eficiencia Gallega emitían y recibían facturas falsas por servicios inexistentes como «asesoramiento jurídico», «informes técnicos» o «estudios de mercado».
En la sentencia se considera acreditado que las cuentas anuales de las distintas firmas de este entramado empresarial presentaban balances inflados o inventados entre los años 2013 y 2015, generando así apariencia ficticia de actividad económica. Además, el magistrado ponía de relieve la existencia de «discordancias destacables» entre los «conceptos reflejados en las facturas con los conceptos que recogen los libros diarios».