Naturgy, Reganosa, Ignis… La Xunta teme que el bloqueo eólico afecte a todos los proyectos de hidrógeno y metanol

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La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el parque de Eurus en Mazaricos ha vuelto a encender las alarmas en el sector eólico, pues parece augurar que la situación de bloqueo que atraviesan más de 70 proyectos en la comunidad podría prolongarse durante más tiempo, enredada en recursos judiciales que hacen que Galicia pierda el paso en la carrera de la descarbonización. La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, además de expresar su extrañeza por el criterio de la Sala de lo Contencioso, advirtió que los molinos que deben abastecer a Alcoa podrían correr la misma suerte, y que, en líneas generales, la menor disponibilidad de energía renovable perjudicará a la industria y a la ciudadanía.

Este es un punto clave en la visión de la Xunta. No se trata tanto de que se paren inversiones o se cancelen proyectos, ni tan siquiera de cuánto peligro corran. El problema está en que el frenazo del desarrollo renovable reduce las posibilidades de obtener energía barata, merma la efectividad de la Ley de beneficios sociales y económicos, y hace el territorio menos atractivo a la hora de captar inversiones industriales.

Así lo explica el secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, Nicolás Vázquez, que en conversación con Economía Digital Galicia señala que los primeros afectados por las paralizaciones de parques eólicos son «los proyectos de hidrógeno y metanol verde, que para que su producción sea verde necesitan de energía renovable». «Evidentemente, van a tener más problemas, porque cuantos más parques hubiese en Galicia más posibilidades tendrían de obtener energía a precios competitivos», indica sobre una tecnología que quieren desarrollar en la comunidad empresas como Ignis, Reganosa, Naturgy, Forestal del Atlántico o Iberdrola, entre otras.

Vázquez explica que la política de la Xunta trata de que los proyectos industriales dispongan de energía verde, bajo la perspectiva de que cuanta más producción exista más posibilidades tendrán de obtener suministro a mejor precio. Desde esta óptica, todas se verán afectadas por la paralización de proyectos, también aquellas como Ferroglobe, Xeal o Alcoa, que tratan de descarbonizar su actividad. El coste energético, argumenta, es «crucial» para su negocio, y puede determinar si «mantienen en funcionamiento todos los hornos o solo una parte de los que disponen».

Nicolás Vázquez, secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético / Xunta

Los trenes que pasan

Con una dilatada experiencia en el sector energético, pues comenzó a trabajar en el Inega en 2001, Nicolás Vázquez hace memoria para pensar el presente. «No tendría sentido que dejásemos de aprovechar el potencial de Galicia en energía renovables con todo lo que suponen hoy. Cuando empezó, la eólica era totalmente distinta, había una prima, era un negocio, las energéticas se metían como una inversión. Hoy es diferente. Nos hemos obligado a nosotros mismos a que todas las industrias se tengan que descarbonizar, especialmente en Europa. El desarrollo de renovables, por tanto, está absolutamente ligado al desarrollo de la industria, especialmente si sumamos otras decisiones como los cierres de nucleares y térmicas», dice.

Sobre el papel, no es un mal campo de juego para Galicia, que dispone de viento y agua para producir energía. Pero, con los proyectos paralizados, la disponibilidad de recursos no impide que el territorio quede rezagado. «Todos estos años vemos que otras comunidades y otros países nos están adelantando. Ahora estamos viendo que muchas industrias buscan instalarse en Aragón. ¿Por qué?, pues una de las razones, habrá otras, es la disponibilidad de energía renovable. Mientras, todo apunta a que nosotros vamos a seguir en un recorrido judicial. Son años perdidos en el que, día a día, vas perdiendo oportunidades», razona.

Esto se traslada a las empresas que sondean Galicia como lugar para implantarse. Uno de los requisitos imprescindibles es la energía renovable. «A nosotros, en Industria, nos llegan bastante a menudo empresas de dentro del propio territorio o de fuera que quieren invertir. Una pregunta recurrente, lo que todo el mundo quiere saber, es la disponibilidad de agua y de energía, y a qué precio. Luego hay otros elementos, como el suelo industrial, pero la energía es crucial, ya que puede determinar si el TIR (la tasa de retorno de la inversión) sale o el TIR no sale», explica.

Repotenciaciones y beneficios en el territorio

Y luego está el proyecto político que puso en marcha por la conselleira María Jesús Lorenzana y al que tampoco le sienta bien un atasco judicial en el sector eólico. El plan tiene, cuando menos, dos objetivos claros: el aprovechamiento del territorio mediante las repotenciaciones y la repercusión en Galicia de sus propios propios recursos naturales mediante la generación de riqueza y de energía barata, valga la redundancia. La estrategia tiene varias patas, desde la propia creación de la sociedad Recursos de Galicia a la Ley de beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia. «Hay varias disposiciones para que los nuevos parques vendan en la comunidad un 50% de la energía generada. Estamos intentando que las instalaciones aporten riqueza en la zona donde se implantan, que tengan la obligación de dejar riqueza. Con la obligación de que vendan aquí la energía conseguimos aumentar la oferta y bajar el precio, tratando de que los proyectos industriales tengan energía verde barata», explica Nicolás Vázquez.

Algo similar ocurre con las repotenciaciones, que tampoco están libres de la judicialización, pues el Gobierno ha llevado al Constitucional la norma. «Buscamos reducir la afección ambiental produciendo un 45% más. Con menos impacto ambiental estás incrementando un 45%, como si volvieras a implantar 2.000 megavatios, pero sin afecciones. Por eso nos llevamos las manos a la cabeza cuando el Gobierno recurrió, pues no entendemos a quién se está perjudicando, si estamos garantizando más energía verde, sin afección, y a favor de los propios objetivos de energía renovable que ha marcado el Ejecutivo central», lamenta el secretario xeral de Industria.

La relación con las eléctricas

Sin embargo, es cierto que las eléctricas, a través de la Asociación Empresarial Eólica, se quejaron de la normativa y llegaron a hablar de una «intervención» del libre mercado y de una «expropiación» para calificar estos dos preceptos. Vázquez reconoce que, sobre todo en el caso de la repotenciación, causó algo de «sorpresa», pero defiende que la ley es muy respetuosa con las empresas. Recuerda, por ejemplo, que se incluyeron excepciones en la obligatoriedad por motivos económicos o ambientales, por ejemplo, si la necesidad de utilizar maquinaria pesada en la renovación tecnológica de los aerogeneradores provocaba impacto en una zona ambientalmente sensible. «Para que no hubiera posibilidad de que fuera antieconómico y perjudicara alguna empresa, se promovió durante la tramitación una disposición que fijó un excepción en función de parámetros económicos, como en caso de empresas con deuda», apunta.

Señala que también se añadió otra flexibilización para garantizar la seguridad jurídica, de manera que «solo se obliga a ejecutar la repotenciación una vez que la autorización es firme», para que una reclamación judicial no puede tumbar la inversión una vez realizada. Además, añade el secretario xeral, los parques tenían unos 25 años de vida útil y la normativa pide que se inicie el proceso de autorización en los siguientes 18 meses al vencimiento, que sumados al proceso de tramitación, sitúa la inversión a 31 o 32 años vista. «Se está dando una vida útil superior a lo previsto», asegura.