El Gobierno de Uruguay rompe su contrato con el astillero Cardama por 80 millones y avisa de posible “fraude”

Polémica en Uruguay por el contrato con el astillero gallego Cardama para la construcción de dos buques de patrulla oceánica. El Gobierno de Yamandú Orsi anunció este miércoles que rescindirá el contrato de casi 90 millones de euros firmado en 2023 por la anterior administración con la compañía con base de operaciones en Vigo tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo.

En una rueda de prensa, el presidente del país indicó que existen indicios “de una estafa o fraude al Estado uruguayo” e informó de que ha ordenado iniciar acciones judiciales tanto civiles como penales así como ejercitar la denominada garantía “de fiel cumplimiento” del acuerdo antes de su vencimiento.

El Gobierno uruguayo firmó un contrato con Cardama en 2023 durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou por 92 millones de dólares. Este tenía que ser renovado, pero Orsi, según explican los medios locales, tomó la decisión de rescindirlo el mismo día en el que vencía la garantía de cumplimiento.

Problemas con las garantías

Siempre según los medios uruguayos, el contrato exigía que Cardama tenía que presentar una garantía de cumplimiento equivalente al 5% del costo total del contrato en un plazo de 45 días. No obstante, según aseguraron desde el Gobierno uruguayo la empresa no lo hizo y solicitó sucesivas prórrogas, dilatándolo de esos 45 días a 11 meses. El prosecretario de Defensa, Jorge Díaz, aseguró que la empresa inició hasta siete veces el proceso de validación.

Al vencerse el plazo contractual, según el relato de los gobernantes uruguayos, Cardama habría presentado una garantía fue emitida por una firma británica llamada Eurocommerce Limited, que fue aceptada pese a no cumplir con lo establecido en el contrato.

Empresa en Reino Unido

«Ante la inminencia del vencimiento del plazo, porque el 22 de septiembre Cardama nos debió decir cuál era la nueva garantía, el presidente de la República resolvió iniciar el proceso de ejecución de la garantía y dio instrucciones al embajador en el Reino Unido que se constituyera en las oficinas de la empresa Eurocomerce Ltda. en el Reino Unido a los efectos de notificar de manera formal a la empresa de que depositara el dinero de la garantía en una cuenta a nombre del Estado uruguayo», explicaron.

No obstante, el prosecretario indicó en esa rueda de prensa que la empresa no operaba en el citado domicilio y que se encargó un informe jurídico que determinó que Eurocommerce estaba “en proceso de liquidación”. “Hay indicios fuertes de qiue esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude al Estado uruguayo pues esta garantía no existiría”, expuso.

Habla Cardama

Sobre este punto, fuentes de Cardama apuntan que han hablado con el mencionado banco y que este les ha confirmado que ha cambiado su dirección en Reino Unido.

«En todo este tipo de contratos, las garantías se presentan, se dan para incumplimientos de contrato. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna comunicación de incumplimiento de contrato. Nadie nos ha comunicado incumplimientos de contrato, nadie. Estamos muy sorprendidos porque nos hemos enterado por la prensa», han relatado a Europa Press fuentes del astillero Vigués.

Asimismo, explican que una delegación de la empresa gallega estuvo reunida hace un par de semanas con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, y que nadie de la administración del país comunicó «ni por escrito ni de palabra» que Cardama estuviese incumpliendo el contrato.

En este contexto, la intención de Cardama es sentarse a negociar con el Gobierno de Uruguay porque, a su juicio, «no tiene ningún sentido que el contrato se rompa». «Otra cosa es que haya otros intereses que desconozcamos», han apuntado las fuentes consultadas.

En caso de que finalmente se rescinda el contrato, Cardama debería devolver al Gobierno uruguayo, según relatan las fuentes de la empresa, en torno a 8 millones de euros en concepto de garantías.

A ello se suma que habría que dirimir en los juzgados que ocurriría con los 28 millones de euros que ya ha abonado el Ejecutivo sudamericano para la construcción de las patrulleras.

La constructora naval gallega considera que la anulación del contrato supondría un varapalo para la empresa, pero también para Uruguay, que, a juicio de Cardama, necesita las embarcaciones «como agua de mayo» para solucionar los «gravísimos» problemas de pesca ilegal y de narcotráfico en sus costas.