Indra, Telespazio y la antigua Everis pugnan por el mercado de créditos de carbono de la Xunta
La única empresa gallega que opta a implementar la plataforma tecnológica, un contrato de 6 millones, es Bahía Software; la consultora BIP, del fondo CVC, al borde de la exclusión
El presidente de Indra Group, Ángel Escribano, durante la rueda de prensa tras la presentación de resultados de accionistas de Indra. Gustavo Valiente / Europa Press
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La Xunta avanzó el año pasado en la creación de un sistema voluntario de créditos de carbono, que pretende estructurar en una doble dimensión: por un lado, promover proyectos que reduzcan o absorban gases de efecto invernadero, entre los que podrían estar la reforestación, la conservación de montes, la acuicultura sostenible o las energías renovables, por ejemplo; por otro, generar un modelo de compensación de emisiones mediante la compra de créditos de carbono que pueda fortalecer el tejido industrial.
El plan, pasmado en el DOG del 29 de octubre, tiene un coste de implantación. Y supera los 6 millones. Eso es lo que valdrá la plataforma tecnológica que quiere desarrollar el gobierno gallego para vertebrar el mercado de carbono y que licitó casi a la par que ponía en marcha la regulación. Para el contrato levantaron la mano siete empresas, entre ellas, importantes multinacionales y uno de los grupos españoles de moda por los grandes contratos de defensa, Indra, que presentó oferta a través de la filial tecnológica Minsait y en alianza con Cotesa, la TIC del grupo Tecopy y una de las grandes contratista en este ámbito de las administraciones públicas.
Thales, Leonardo, Indra…
El desarrollo de la plataforma integral de gestión activa de sumideros naturales de carbono, que así se llama el contrato presupuestado en 6,07 millones y cofinanciado en un 60% con fondos europeos, recibió otras cuatro ofertas además de la presentada por la UTE que lidera Indra. También acudió a la llamada Telespazio, la multinacional italiana participada por Thales y Leonardo, con una facturación todavía discreta en España, en torno a los 20 millones, aunque con buenas perspectivas por el incremento de la inversión pública en defensa y seguridad.
La antigua Everis, que hace unos años adoptó la marca de su dueño japonés, NNT Data, presentó también su candidatura en alianza con Seresco, firma con una trayectoria de más de 40 años en Galicia en los que ha trabajado tanto con la Xunta como con empresas privadas, como Grupo Puentes.
La única empresa gallega en la pugna es Bahía Software, consultora tecnológica con sede en Santiago y también con amplia experiencia trabajando para la administración autonómica, para la que diseñó soluciones como la premiada aplicación Mobem del Servizo Público de Emprego, el dispositivo de acreditación digital Kronos, a través del que fichan los funcionarios, o el control de los archivos físicos judiciales.
Finalmente, también aspira al contrato BIP Group, consultora de origen italiano controlada por el fondo CVC y con más de 600 millones de ingresos anuales. Sin embargo, no está claro que vaya a poder competir por el mercado de carbono gallego. La mesa de la Consellería de Medio Ambiente evalúa su posible exclusión por un defecto en la presentación de la oferta y en su posterior corrección.
El ‘marketplace’ del carbono
La plataforma que permitirá la interoperabilidad del sistema de créditos de carbono se enmarca en la iniciativa SICLE CO2, uno de los ocho proyectos gallegos seleccionados en el programa Compra Pública Innovadora. El presupuesto es de 6,8 millones, contabilizando los 6 millones destinados al desarrollo tecnológico de la plataforma, que debería entrar en funcionamiento este mismo año, y otros 800.000 euros para poner en marcha una oficina técnica que gestionará el sistema y «acciones de comunicación», según indicó la Xunta.
Una vez completado Galicia contará con un marketplace, con trazabilidad verificada, que permitirá el intercambio económico de créditos de carbono entre propietarios de proyectos de absorción e interesados en adquirirlos. La iniciativa incluye también la creación un banco de parcelas mediante el análisis del potencial de absorción de carbono en Galicia, como pueden ser superficies forestales o terrenos agrarios.
