Monbus fracasa al intentar frenar otra investigación por amaños en el bus escolar gallego

Monbus fue la principal vencedora de las dos grandes licitaciones de transporte de la Xunta, las líneas regulares de viajeros y el bus escolar. Pero en ambas ha acabado enredado en recursos administrativos, judiciales y, finalmente, en investigaciones por posibles prácticas colusorias en los concursos. El primer caso, el presunto cártel con Alsa, acabó con una propuesta de sanción de 1,7 millones a ambas empresas por parte de la Comisión Galega da Competencia, que hubo de iniciar el expediente sancionador por mandato judicial después de considerar que no había caso. Ahora, el mayor grupo gallego del sector se enfrente a nuevas investigaciones por las adjudicaciones de transporte escolar. Y aunque está intentando parar los procedimientos, Competencia está rechazando todos sus recursos.

En dos resoluciones que el organismo que preside Ignacio López-Chaves hizo públicas este viernes, el pleno rechaza las impugnaciones presentadas por 11 empresas del grupo de Raúl López, sobre las que pesa un expediente sancionador por posibles conductas anticompetitivas en el proceso de contratación de las líneas de transporte escolar en la provincia de A Coruña. Los recursos contra la apertura del expediente fueron presentados por Rías Altas, por un lado, y por Autos Arcade, Auto Industrial, Castromil, Eleuterio López, Empresa Monforte, Gala, Luber, Gómez de Castro, Hispano Igualadina y La Unión, por otro.

La negativa de Competencia a parar la investigación y cerrar el expediente se suma a otra anterior en líneas escolares de la provincia de Pontevedra, que fue adelantada por Praza. En aquel caso, presentaron el recurso parte de estas mismas filiales, junto a Empresa Miño y Autobuses de Pontevedra. Monbus se hizo con 28 de los 57 lotes que había en disputa en la licitación del transporte escolar gallego, que se corresponden con 1.586 rutas de transporte repartidas por la comunidad. El valor de los contratos, tomando en cuenta la participación de la compañía de Raúl López en las UTEs, rondó los 21 millones, aunque es más elevado, de hasta de 50 millones, si se tiene en cuenta la prórroga de la Xunta.

Las alegaciones de Monbus

Los dos recursos presentados contra el acuerdo de incoacción del expediente sancionador son idénticos, tanto el de Rías Altas como el del grupo de empresas. Esgrimen tres argumentos: la inexistencia de indicios para cuestionar la licitud de las UTEs, que a su entender es la única alegación de Competencia para justificar la investigación; que las denuncias que dieron lugar al expediente ya fueron juzgadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, resolviendo que la conformación de las alianzas no podía considerarse como indicio de práctica colusoria; y que el acuerdo que abrió el expediente incurrió en diversas infracciones vinculadas a la falta de motivación.

Monbus concluye que el expediente no cumple con el estándar de «indicios racionales» previsto en la Ley de Competencia, por lo que no se justifica algo tan gravoso como la apertura de un proceso sancionador. La investigación parte, como se aprecia en los argumentos del grupo de Raúl López, de la conformación de UTEs para optar a los contratos sin aparente necesidad de hacerlo, por el tamaño de Monbus, que ha defendido, en este y otros procedimientos, que las alianzas permiten aprovechar y optimizar los recursos de las empresas integrantes.

Competencia sigue adelante

Si en el caso del transporte regular de viajeros la Comisión Galega da Competencia decidió meter las denuncias en un cajón, ahora rechaza archivar la investigación. Alega, en base al informe de la Subdireccion de Investigación (Subic), que para admitir el recurso solo hay dos causas posibles: la indefensión y el perjuicio irreparable. Y ninguno de los dos se da. De hecho, señala que, a diferencia de otras impugnaciones de Monbus, en esta no alega daño reputacional o económico. Del mismo modo, la apertura del expediente es una manera de materializar el derecho de ser informado del contenido de la acusación.

Para el resto de argumentos de la compañía, Competencia indica que son ajenos a la resolución, pues entiende que deben valorarse en una fase posterior, una vez se resuelva el expediente sancionador.