Portugal tropieza en la tramitación de la mina de litio a 25 kilómetros de la frontera gallega

Una queja de una entidad gallega, la Fundación Montescola, ha hecho aflorar problemas en el proceso de información y participación pública del proyecto para desarrollar una mina de litio en el municipio portugués de Boticas, a 25 kilómetros de la frontera con Galicia. El comité de cumplimiento de la Convención de Aarhus, a la que está adherida la Unión Europea, ha concluido que tanto la Agência Portuguesa do Ambiente como la Direcção-Geral de Energia e Geologia y la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional vulneraron el derecho de acceso y participación de los ciudadanos en el proceso de tramitación. En consecuencia, también el Estado portugués falló al garantizar los derechos de participación en esta explotación en concreto y, en general, en la normativa de evaluación ambiental de proyectos.

La queja de Montescola fue presentada en el año 2021 y a ella se sumaron como observadores la asociación Unidos em Defesa de Covas do Barroso y  MiningWatch Portugal. Estas organizaciones, que emitieron un comunicado, ven confirmado que el proceso de evaluación de impacto ambiental no garantizó la participación pública debido a la «sobreposición» de criterios políticos poco escrutados a procesos de evaluación transparentes y ponderados. Esta combinación produce «fallos constantes» de las entidades públicas a la hora de garantizar el acceso a la información. Por lo tanto, ven una dimensión «estructural» en el caso concreto de la mina de litio de Boticas.

Proceso judicial

Fuentes del ministerio do Ambiente dijeron al medio luso Público que «las conclusiones ahora conocidas tendrán que ser analizadas por las autoridades competentes». Las recomendaciones realizadas por el comité de la Convención de Aarhus, un tratado central de Unece en materia de justicia ambiental, recomiendan aplicar cambios en la ley de evaluación de impacto ambiental para evitar futuros incumplimientos. Pero lo cierto es que no están claras las consecuencias que tendrá la resolución sobre la legislación o sobre el propio proyecto minero.

Cabe recordar que la Junta de Freguesia de Covas do Barroso inició en 2023 una acción judicial para tratar de anular la Declaración de Impacto Ambiental obtenida por Savannah Resources, por lo que entienden que las deliberaciones de la Convención de Aarhus reforzarán sus argumentos jurídicos.