Menos burocracia y más seguridad jurídica

Desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) hemos subrayado una idea sencilla pero urgente: las empresas necesitan menos burocracia y más seguridad jurídica si queremos crear empleo estable, atraer inversión y consolidar la competitividad de Galicia en Europa.

No se trata de un reclamo corporativo abstracto: es la demanda práctica y diaria de miles de pymes y de empresas industriales y de servicios que sostienen nuestra economía.

La evidencia lo confirma. En 2024 la propia CEOE publicó un informe sobre la producción normativa que refleja una intensa actividad legislativa: 719 normas de ámbito estatal aprobadas en ese año, casi dos normas diarias, lo que complica la previsibilidad para las empresas y multiplica los trámites a los que deben enfrentarse los equipos jurídicos y de cumplimiento. Para muchas empresas, especialmente las pequeñas, esa avalancha normativa supone costes administrativos directos y, sobre todo, incertidumbre a la hora de planificar inversiones.

Se han recogido casos en los que la burocracia vinculada a licencias y autorizaciones puede duplicar o incluso triplicar los costes de gestión de un proyecto, especialmente en construcción, industria agroalimentaria y servicios. Este exceso normativo también repercute en tiempos: empresas gallegas reportan retrasos de varios meses en procedimientos que deberían resolverse en semanas, lo que obliga a destinar más horas de personal administrativo o a contratar asesoría jurídica para interpretar cambios legislativos constantes. Cada nueva exigencia formal —formularios, informes, auditorías, revisiones— implica un coste acumulado que reduce el margen operativo, especialmente para las pymes.

La carga burocrática y fiscal genera un coste oculto que limita la inversión: cada modificación normativa eleva la prima de riesgo empresarial y obliga a posponer proyectos, reduciendo el crecimiento potencial. A nivel agregado, esta situación se traduce en un entorno donde el cumplimiento regulatorio supone miles de horas anuales para sectores con fuerte dependencia de permisos —energía, industria, logística— y donde el exceso de normativa actúa como una barrera cuantificable al crecimiento y a la competitividad.

En Galicia tenemos datos que nos ayudan a calibrar el impacto práctico. Los informes regionales, como el Informe de Indicadores del Mercado Laboral 2024 impulsado por la CEG, muestran tensiones en la creación de empleo de calidad y en la estabilidad contractual que no se pueden desligar de un entorno regulatorio complejo y costoso.

Además, los indicadores de emprendimiento regional (GEM Galicia) señalan que la proporción de actividad emprendedora en Galicia está por debajo de comunidades como Madrid o el País Vasco, lo que indica que las trabas administrativas y la falta de previsibilidad penalizan el nacimiento y la escala de nuevas iniciativas empresariales.

La tasa de actividad emprendedora (TEA) es el indicador más representativo del Informe GEM y permite tomar el pulso al emprendimiento en Galicia desde el 2005. El análisis histórico evidencia una tendencia creciente desde 2020, que culmina en 2024 con una TEA del 6,5%, el máximo histórico de la serie, a excepción de los récords alcanzados en los años previos a la crisis (2007 y 2008), cuando se superó el 7,5%. Estos niveles no se han vuelto a alcanzar en Galicia ni en el conjunto de España.

En términos generales, el 28% de la población gallega, involucrada o no en el proceso emprendedor, percibe oportunidades para emprender en 2024, un punto porcentual por debajo de la media de España (29%).

Las políticas gubernamentales y el apoyo financiero continúan siendo los principales desafíos que Galicia debe afrontar para fortalecer su ecosistema emprendedor. Así lo indican el 33% y el 17%, respectivamente, de las personas expertas consultadas. 

La reducción de la carga impositiva también aparece entre las recomendaciones más citadas en el ámbito de las políticas gubernamentales.

En este marco, algunas personas abogan por implantar un régimen fiscal específico para pequeñas empresas, como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) franquiciado o régimen de franquicia en el IVA, que eximiría a las empresas de menor tamaño del cobro y pago de este impuesto.

No es un problema exclusivo de España: organismos internacionales como la OCDE han señalado repetidamente que aspectos concretos —la obtención de licencias, la multiplicidad de autorizaciones y la fragmentación normativa entre niveles de gobierno— son fuentes claras de costes para las empresas y de barreras a la competencia y a la inversión. Reducir ese coste administrativo y armonizar procedimientos no es solo una cuestión de comodidad: es una palanca de crecimiento.

¿Qué cifras económicas podemos vincular a este problema? Cuando la producción normativa se acelera y la seguridad jurídica se resiente, las empresas posponen inversiones y proyectos de expansión. Tanto desde la CEG, como desde CEOE y entidades empresariales hemos alertado de cómo el exceso de normas y de páginas publicadas en boletines oficiales supone una carga que frena la inversión privada y añade costes recurrentes: desde dedicar horas de personal a cumplimentar formularios hasta contratar asesoría externa para interpretar cambios legales. Las consecuencias se traducen en menor creación de empleo indefinido, retrasos en proyectos industriales y pérdida de oportunidades exportadoras.

Puedo poner ejemplos concretos que escucho a diario. Una pyme del sector de la construcción en la provincia de A Coruña relata cómo los tiempos para obtener licencias y la variabilidad de requisitos entre ayuntamientos multiplican por dos o por tres el coste administrativo de un proyecto; una empresa tecnológica en Vigo postergó la apertura de su filial portuguesa ante las incertidumbres regulatorias en materia de contratación y protección de datos; y varias compañías del sector agroalimentario señalan que los cambios frecuentes en normativa autonómica y estatal complican la planificación de inversiones en transformación y en internacionalización. Estos relatos son repetidos y están documentados en las consultas que recibe la CEG.

La seguridad jurídica es la otra cara de la moneda. No basta con eliminar pasos: las empresas precisan normas claras, estables y con plazos razonables para su aplicación. La predictibilidad normativa permite calcular riesgos, acceder a financiación y diseñar planes a medio plazo. Desde la CEG, y desde la CEOE en el ámbito nacional, reclamamos marcos que reduzcan la discrecionalidad administrativa y que regulen con criterios de estabilidad y proporcionalidad, evitando la inseguridad que castiga especialmente a las pymes.

¿Qué medidas concretas proponemos? En primer lugar, crear inventarios de licencias y permisos (con su normativa asociada y plazos máximos) para evitar duplicidades y reducir la heterogeneidad entre administraciones. En segundo lugar, establecer moratorias regulatorias y periodos de transición razonables cuando se aprueben normas que afecten a la actividad empresarial. En tercer lugar, potenciar la ventanilla única electrónica y los procedimientos telemáticos que realmente simplifiquen —no que introduzcan nuevas capas burocráticas—, con estándares comunes para toda España y coordinación efectiva con la Unión Europea en los ámbitos de competencia comunitaria. Estas propuestas no son experimentos: son prácticas recomendadas por la OCDE y reclamadas por las organizaciones empresariales.

La cuantificación del impacto económico exige estudios detallados, pero basta con recordar que la inversión privada y la creación de empleo son altamente sensibles a la previsibilidad legislativa. Si una empresa debe anticipar que los criterios pueden variar a mitad de proyecto, su prima de riesgo sube y su decisión de invertir se dilata. A nivel agregado, ello se traduce en menor PIB potencial y en oportunidades perdidas para la modernización productiva de Galicia, en sectores clave como la industria, la energía renovable y el agroalimentario, donde la escala y la continuidad de la inversión son esenciales.

Hacemos una llamada a la responsabilidad compartida: las empresas no pedimos privilegios, pedimos reglas claras y sencillas que permitan competir y crecer. Las administraciones —en todos sus niveles— deben asumir que simplificar no es renunciar a controles legítimos, sino mejorar su eficiencia y su eficacia. Si queremos que Galicia atraiga más inversión, cree empleo estable y consolide su tejido productivo, necesitamos urgentemente menos burocracia y más seguridad jurídica. Es la mejor receta para que los esfuerzos públicos y privados rindan frutos tangibles para nuestra sociedad.