¿Incremento salarial y reducción de jornada? Riesgos más que beneficios para la competitividad
Las empresas gallegas no se oponen a mejores condiciones laborales, sino a reformas que no respetan el diálogo, la realidad de cada sector y la lógica productiva
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Jesús Hellín / Europa Press
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El proyecto de Ley que incorporaba la reducción de la jornada máxima de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales sin rebajar el salario y que ha sido bloqueada en el Congreso de los Diputados, ha reavivado un debate central: ¿pueden, de forma simultánea, aumentar salarios y reducir horas de trabajo sin sacrificar productividad ni competitividad? Desde la CEG, y con el apoyo de la CEOE, entendemos que la respuesta es un rotundo no, si no cambian las condiciones estructurales.
La CEOE ha sido clarísima: la premisa gubernamental de que reducir la jornada incrementa la productividad “no se sostiene empíricamente”, y para alcanzar la productividad media de la UE, España requeriría una jornada efectiva de 41,2 horas semanales. En su análisis, advierte que imponer una reducción legal antes de un incremento real de productividad supondrá un aumento de costes laborales, derivando en inflación y pérdida de competitividad.
Asimismo, subraya que muchos convenios colectivos ya contemplan jornadas de entre 37,5 y 39,5 horas, adaptadas a la realidad de cada sector. Pero imponer un tope legal, sin diálogo y sin memoria económica adecuada, afecta y condiciona de manera importante la negociación colectiva, negociación que es clave para preservar la adaptación de las condiciones de trabajo a cada realidad sectorial y de empresa.
El empresariado es rehén de los costes y del intervencionismo. Desde la CEG, hemos respaldado el análisis de la CEOE y alertamos de las dificultades específicas de Galicia, donde el tejido económico se compone mayoritariamente de pymes y microempresas con escasa capacidad de asumir costes adicionales.
Ya en julio de 2024, calificamos las iniciativas de reducción de jornada, incremento del salario mínimo o cambios en el despido como “ocurrencias” que penalizan a las empresas, especialmente en sectores donde se trabaja ya con jornadas próximas a 1.780 horas anuales.
Sin productividad, subir sueldos y bajar horas es un espejismo
Recientemente, en mayo de 2025, insistimos en que esta reducción, de llevarse a cabo, provocaría inflación salarial, elevaría los costes empresariales y además ya ha provocado la paralización de la negociación colectiva: Medida que supone una injerencia del Gobierno que cambia las reglas a mitad del partido.
Es preciso entender la realidad económica internacional. Según BBVA Research, las reducciones de jornada deben seguir, no preceder, incrementos reales y permanentes de productividad. Invertir el orden puede lastrar el crecimiento del PIB y del empleo: una caída desordenada de horas derivaría en un coste laboral equivalente al 1,5 % del PIB, restando alrededor de 0,7 puntos de crecimiento anual y 0,8 puntos al empleo.
En cambio, modelos de reducción de jornada o de jornada comprimida vinculada a avances en productividad (como los pilotos en Islandia o Reino Unido) están diseñados como medidas experimentales y sectoriales, no decretos aplicados indiscriminadamente. Incluso cuando han mantenido el salario y reducido horas, lo han hecho tras alcanzar compromisos de mejora de la productividad y organización interna, no al revés
Lo que necesita Galicia es diálogo, formación y estabilidad. En nuestra comunidad, la jornada media pactada está en 1.756,46 horas anuales, nueve menos que en 2023. Estos avances han surgido del diálogo social, no de una imposición unilateral: un modelo que defendemos y que ha de respetar las particularidades de cada sector.
Además, desde la CEG insistimos en abordar temas clave: la formación de trabajadores, la lucha contra el absentismo, el impulso a la digitalización y la mejora de infraestructuras de transporte o energéticas, entre otras.
En conclusión: sin productividad, subir sueldos y bajar horas es un espejismo. Por todo ello, mantengo que el escenario ideal no es subir salarios y reducir jornada simultáneamente antes de mejorar la productividad empresarial. Es peligroso pensar que estos dos movimientos provocan automáticamente mayor eficiencia. La experiencia, los datos y el sentido común señalan que, sin avances técnicos, formativos y organizativos previos, ese binomio conduce a más costes, menos competitividad y dificultad para crear empleo estable.
Como presidente de la CEG, afirmo que las empresas gallegas no se oponen a mejores condiciones laborales, sino a reformas que no respetan el diálogo, la realidad de cada sector y la lógica productiva. Creemos que se puede conciliar la mejora de las condiciones laborales y de la competitividad, pero solo si partimos de incrementar la productividad. Si partimos del recorte de horas y de una subida automática de los salarios sin respaldo estructural, el modelo no será sostenible. Galicia y España necesitan medidas realistas y consensuadas en el diálogo social. Esa es la única senda sostenible para la competitividad real en un entorno global cada vez más exigente.
